El Canal y la Sanidad de Cifuentes se alejan de su propaganda liberal
Donde dije digo, digo diego.
En pleno mes de tramitación de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2018, y a algo más de un año de repetir como candidata a la Presidencia regional, Cristina Cifuentes no ha dejado de ser cuestionada día sí y día también por los tres partidos de la oposición, incluido Ciudadanos, con quien firmó un acuerdo de investidura por el cual se exigía una sanidad pública, bajada de impuestos o deducciones fiscales.
Ni siquiera su viraje a políticas populistas, diezmando su compromiso liberal inicial, le ha servido para frenar las críticas a una gestión plagada de bandazos e improvisación, siendo la sanidad y la educación sus asignaturas pendientes.
Hoy se sabe, además, que en los próximos Presupuestos destinará 216 millones de euros a subvenciones a asociaciones privadas e instituciones, un 43% más que en el ejercicio de 2016.
Vaivenes y ocurrencias
La semana pasada se caía uno de los techos del Hospital Gregorio Marañón. No era la primera vez.
Solo en un año se han caído tres techos en este mismo centro. La renacionalización de los hospitales, abandonando el modelo de gerencias privadas que había ido extendiendo Esperanza Aguirre, no ha valido para subsanar un problema emergente en la Comunidad.
Hay cucarachas en los quirófanos, las instalaciones son viejas, se rompen las tuberías, existen sospechas sobre algunos contratos públicos, posiblemente irregulares por parte de algunos gerentes, hay falta de inventarios, responsabilidades contables, listas de espera que crecen, camas que se cierran, servicios de urgencias saturados, mientras los populares presumen de ser los primeros del ranking de reputación sanitaria. No en vano, Madrid cuenta con los seis mejores hospitales de España.
La oposición reprocha falta de gestión, «vaivenes» -dice Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE en la Asamblea- solapados a golpe de ocurrencias y programas específicos para arreglar techos de quirófanos que se caen, apunta Ignacio Aguado, portavoz de C’s. Con estos mimbres, desde Podemos -adelanta Mónica García- se apoyará una enmienda a los Presupuestos para dotar a la Sanidad de más personal.
En esta tónica de imprevisión, el nuevo consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, acaba de cerrar un acuerdo con los servicios de sanidad privada y concertada -con incremento salarial progresivo hasta 2020 y a un reconocimiento de más días festivos-. La negociación con los sindicatos ha parado en seco una huelga prevista para diciembre, que hubiera dejado a medio millón de personas sin asistencia.
De igual modo, Ruiz Escudero ha formalizado otro acuerdo de última hornada. Esta vez, con el sector público -decidido a salir en huelga a las calles los días 13 y 14 de diciembre-. El Gobierno de Cifuentes se ha hecho una autoenmienda a sus Presupuestos, con una partida de 26 millones de euros más. Este dinero servirá para reconocer la carrera profesional del personal sanitario, solventando una reivindicación que se arrastra desde 2010, cuando Esperanza Aguirre cerró el grifo. A partir de ahora se reconocerá el nivel 1 de los profesionales fijos. Un gesto de alcance administrativo y retributivo.
Pero los facultativos tienen más quejas en su mochila. Desde la Asociación de Facultativos especialistas de Madrid,(Afem) lamentan a elEconomista estar ante un modelo inexistente de la Sanidad, con una consejería que tiene el 40% del Presupuesto (casi 8.000 millones de euros)». En la etapa de Aguirre, rememoran desde esta asociación, había dinero. Y se robaba mucho, pero se notaba poco.
Entre otras cosas, los profesionales estábamos muy bien tratados, mientras iban privatizando hospitales, de lo que nos dimos cuenta más tarde», señala la Afem. En la actualidad, la desprivatización o renacionalización de la sanidad madrileña se ha quedado en que todo aquello que era gestionado por una empresa pública ahora ha pasado al Sermas (Servicio Madrileño de Salud).
Pero la parte no sanitaria la siguen llevando empresas privadas.
De manera que, «sí es verdad que hemos ganado hospitales, pero como en los públicos hemos cerrado camas, en el fondo hemos perdido en general, y por supuesto atención al paciente. Madrid -insiste- necesita consejeros menos políticos y más técnicos y un modelo integral de Sanidad», dice Afem.
Listas de espera que crecen
Recientemente, PSOE y Podemos, con la abstención de Ciudadanos, ha instado al Gobierno de Cifuentes a que el Tribunal de Cuentas audite financiera y operativamente los contratos de los hospitales de Majadahonda-Puerta de Hierro, San Sebastián de los Reyes Norte, Coslada-Henares, Vallecas, Parla-Sur, Aranjuez-Tajo y Arganda Sureste, todos ellos de gestión privada.
