Diez meses después del convulso 1 de octubre, los Mossos constitucionalistas sufren aún las consecuencias de su defensa de la legalidad.
A los expedientes de la consellería de Interior y el ‘vacío’ por parte de sus superiores, convertido ya tristemente en su día a día, se une, denuncian, la falta de respuesta por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
Nada más tomar posesión el nuevo Ejecutivo, representantes de las grandes asociaciones que representan al colectivo —Mossos por la Constitución y Policías Autonómicos por la Pasarela— solicitaron una reunión formal para exponer su compleja situación. Dos meses después, el silencio es aún la respuesta.
“No hay respaldo. De hecho, no nos hemos podido reunir ni con el delegado del Gobierno“, dicen los agentes. La única respuesta, por canales informales, es que en septiembre “quizás” se podría encajar una reunión que ahora, “por razones de agenda”, es “imposible”.
“Desde el minuto cero está solicitado, todas las gestiones las hicimos desde el primer momento”, lamentan.
Todo, mientras la ofensiva golpista se recrudece y mientras se van conociendo los casos de la soterrada persecución a los mossos no conformes con la deriva del Govern. Entre ellos, el del propio jefe de la Unión de Mossos por la Constitución, Ángel Gómez, obligado a comparecer ante la división de Asuntos Internos, según su entorno, por los recelos que despierta en su nuevo jefe, Miquel Esquius.
Otro agente ha sido sancionado con una falta grave de respeto —16 días sin empleo ni sueldo— al oponerse a utilizar siempre el formulario en catalán de los atestados, como le ordenó su superior, porque vetaba el uso del castellano.
Uno más ha sido castigado por difundir y retuitear en las redes sociales mensajes con artículos de este periódico y sobre la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, según recoge Luz Sela en okdiario.
Los agentes, lejos de subordinarse a la situación, han puesto en marcha una campaña, ‘Stop Expedientes Mossos Leales’, en la que denuncian los casos de acoso y las sanciones contra sus compañeros.
La pasarela, en punto muerto
La llegada del nuevo Gobierno insufló cierto optimismo en los mossos que reclaman la llamada ‘pasarela’ para poder ingresar en la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Sin embargo, también en este caso, la petición parece caer en saco roto. La citada ‘pasarela’ figura ya en las leyes de personal de la Guardia Civil y de la Policía Nacional aprobadas en 2015, si bien aún no cuentan con un reglamento de desarrollo. Y aunque el Gobierno de Mariano Rajoy dio tímidos pasos, estos son aún insuficientes.
“No mueven ficha y no hay avances”, se quejan quienes lo reclaman. Aseguran, además, que hace semanas que solicitaron al PSOE, y al PSC, un encuentro para trasladar la petición. De nuevo ignorado.
Sendas normas contemplan que agentes de las fuerzas de seguridad autonómicas —Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y policías canaria y navarra— puedan ingresar en los otros dos cuerpos en la escala y categoría equivalente a la que ostenten en su cuerpo de procedencia y siempre que posean la titulación requerida.
En los últimos meses —y en especial tras la celebración del referéndum ilegal—, cientos de agentes han solicitado el cambio por el acoso al que se veían sometidos por parte de sus compañeros y jefes independentistas. Las estimaciones de los sindicatos nacionales de Interior cifran en total en unos 7.000 los mossos leales dispuestos a dejar la policía autonómica, compuesta actualmente por unos 17.000 agentes.
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