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Monasterio de la Sierra, un pequeño municipio burgalés de 46 habitantes condenado a desaparecer por la despoblación, apostó hace seis años todo a una carta: una casa rural que serviría para atraer turistas y evitaría que los jóvenes, con la única opción de ser ganaderos, abandonaran el pueblo en masa.
Al objetivo también contribuiría de forma determinante la presa de Castrovido, una infraestructura que se planificó en los años 60 cuando el pueblo contaba con 300 habitantes y que serviría, con su embarcadero y actividades de ocio, a elevar el atractivo turístico de una zona que cuenta con unos parajes espectaculares.
La presa generaría importantes ingresos al municipio a través de impuestos por las zonas inundadas, que serían suficientes para responder a los créditos que se habían solicitado para construir el alojamiento rural.
Sin embargo y como relata Enrique Morales en ‘La Información’ este 23 de julio de 2017, la fatalidad hizo que esta jugada se truncase en 2011.
En noviembre de ese año, cuatro personas que trabajaban en las obras del embalse perdían la vida tras caer sobre ellas una cuba de hormigón. El suceso tenía lugar solo unos días después de que abriese el alojamiento rural y ha mantenido paralizadas las obras de la presa durante cerca de tres años.
Sin la entrada de dinero y con un crédito suscrito con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de más de 400.000 euros que empezó a pagarse en 2016, el pequeño municipio se ha convertido en el ayuntamiento más endeudado -per cápita- de España. A 31 de diciembre de 2016, su deuda viva ascendía a 369.000 euros, según datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Pese a la inquietante situación, los actuales gestores se muestran tranquilos y confiados en que a partir de 2018, cuando esté llena la presa, el dinero empiece a llegar con fluidez. La realidad, a día de hoy, es que la casa se alquila por 350 euros el fin de semana y apenas aporta ingresos y que cada monesteriano debe 8.000 euros por la deuda municipal.
Como Monasterio, cientos de pequeños municipios acumulan deudas imposibles de pagar debido a arriesgados proyectos, obras faraónicas, mala gestión o, simplemente, porque no tienen capacidad financiera para afrontar muchos de sus gastos.
El aserradero de Puebla de la Sierra
En la Comunidad de Madrid, otro pequeño municipio enclavado en un entorno excepcional, Puebla de la Sierra, de apenas 66 habitantes, decidió unir su futuro al de un aserradero, que compró por 700.000 euros.
El préstamo para adquirir la planta de transformación de madera supone unos 3.000 euros mensuales, reconoce a lainformacion.com Aurelio Bravo, el alcalde de este pequeño que vive por y para sus bosques.
Como Monasterio, Puebla tiene un gravísimo problema de despoblación, que ha tratado de atajar de distintas formas. La última, el aserradero, pero ya en 1997 apostó fuerte por aumentar su población ofreciendo 100.000 de las antiguas pesetas (600 euros) a las familias con hijos que se establecieran en el municipio para trabajar en la industria maderera.
En el aserradero están empleados ahora entre tres y cuatro personas, reconoce el alcalde, que admite que es muy posible que haya que optar por otras soluciones para pagar la deuda, ya que el proyecto del aserradero está muy supeditado a la actividad y a factores como el precio de la madera.
A 31 de diciembre de 2016, la deuda viva de este idílico municipio ascendía a 505.000 euros, a razón de 7.651 por habitante.
Vallada, un puerto a 80 kilómetros del mar
El tercer cajón del podio lo ocupa Vallada (Valencia), una localidad con poco más de 3.000 habitantes que acumula una deuda de 23.417.000 -a 31 de diciembre de 2016-, lo que supone que cada valladino deba 7.581 euros.
En Vallada, varios megaproyectos y una mala gestión han dejado el pueblo en quiebra. Con el objetivo de atraer empresas, Fernando Giner, ex alcalde del Partido Popular de Vallada, apostó por Valpark, un polígono industrial que pretendía ser el nexo entre los puertos valencianos y la industria del interior.
Para ello se destinaron más de un millón de metros cuadrados de suelo para urbanizar, con el objetivo de crear 2.000 puestos de trabajo… pero el plan, desmesurado, fue un fiasco para un pueblo de apenas 3.000 habitantes, que se embarcó en un proyecto de carácter regional.
Ahora, las administraciones públicas buscan salidas a una situación insostenible. La deuda que soporta actualmente Vallada disfruta de una carencia que vence en 2018, cuando el Estado «empezará a cobrar como principal acreedor unos 2,9 millones de euros anuales, cuando todo el presupuesto municipal asciende a tan solo 2,6 millones y de los cuales casi un millón se destina a subvencionar la residencia de la tercera edad» del municipio, aseguran desde la Consejería de Hacienda de la Comunidad Valenciana.
La secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, admitía recientemente que los megaloproyectos de los antiguos regidores han provocado la gravísima situación financiera de Vallada, el pueblo más endeudado -per cápita- de la Comunidad Valenciana.
«El consistorio de Vallada se embarcó en el proyecto que inicialmente se denominó La Mar de Dins y derivó en Valpark, una iniciativa de parque logístico de proporciones enormes para su capacidad financiera».
«También que el consistorio se embarcó en la urbanización de 1,3 millones de metros cuadrados para un proyecto que incluía un puerto seco para las embarcaciones de la Copa América, una escuela de vela o un astillero a 80 kilómetros del mar y que el Ayuntamiento asumió la compra de unos terrenos que nunca fueron acondicionados por los agentes urbanizadores, quienes se declararon posteriormente en concurso de acreedores».
La deuda viva de los municipios, diputaciones y entes de ámbito inferior al municipal ascendía a 31 de diciembre de 2016, 32.094 millones de euros, 3.000 millones menos que un año antes.
Además, según los datos de Hacienda. el 46% de los municipios españoles son capaces de afrontar sus gastos y sus proyectos sin recurrir al endeudamiento.
