Ciudadanos en el Parlament de Cataluña registró el 20 de abril sendas solicitudes de documentación, dirigidas a la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació, TV3 y Catalunya Ràdio, para conocer qué “actuaciones, decisiones y acuerdos” habían adoptado para garantizar que en los medios públicos catalanes no se promovía el referéndum ilegal del 1-O, según recoge Mariano Gasparet en El Español.
Cs basaba estas peticiones de documentación en un requerimiento expreso del Constitucional, de septiembre de 2017, en el que instaba a impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiese ignorar o dejar sin efecto la suspensión del referéndum ilegal del 1-O.
Pues bien, el pasado 29 de mayo, el presidente de la Corporació -el ente público que gestiona los medios públicos catalanes-, Brauli Duart, contestó a las tres solicitudes que “no consta ningún acuerdo adoptado en relación al mencionado requerimiento del TC”.
Este no consta, elevado a respuesta parlamentaria, es el remate de la política de promoción del 1-O, sin que este empeño propagandístico y de constante desafío a la legalidad haya tenido consecuencias de ningún tipo. Ni siquiera durante los seis meses de intervención del autogobierno merced a un 155 que no llegó a TV3.
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