El PSOE de Sánchez cacarea, pero sigue en el gallinero de Pablo Iglesias
De pifia en pifia hasta el batacazo final. Ese parece ser el lema del curso Pablo Iglesias, que no levanta cabeza desde principios de año y que cada día ve como cae Podemos en apoyo popular (Alvaro Carvajal: «El ‘annus horribilis’ de Podemos»).
Junts per Catalunya anunció que estudia una investidura por vía telemática, esto es que Carles Puigdemont pronuncie por videoconferencia su discurso ante los diputados y que, tanto el candidato como los parlamentarios independentistas que le acompañan en Bruselas y los que están en prisión, puedan votar sin necesidad de estar presentes en el hemiciclo (El PSOE de Sánchez cacarea, pero sigue en el gallinero de Pablo Iglesias).
El Reglamento del Parlament permite que los electos no entreguen personalmente la documentación necesaria para recoger el acta de diputados, derecho que incluye a los tres candidatos encarcelados y a los cinco huidos a Bélgica. De hecho, no sería la primera vez que diputados de distintos partidos recurren a apoderados de la candidatura para realizar este trámite.
El Reglamento, sin embargo, no prevé la posibilidad de dirigirse al Pleno por videoconferencia ni de votar sin estar presente en el hemiciclo, salvo caso de fuerza mayor.
Concretamente, el artículo 146 establece que el aspirante a la Presidencia del Govern debe «presentar su programa y solicitar la confianza del Pleno» para ser escogido y el artículo 93 precisa que los diputados sólo pueden delegar el voto en los supuestos de «baja maternal o paternal, hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada».
De ahí, como subraya ‘Es Diario’ este 31 de diciembre de 2017, que Junts per Catalunya y la CUP ya urdan fórmulas-tal y como señalaba este domingo El Mundo- para posibilitar esa investidura virtual, que pasa por legalizar el voto telemático, pese a las muchas dificultades.
La primera es política, pues ERC se resiste a «tener un presidente por Skype», según Gabriel Rufián.
Reforma exprés
Si se salva esa diferencia interna del bloque independentista, la opción más probable pasaría por impulsar una reforma exprés del Reglamento del Parlament para amparar las comparecencias y votaciones a distancia. Se especula con varias posibilidades para acometer esa reforma.
La primera es que sea la Diputación Permanente quien la apruebe, como ya hizo el martes con la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra el 155 ante el Tribunal Constitucional. Los secesionistas aprovecharían el periodo de interinidad entre la disolución del Parlament y la constitución de la Cámara para blindar la votación telemática.
El primero es que los secesionistas perdieron su mayoría en la Diputación Permanente después de que la CUP no relevara a Eulàlia Reguant, que renunció a su acta de diputada en octubre para convertirse en concejal del Ayuntamiento de Barcelona.
Luego sería necesaria una abstención de los comunes para que la treta prosperase. El segundo obstáculo es que, con seguridad, Ciudadanos, PSC y PP recurrirían la argucia ante el Constitucional, que suspendería el acuerdo.
Se haría una vez constituida la Cámara. Aunque las fuerzas constitucionalistas también recurrirían al TC esta maniobra, los independentistas cuentan con un precedente a su favor: el pasado 29 de noviembre el Alto Tribunal declaró constitucional la reforma del Reglamento que permitió aprobar por la vía urgente y sin debates las leyes de ruptura con España.
Agarrándose a esta resolución los separatistas podrían impulsar la segunda reforma del Reglamento en menos de un año para que Puigdemont pueda pronunciar su discurso desde Bruselas y que los diputados que le acompañan puedan votar a su favor. Los soberanistas dan por hecho que Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez ya habrán sido excarcelados, pero la reforma también avalaría una votación desde la cárcel.
La dificultad radica en cómo formar una Mesa con mayoría favorable a una reforma para la investidura telemática. Con los resultados del 21-D, JxCat y ERC se repartirían a partes iguales cuatro de los siete miembros del organismo, con lo que tendrían asegurada su mayoría.
Pero para que la Mesa quede constituida es necesario votar la elección de sus miembros en el Pleno. Y ahí empiezan los problemas para el independentismo. La ausencia de ocho de sus diputados electos rebaja de 70 a 62 sus representantes habilitados para votar.
Cifra que ascendería hasta los 65 si Junqueras, Forn y Sànchez son excarcelados -el juez decide sobre el presidente de ERC el 4 de enero y sobre los candidatos de JxCat el día 11 y el Pleno de constitución se celebrará el 17-. De este modo se produciría un empate con las fuerzas no independentistas a 65 diputados.
La ayuda de los de Pablo Iglesias
El partido de Xavier Domènech y Ada Colau volvería a ser clave. La más que probable abstención de los de Pablo Iglesias en el Pleno daría luz verde a la reforma del Reglamento, pero podrían cobrársela muy cara.
Y es que los pobres resultados de En Comú-Podem le llevarán a perder el representante que la pasada legislatura tenía en la Mesa, con lo que podrían negociar un asiento en el organismo a cambio de permitir la reforma del Reglamento y abstenerse en el Pleno.
Se barajan dos opciones: devolver a la Mesa a Joan Josep Nuet, que colaboró con los planes secesionistas de Carme Forcadell y se encuentra imputado por ello, o apostar por el propio Domènech, al que algunas voces elevan a aspirante a la Presidencia del Parlament, una opción que ERC y el PDeCAT no verían con malos ojos si Forcadell no repitiese, pero que JxCat desecha.
Una vez reformado el Reglamento, los diputados independentistas ausentes podrían votar, con lo que no sería necesario que los comunes siguieran colaborando con otra abstención en la sesión de investidura para que Puigdemont volviera a convertirse en presidente de la Generalitat.
