Más de 3.000 efectivos

Pedro Sánchez paga otra entrega de la factura al PNV: retira policías y guardias civiles del País Vasco

Sus principales impulsores, Teodoro Zuloaga e Iris Patxo, firmaron, con otros agentes, una carta de apoyo a los Mossos en los momentos más críticos del desafío independentista catalán

Pedro Sánchez paga otra entrega de la factura al PNV: retira policías y guardias civiles del País Vasco
Pedro Sánchez y Íñigo Urkullu RS

Segundo pago de la acongojante ‘factura’ que asumió Pedro Sánchez, cuando proetarras, independentistas catalanes, nacionalistas de todo jaez y otros le ayudaron a desalojar a Mariano Rajoy de la presidencia y meterse en La Moncloa.

El Gobierno socialista y el del lehendakari Íñigo Urkullu están de acuerdo en la necesidad de reducir los efectivos de Policía y Guardia Civil en el País Vasco para ajustarlos a las necesidades “reales” en el ámbito de sus competencias.

 En la actualidad, unos 2.300 guardias civiles y 1.300 policías prestan sus servicios en esta comunidad autónoma, por unos 8.000 ertzainas, un ratio superior a otras regiones españolas con policía autonómica propia, según recoge Luz Sela en  okdiario.

En la actualidad, las Fuerzas de Seguridad del Estado se encargan, en el ámbito de la seguridad ciudadana, de la vigilancia de aeropuertos, costas, puertos, fronteras, aduanas y escolta de autoridades del Estado y extranjeras. Expiden DNI, pasaportes y  asumen las políticas de extranjería.

Además de investigación de temas como el terrorismo o el narcotráfico. Desde 2011, la cifra de efectivos ya ha caído casi un 20%, aunque el ratio es el doble, por ejemplo, de Cataluña.

La histórica reivindicación del nacionalismo vasco ha cobrado fuerza en las últimas semanas, y sobre todo en el nuevo contexto surgido tras la disolución de la banda terrorista ETA y la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno

Desde el PNV, el recorte de los efectivos a términos absolutamente “residuales” se entiende como una obligación de acuerdo al artículo 17 del Estatuto de Gernika y de los acuerdos de 1989, que concluyen que la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FSE) debe ajustarse a las competencias que les corresponden, en tanto se defiende a la Ertzaintza como “policía integral” en el País Vasco.

El PSE suscribe la reclamación

La reclamación encuentra calado entre los socialistas. En febrero pasado, el PSE —de la ‘pedrista’ Idoia Mendia— se unió a una petición del PNV en el Parlamento vasco para reclamar, en el plazo de un año, la “adecuación” de los efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional de acuerdo a “las necesidades reales de seguridad” según su “estricto ámbito competencial”, un giro total en la postura que hasta entonces había mantenido el partido ahora en el Gobierno.

La petición se suscribía como enmienda a una moción de EH Bildu en la que se reclamaba la “retirada total” de estos efectivos, junto con el Ejército español. Los socios de gobierno subrayaban que la medida iba “conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Gernika y en el ordenamiento jurídico vigente” y reclamaban al Departamento de Seguridad “trabajar en el seno de la Junta de Seguridad de cara a fijar los criterios de repliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Euskadi”.

Desde el PNV se ha insistido en los últimos meses en esa cuestión, y el partido la reclama en el cumplimiento que exige a Sánchez del Estatuto de Gernika.

Dicho Estatuto determina que la seguridad ciudadana es competencia de la Ertzaintza, aunque reserva a las FSE la capacidad de intervenir “en el mantenimiento del orden público” por iniciativa propia cuando “estimen que el interés general del Estado está gravemente comprometido”. La reclamación encuentra además acomodo en el acuerdo de 13 de marzo de 1989 sobre Delimitación de Servicios entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Autónoma Vasca.

Los nacionalistas recibieron con críticas, en febrero, el anuncio del entonces delegado del Gobierno, Javier de Andrés, de ampliar el número de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados al País Vasco. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, arremetió contra el “empeño” en “mantener” la tasa de agentes. “El Gobierno español no quiere atender esta nueva realidad y se niega a cumplir los mandatos del Estatuto. El Gobierno español sigue siendo un gobierno insumiso”, denunció el parlamentario del PNV, Íñigo Iturrate.

Una nueva asociación por el repliegue

Las presiones llegan también desde el colectivo de la Policía vasca donde, en las últimas semanas, se ha formalizado una corriente que impulsa la reivindicación de una policía ‘integral’, Ertzain Abertzaleen Elkartea. 

La asociación, apoyada de manera informal desde sectores del PNV, insta a recuperar las “señas de identidad” en el cuerpo policial vasco. “Reconocemos Euskadi como nuestra Patria”, rezan entre sus principios, en los que defienden también el fomento del uso del euskera y del “orgullo de la cultura y de las señas de identidad del Pueblo Vasco”.

Sus principales impulsores, Teodoro Zuloaga e Iris Patxo, firmaron, con otros agentes, una carta de apoyo a los Mossos en los momentos más críticos del desafío independentista catalán, en la que mostraban su “solidaridad” y “reconocimiento” y opinaban que “la defensa y la garantía de la paz, la seguridad y la libertad del pueblo catalán están en buenas manos”. “Especial apoyo y agradecimiento para el major, Josep Lluís Trapero, que con su ejemplar actuación de acuerdo al principio de jerarquía y subordinación a la autoridad, tan injustamente está siendo tratado por algunos sectores de la sociedad catalana y española”, suscribían.

Desde otros sindicatos, como ERNE —mayoritario entre la Ertzaintza— se asegura que “las competencias de los cuerpos policiales están perfectamente delimitadas” en el País Vasco y no se ve necesaria una adecuación en tanto “no existan duplicidades”. “Es, sobre todo, una cuestión política que corresponde valorar al Gobierno de España de acuerdo a sus necesidades en otras regiones”, concluyen fuentes del sindicato.

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