Al margen de la subvenciones en A -contratos públicos legales y con publicidad- hay otros ingresos en B desde el Govern a las entidades que presiden aún Jordi Sánchez y Jordi Cuixart
El referéndum ilegal y la llamada conexión rusa supone la deuda pendiente que la inteligencia española tiene con su homologo de Rusia, el Servicio Federal de Seguridad (FSB). Las relaciones entre ambos organismos no es nada fluida desde el año 2007, y es primordial evitar que se produzca una destrucción masiva de documentos al respecto desde la Generalitat: la documentación vinculada a la llamada Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, un órgano clave para la hipotética República catalana independiente. (¡Alerta del CNI! Los cochinos líos que se trae Puigdemont con los ‘hackers’ rusos).
De aquí al viernes 27 de octubre de 2017, fecha en que el Gobierno activara el artículo 155 con el visto bueno del Senado, hay tiempo de sobra para que la Generalitat haga otra sucia jugada, y mande a la trituradora todo aquello que los hunda más en el descrédito, si cabe. El CNI alerta sobre ello.
Según da cuenta ‘EsDiario‘, el Centro Nacional de Inteligencia lleva varios meses rastreando la llamada «conexión exterior» del procés. O por mejor decir, el papel del gobierno de Rusia en apoyo al independentismo, es una nueva maniobra de Putin para dinamitar la Unión Europea.
Sabido es que los hackers rusos han trabajado en los últimos meses para la Generalitat en apoyo de las webs ocultas, que Puigdemont fue utilizando a medida que la justicia iba decretando el cierre de las páginas oficiales del referéndum ilegal.
En el departamento que dirige el general Féliz Sánz Roldán, se teme que esta semana se produzca una destrucción masiva de documentos que demostrarían el papel de Rusia y del fundador de Wilileaks, Julián Assange, en el órdago de Puigdemont y Junqueras.
El otro dosier decisivo que se teme sea destruido es objetivo de la lupa de la Guardia Civil. Y es la llamada pasarela financiera entre las distintas consejerías de la Generalitat y la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium. Ya, el pasado viernes, la juez Carmen Lamela ordenó el rastreo de las finanzas de las dos plataformas que han impulsado el desafío secesionista.
Pero tanto la Guardia Civil como el CNI consideran que al margen de la subvenciones en A -contratos públicos legales y con publicidad- hay otros ingresos en B desde el Govern a las entidades que presiden aún Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
