Recuerda el fiscal que el 'expresident' está "huido" y "persiste en su plan delictivo"

La Fiscalía le aclara al prófugo Puigdemont que la inmunidad parlamentaria no le evitará la cárcel

Se remite a la jurisprudencia constitucional para afirmar que la inmunidad parlamentaria no es impunidad

Lo tiene color de hormiga el prófugo Carles Puigdemont. Desde el entorno del fugado expresidente catalán se ha empezado a lanzar una idea: al haber sido elegido de nuevo diputado tiene inmunidad parlamentaria y por tanto no podría ser detenido ni enviado a prisión, con lo que la anunciada investidura telemática podría hasta ser física en el debate en el que se eligirá al nuevo presidente de la Generalitat.

Pero no es ese el criterio de la Fiscalía General del Estado, que ha querido cortar de raíz estas manifestaciones y dejar las cosas claras.

«Es inadmisible una interpretación del privilegio de la inmunidad parlamentaria que derive en impunidad».

De Puigdemont dice que se dio «a la fuga» y sigue en «su plan delictivo», por lo que nada impediría su detención si pone los pies en España.

Carles Puigdemont se fue a Bélgica para no obedecer los requerimientos judiciales que se le dirigieron, por lo que se dictaron órdenes nacionales e internacionales de detención contra él y los cuatro ‘consellers‘ que le siguen en su autoexilio en Bruselas. Las órdenes internacionales de arresto, al igual que la euroórden cursada por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, fueron anuladas por el actual instructor de la causa por rebelión, sedición y malversación en la que está imputado, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Pero las nacionales siguen en vigor, lo que significa que el ‘expresident’ será detenido en cuanto pise suelo español y conducido a su presencia para que se decrete su ingreso en prisión, situación en la que se encuentran el exvicepresidente Oriol Junqueras, el ‘exconseller‘ de Interior Joaquim Forn y los líderes de la Assemblea Nacional Catalana (ACN) Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Frente las manifestaciones de la diputada de Junts per Catalunya Elsa Artadi, en relación con la inmunidad de los diputados o del propio abogado del ‘expresident’, Jaume Alonso-Cuevillas, en este mismo sentido, la Fiscalía explica que la doctrina del Tribunal Constitucional siempre ha postulado la interpretación restrictiva de los privilegios de los aforados, cuya protección no significa inmunidad, sino que deben responder ante un tribunal determinado.

En el caso de los diputados catalanes, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o el Tribunal Supremo, si los delitos que se les atribuyen se cometieron en el resto de España.

«La garantía de inmunidad no significa que no se pueda ordenar el ingreso en prisión por orden judicial, se refiere exclusivamente a la detención policial».

En el caso de Puigdemont se entiende que con su fuga sigue «manteniendo las actuaciones que culminaron con la declaración de independencia» unilateral, lo que «pone de manifiesto que persiste en su plan delictivo y sigue desarrollando acciones tendentes a su consumación».

Y recuerda que el Supremo ya acordó por esos mismos hechos, teniendo «en cuanta su extrema gravedad», la impugación e ingreso en prisión de otros diputados.

Por ello para esta investigación judicial no es necesario solicitar suplicatorio al Parlament para poder actuar contra él.

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