Más de medio millar de altos cargos y asesores de Susana Díaz ya están recogiendo las maletas

El ocaso del enchufado andaluz: Hay 3.000 colocados a dedo que se irán a la calle

Una perfecta maraña de puestos de libre designación para agradecer los favores en las urnas que se le viene abajo al PSOE

El ocaso del enchufado andaluz: Hay 3.000 colocados a dedo que se irán a la calle
La socialista Susana Díaz, presidenta andaluza, conversa con dos libreros. EF

Están que no les cabe un cacahuete en el culo. Después de casi 40 años de régimen absolutista del PSOE en Andalucía, a los ‘señoritos’ se les ha acabado el chollo y en las próximas semanas van a tener que visitar un lugar que igual hasta desconocían, la oficina del paro. El INEM de toda la vida –Andalucía: Hay 24.000 enchufados a los que les ‘huele el culo a pólvora’ tras la derrota del PSOE-.

Ahora es tiempo de preguntas. ¿Cuántas personas saldrán de la Junta de Andalucía si finalmente el PSOE es desalojado del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia, tras gobernar la comunidad durante casi cuatro décadas?

¿Cómo afectará a los 24.000 trabajadores de la tupida red de empresas públicas, consorcios y fundaciones que constituyen la conocida como ‘Administración paralela’? ¿Cuánta gente perderá privilegios en forma de pluses o cargos directivos? –Pánico en Canal Sur por la entrada de PP y VOX: «Mejor no tener Canal Sur y sí endoscopios en los hospitales»

Cuenta El Mundo que quienes sí irán a la calle cuando Susana Díaz abandone la Presidencia del Gobierno andaluz son las 508 personas que actualmente son altos cargos y también el personal eventual y de asesoramiento que los acompaña. Altos cargos son 271, según el último listado colgado por la Administración andaluza en su Portal de Transparencia. En esa lista están la presidenta de la Junta, sus 13 consejeros, viceconsejeros, delegados provinciales, secretarios generales y otros cargos, además de los directores, gerentes, presidentes y secretarios generales de todo tipo de consorcios, patronatos y agencias que constituyen la ‘Administración paralela’ –El PP comunica a VOX que estudiará el cierre de ese ‘agujero de pérdidas y manipulación’ que es Canal Sur-.

El personal eventual cuenta con un «nombramiento y cese discrecional por la autoridad que los nombró» y cesa también de «forma automática cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que preste su funciones». El Estatuto Básico del Empleado Público establece que este personal, «en virtud de su nombramiento y con carácter no permanente», «sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial».

La onda expansiva del desalojo del PSOE de la Junta podría afectar a otros casi 3.000 trabajadores más que actualmente y por decisión del político de turno están en puestos de libre designación, en cargos directivos en la sanidad pública o son profesores con destino ‘a dedo’ en funciones de administrativos o asesores, según la información facilitada a este diario por varios sindicatos consultados. Estos empleados de la Junta no van a perder su empleo porque son funcionarios con plaza fija y serán reubicados en otros destinos, pero sí podrían ver mermados sus ingresos si descienden en el escalafón administrativo –Canal Sur es un tanatorio tras el hundimiento del PSOE y Javier Aroca llora al ver que se le acaba el chollo-.

Las fuentes del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) de la Junta indicaron que sólo en la Administración General andaluza hay unos 2.300 puestos de libre designación o ‘a dedo’. Éstos no cesan automáticamente -los asesores sí- cuando lo haga el político que los designó. Estos funcionarios cobran pluses y perciben un salario mayor que el de su puesto base. La responsabilidad también es mayor.

UN ENCHUFE PERFECTAMENTE DISEÑADO

Todo parte de una Administración con parcelas fortificadas, especialmente desde la conocida como Ley del enchufismo, de 2011. Entonces, el temor de los socialistas a perder el poder en las elecciones autonómicas del año 2012 -las primeras que ganó en Andalucía el Partido Popular, si bien el PSOE se alió con IU, alejando la posibilidad de que gobernara Javier Arenas- derivó en la polémica reordenación del sector público andaluz, primero como ‘decretazo’ en julio de 2010 y después como ley en febrero de 2011 –Cinco productoras de capitostes socialistas reciben 6 de cada 10 euros que gasta Canal Sur-.

Tanto rechazo generó la reforma que la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público es más conocida como ‘Ley del enchufismo’, ya que supuso la integración en la Administración autonómica de más de 20.000 empleados del entramado de empresas públicas. Entonces, tras treinta años gobernando en Andalucía y ante las encuestas que vaticinaban la alternancia, el PSOE quiso dejarlo todo bien atado ante su eventual marcha e hizo empleado público por la puerta de atrás al personal de los entes, también a los enchufados.

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Recibe nuestras noticias en tu correo

Lo más leído