Un informe de la Cámara de Cuentas andaluza desvela cómo se las han ingeniado los últimos gobiernos socialistas, para aparentar que adelgazaban una maraña de más de 350 entes públicos

La asquerosa trampa de Susana Díaz para engañar a Hacienda con sus chiringuitos millonarios

La asquerosa trampa de Susana Díaz para engañar a Hacienda con sus chiringuitos millonarios
Susana Díaz (PSOE). EP

Lo de la auditoría pionera en España que ha puesto en marcha la Junta presidida por Juanma Moreno Bonilla, para detectar si hay o no duplicidades entre sus consejerías y 19 entes públicos, empieza a dar calambre con tanto enchufe y tanta trampa. (PP y Cs inician en Andalucía una auditoría sobre 19 duplicidades sospechosas de Susana Díaz).

El pacto de gobierno en sus puntos 8 y 9 compromete al Gobierno del cambio a encargar una «auditoría integral» a la Cámara de Cuentas de Andalucía, algo que ya es tangible en un informe de esta última, que ha analizado los procesos de extinción de entidades dependientes de la Junta de Andalucía entre los años 2010 y 2016 para comprobar si estos estaban realmente suponiendo un ahorro de coste y personal.

Según da cuenta ‘EsDiario’, el resultado es demoledor: durante años, los de Susana Díaz y antes que ella los de José Antonio Griñán, la Junta de Andalucía toreó al Ministerio de Hacienda haciéndole creer que estaba adelgazando su mastodóntico sector público cuando lo que en realidad estaba haciendo era, fundamentalmente, trasvasar personal de uno a otro lado.

«En general se observa que la extinción de entes no ha afectado de forma significativa a una reducción del personal del SPJA (el sector público de la Junta de Andalucía), en la medida en que, en la mayoría de los casos el personal se ha integrado en otra entidad preexistente o de nueva creación que queda subrogada en la posición jurídica derivada de las relaciones laborales de las entidades extinguidas, o bien las entidades extinguidas no disponían de personal al haber cesado en su actividad»,

sostienen sus autores en las conclusiones.

En concreto, la cifra de trabajadores del sector público se redujo entre 2010 y diciembre de 2016 la friolera de 81 personas.

Es decir, que el Gobierno socialista se hizo durante años trampas al solitario, y se las hizo también al Ministerio, al que periódicamente tenía que rendir cuentas sobre su plan de racionalización. Ello en base al acuerdo que Hacienda suscribió en 2010 con las comunidades y ciudades autónomas sobre sostenibilidad de las finanzas públicas, en medio de la brutal crisis económica.

El informe revela que entre 2010 y diciembre de 2016 estaba prevista en Andalucía, teóricamente, la extinción de 179 entes públicos y finalmente solo desaparecieron 64.

Y ni siquiera quiere decir que a día de hoy haya 64 fundaciones, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias y sociedades mercantiles públicas menos. Sino que en 44 de esos 64 casos, su personal y gastos fueron derivados a otra entidad pública, bien de nueva creación o preexistente.

Por ejemplo, cuando en mayo de 2011 fue disuelta la polémica Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, cuyos altos cargos utilizaban sus tarjetas black en prostíbulos sin ningún rubor, sus 1.667 trabajadores fueron reubicados en el Servicio Andaluz de Empleo. Por entonces tenía en sus arcas, según la Cámara de Cuentas, 62,74 millones de euros en subvenciones.

Otro caso sangrante es el de Canal Sur Radio S.A. Como sociedad se extinguió en abril de 2016, cuando en realidad lo que pasó fue que fue absorbida por Canal Sur Televisión S.A. y después se produjo un cambio de denominación a Canal Sur Radio y Televisión S.A. En la práctica, sus 281 trabajadores siguieron en la nueva sociedad.

Supuestamente esa fusión era «por motivos de eficacia y eficiencia económica», recuerda la Cámara de Cuentas, pero a renglón seguido añade que «no se acreditan los efectos estimados». Es decir, que de ahorro a las arcas andaluzas, nada.

Además, los autores del informe desvelan que los socialistas eternizaban los plazos para cerrar un ente público. En concreto, hablan de «excesiva dilación», de una media de 1,7 años. Aunque el caso de la Sociedad para el Desarrollo Energético de Andalucía es el más sangrante: tardó nueve años y medio en ser disuelta, desde la fecha del acuerdo inicial. En el caso de la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial S.A. fueron cinco años.

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