El anteproyecto de modificación de la Ley Orgánica de Educación concede a la Generalitat total libertad para decidir cuántas asignaturas imparte en catalán, y cuántas en español

La sonrojante ley por ‘collons’ de Celaá: luz verde a Cataluña para sacar el castellano de las aulas

Elimina el concepto de "proporción razonable" de las lenguas que estableció la Justicia

La sonrojante ley por 'collons' de Celaá: luz verde a Cataluña para sacar el castellano de las aulas
La ministra Isabel Celaá, en La Moncloa. EP

Otra bajada de pantalones para una nueva cagada del gobierno de Pedro Sánchez, gracias a la reforma educativa de la ministra Isabel Celáa, que tira por el retrete 30 años de denodada lucha en el país de las maravillas de Torrá por devolver al castellano su papel de lengua vehicular en las aulas. (El PSOE vota en La Rioja contra del castellano como lengua común en España).

El borrador del anteproyecto de Ley Orgánica por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), -que podría aprobarse a finales de año-, elimina de un plumazo la obligación establecida por la Justicia de impartir clases en castellano, y el Gobierno da vía libre a Cataluña para determinar qué asignaturas se dan en castellano y cuáles se imparten en catalán: (Colau prohíbe el castellano en los taxímetros de Barcelona y Sánchez dice que hay que ‘evitar la confrontación’).

«Las administraciones educativas fijarán la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio, atendiendo a las circunstancias concurrentes».

El modelo de enseñanza monolingüe en catalán, la llamada la inmersión, seguirá así asfixiando a miles de estudiantes, a quienes no les quedará otra que tragar para que no se cabreen los independentistas de turno a quienes tanto debe el actual Gobierno de ‘okupación’.

Les viene así al pelo las sentencias firmes del Tribunal Constitucional y del Supremo, que reconocen al Estado la competencia para velar por el respeto de los derechos lingüísticos de los alumnos, así como el derecho a recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado, aunque les traerá con total seguridad al pairo que les dé dan margen a las comunidades para que ellas fijen «la proporción razonable» de la enseñanza en castellano y en la lengua cooficial de la comunidad.

Estos matices de «razonabilidad» fijados por el Supremo en un mínimo del 25 por ciento del currículo en la lengua oficial del Estado, se eliminan ahora del borrador de marras.

José María Rodríguez es redactor en Periodista Digital. @JMRMontero

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