Si Carles Puigdemont busca nuevas tretas para saltarse el dictamen del Tribunal Constitucional y conseguir su investidura como presidente de Cataluña, el tiempo corre en su contra.
Puigdemont y los cuatro exconsellers que le acompañan desde hace tres meses en su fuga de la Justicia quedarán previsiblemente inhabilitados para ejercer cargos públicos a finales de marzo, según fuentes jurídicas cercanas al Tribunal Supremo.
Y pueden ser inhabilitados porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite adoptar esta decisión a quienes ocupen cargos públicos y siempre que se haya dictado auto de procesamiento, el investigado se halle en prisión provisional e incurra en los delitos de terrorismo o rebelión.
Fuentes del Supremo precisan a José Antonio Hernández y José María Irujo de ‘El País’ que la instrucción del juez del Supremo Pablo Llarena se aproxima ya a sus últimos coletazos, y es previsible que todos ellos sean procesados por malversación, sedición y rebelión en marzo.