En cuanto a las listas de espera, destaca la Asociación para la defensa de la Sanidad de Madrid (Fasdo), hemos pasado de los 27.672 pacientes de 2015 a los 82.758 de 2017, con la particularidad de contar con 11 hospitales nuevos desde entonces (Sin embargo, y según datos del Ministerio de Sanidad, Madrid es junto a País Vasco la comunidad autónoma donde el tiempo medio de espera para operarse es menor, concretamente, 48 días frente a una media nacional de 104).
En este tiempo, Cifuentes ha frenado la externalización de la actividad sanitaria de seis hospitales, ha evitado convertir 27 centros de salud a la gestión privada, ha paralizado que el Hospital la Princesa se convirtiera en un hospital de alta especialización para la patología de personas mayores, pero no ha conseguido reducir el gasto por receta farmacéutica.
En su haber, cuenta también el intento de racionalizar la sanidad, priorizando inversiones urgentes, además de promover la legislación de la profesionalización de la gestión sanitaria, de modo que los gerentes llegarán al cargo mediante concurso, previa evaluación de sus currículum, y no a dedo.
La firma que se esconde
Y si la Sanidad es uno de los puntos por los que se cuestiona a Cifuentes, la gestión del Canal de Isabel II tampoco se anda la zaga. Nada más llegar a la Presidencia, la exdelegada del Gobierno de Madrid acudió a la Fiscalía con documentos de la casa para no hacerse responsable de la etapa de Ignacio González, señalado por presunta corrupción por el procedimiento de adquisición de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construccao.
Se trata de un complejo entramado financiero (con sociedades que muchas veces no tenían ni actividad) que hizo posible a través de Canal Gestión, Inassa (Extensia) la compra de la sociedad brasileña por 21,4 millones de euros, sirviéndose de la empresa Andina Agua. Un año después, la sociedad comprada redujo su valor de forma considerable: de 21,4 a 5 millones.
A priori, el problema podría atribuírsele a González. La cuestión es que en las actas de aquellos consejos aparece la firma de Cifuentes en calidad de delegada del Gobierno. Cifuentes niega su participación en la compra de Emissao Engenharia e Construccao, y se niega a que la oposición visione dichas actas por su carácter reservado, y porque se encuentran en manos de la justicia.
Pero lo peor, es que para evitar nuevos escándalos a la presidenta no se le ocurrió mejor idea que blindarla el estatus público del Canal de Isabel II, de manera que no pueda ser privado. Para guinda, el Canal ha puesto a la venta todas sus sociedades en Latinoamérica y renunciado a la internacionalización.
Cuál es su futuro si no puede crecer y además está condenado a los rifirrafes de los políticos de turno, en vez de hacer de él una de las joyas de la economía madrileña.
Una ley para rectores
También en Educación los reproches son un clásico. «Presupuestos raquíticos, privatización de la enseñanza, menos profesores, sensibilidad cero a la diversidad». El modelo educativo de Aguirre, «quien al menos tenía una idea, el bilingüismo. Cifuentes no tiene ni siquiera un plan», reprochan C’s, coincidiendo con PSOE y Podemos. Pero lo peor, cree la oposición, se concentra en la universidad.
La Comunidad destina 900 millones a sus universidades y no tiene ni una sola entre las 200 primeras.
«La investigación se ha relegado, los resultados y la empleabilidad no cuentan para la financiación de los centros», dice el PSOE. «Se consolida el statu quo y no se modernizan las aulas».
De factura reciente, Cifuentes ha variado la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES)
«Y ha firmado un acuerdo con los rectores que prima lo público y maltrata a las universidades privadas. Un modelo digno de Podemos y alejado de los liberales».
El PSOE no pone el acento en lo privado. Lo hace en lo público. Y por eso enmendará la Ley de Universidades. Ángel Gabilondo reprocha al PP que el proyecto sea una faena de aliño que no entra en el desafío de la Universidad Pública. Los socialistas mantienen que la Lemes es una auténtica chapuza que no entra en la financiación de forma decidida. El Grupo de Podemos subraya su «voluntad intervencionista» sobre las Universidades».
¿Tolerancia cero?
En la atmósfera prevalece el fantasma de las tramas Púnica y Lezo. Y ahora, los fiscales del caso Lezo han pedido la imputación de Alberto Ruiz-Gallardón y de su rival política, la exlideresa, Esperanza Aguirre.
No hay que olvidar las dimisiones a las que se ha visto forzada Cifuentes desde el inicio de la su legislatura, siempre por casos de corrupción, o las sombras sobre el contrato de la Cafetería de la Asamblea al Grupo Cantoblanco, con Cifuentes como presidenta del tribunal de contratación. ¿Qué queda hoy de su programa liberal?
