La despoblación se está convirtiendo en el gran problema y quebradero de cabeza de la Comunidad Autónoma y sus dirigentes.
Es evidente que Castilla y León es una comunidad con una elevada población mayor, y el crecimiento vegetativo es muy difícil de convertirse en positivo, pero llegado a este punto, el problema ha llegado a ser el más complicado y evidente al que los diferentes grupos políticos en las Cortes se tienen que enfrentar, por lo que no debería de escatimarse en recursos para que esta lacra sea capaz de remitir.
Castilla y León perdió 18.657 habitantes en el último año, con una reducción del 0,76 por ciento de su población que se quedó, a finales de 2016 en 2.435.797 personas, según datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La Comunidad fue la que mayor descenso porcentual sufrió de toda España, provocado en gran medida por el saldo vegetativo, que fue negativo en 11.698 personas, así como por el balance migratorio interior, con menos 7.569, que pese a reducirse, fue el segundo más elevado del país.
Por provincias, la población se redujo en las nueve de la Región, aunque lideraron la disminución las ubicadas en la parte oeste, con León a la cabeza, con 4.626 habitantes menos y un descenso del 0,97 por ciento; Zamora, con 2.771 y una caída del 1,53 por ciento; y Salamanca, con un retroceso de 2.429 y una caída del 0,72 por ciento. Le siguió Burgos, con un descenso de 2.249 personas y un 0,62 por ciento menos, hasta las 357.623.
Vistos los datos, ha llegado el momento de que todos los grupos se pongan manos a la obra para hacer revertir la situación y paliar de alguna manera esta sangria que está afectando a todas las provincias de Castilla y León, con especial incidencia en Zamora, León y Salamanca.
