La magistrada impone una fianza solidaria de 5,8 millones a los 'empapelados'

Una juez de Barcelona procesa a 30 altos cargos del Govern por su papel en el referéndum ilegal del 1-O

Trapero se desmarca del independentismo en la Audiencia y enfatiza su respeto a la Constitución

Una juez de Barcelona procesa a 30 altos cargos del Govern por su papel en el referéndum ilegal del 1-O
Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio; Vicent Sanchis, director de TV3. EP

Mientras en Madrid el Tribunal Supremo juzga a los líderes independentistas acusados de golpismo, la otra gran investigación sobre el procés llega a su fin en Cataluña (El Tribunal Supremo confirma que Jiménez Losantos no vulneró el honor del pueblo catalán).

La titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha dado por cerrada la investigación y ha decidido procesar a 32 de los implicados por delitos de malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación (Tribunal Supremo: Mossos de a pie hunden la fábula del golpe de Estado cívico y pacífico).

La magistrada ha fijado una fianza de 5,8 millones de euros al ser la cantidad «supuestamente gastada o comprometida con la celebración del referéndum» ilegal del 1-O (Tribunal Supremo: Helena Catt y 180.000 euros por no ver nada en el golpe del ‘procés’).

Entre los ‘empapelados’ se encuentran el actual director de TV3, Vicent Sanchis, el director de Catalunya Radio, Saül Gordillo, y el exdirector de la delegación del Govern de Catalunya a la UE, Amadeu Altafaj.

La juez ha decidido archivar la causa contra el exjuez Santiago Vidal y el expresidente del Consell Asessor de la Transició Nacional, CarlesViver Pi i Sunyer.

En el auto se definen los hechos que según la juez tendieron a organizar una seria de acciones que aseguraran la celebración de la convocatoria declarada judicialmente ilegal, «comprometiendo para ello presupuesto público».

En su detallada exposición, la magistrada instructora sostiene que «la independencia era el objetivo que pretendía alcanzarse, primero mediante un acuerdo pactado y, en caso contrario, de manera unilateral», y que se «reconocía, a su vez, que una eficaz declaración unilateral de independencia exigía disponer de estructuras de Estado».

Así, justifica que «existió un plan común» y que cada uno de los procesados, dentro de sus respectivas competencias o ámbitos de actuación, «contribuyeron de manera decisiva en la consecución del fin conjunto ya dicho».

Y recuerda el acto celebrado el 21 de abril de 2017, cuando más de 140 altos cargos (secretarios generales, secretarios sectoriales y territoriales, directores generales y delegados territoriales) fueron convocados a un acto en el Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat con el que el Govern de Puigdemont quería ratificar su compromiso con la celebración del referéndum.

En el auto, la magistrada apunta al «firme propósito de la Generalitat, exteriorizado con intensidad creciente desde 2012», en celebrar un referéndum, que «se ensayó en noviembre de 2014″, con la finalidad de ejercitar el derecho de autodeterminación y la constitución de un nuevo Estado, independiente de España, y que tuvo su plasmación en el referéndum del uno de octubre de 2017 y su corolario en la declaración de independencia realizada» por el president Puigdemont en el Parlament el 27 de octubre.

Los imputados siguieron «las directrices marcadas por los distintos departamentos» de la Generalitat «con el firme propósito de celebrar el referéndum» hacia la independencia.

Así, realizaron actuaciones y algunos dictaron resoluciones con las que dispusieron de fondos públicos para financiar el referéndum», sostiene el auto, a pesar de los mandatos constitucionales y «siendo conscientes de la ilegalidad de las actuaciones».

Estos son los 30 imputados:

  • 1. Antoni Molons García, secretario de Difusió i Atenció Ciutadana del Departament de Presidència de la Generalitat. Malversación y prevaricación.
  • 2. Joaquim Nin Borreda, secretario general del Departament de Presidència de la Generalitat. Malversación, desobediencia y prevaricación.
  • 3. Jaume Clotet Planas, director general de Comunicació del Govern de la Generalitat. Malversación.
  • 4. Josep Ginesta Vicente, secretario general de Treball, Afers Socials i Família. Malversación. 
  • 5. David Palanques Bonavia, responsable del área TIC del Departament de Treball, Afers Socials i Família. Malversación.
  • 6. David Franco Sánchez, responsable del área TIC del Departament de Treball, Afers Socials i Família. Malversación. 
  • 7. Francesc Sutrías Grau, director general de Patrimonio (vicepresidencia, Economia y Hisenda). Malversación y desobediencia. 
  • 8. Aleix Villatoro Oliver, secretario general del Departament d’Afers i Relacions institucionals i Exterior i Transparència de la Generalitat. Malversación, desobediencia, revelación de secretos y prevaricación. 
  • 9. Amadeu Altafaj Tardio, director de la delegación del Govern de Catalunya en la Unió Europea. Malversación y prevaricación. 
  • 10. Albert Royo Marine, secretario general del Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya. Mmalversación y falsedad documental. 
  • 11. Natalia Garriga Ibáñez, directora de Serveis integrada en la Secretaria General depenent de la Vicepresidència d’Economia. Malversación.
  • 12. Pablo Raventós, director general de Unipost. Malversación y desobediencia
  • 13. Rosa Maria Rodriguez Curto, directora general de Servei de T-Systems. Malversación
  • 14. Francesc Fabregas Bonet, administrador de ‘El Vallenc’. Malversación y desobediencia
  • 15. Josué Sallent, director de Estratègia i Innovació en el CTTI. Malversación
  • 16. Xavier Puig Farré, responsable del área TIC del Departament d’Acció Exterior, Relaciones Institucionals i Transparència. Malversación 
  • 17. Rosa Vidal Planella, interventora general de la Generalitat. Malversación, desobediencia y falsedad documental
  • 18. Meritxell Massó Carbó, secretaria general del Departament de Governació. Desobediencia
  • 19. Núria Llorach Boladeras, vicepresidenta y administradora única de la CCMC. Desobediencia
  • 20. Frederic Udina Abelló, director de l’IDESCAT. Desobediencia y revelación de secretos
  • 21. Montserrat Vidal Roca, área de Processos Electorals i consultes Populars. Desobediencia
  • 22. Vicent Sanchis Llàcer, director de TV3. Desobediencia
  • 23. Saül Gordillo Bernárdez, director de Catalunya Ràdio. Desobediencia
  • 24. Martí Patxot, director corporatiu, comercial i de màrqueting de CCMA. Desobediencia
  • 25. Mercedes Martínez, encargada de supervisar las obras en una nave que debía ser el centro de recogida de datos. Desobediencia
  • 26. Joan Manel Gómez Sanz, jefe de Riesgos del Centre de Seguretat de la Informació del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya. Desobediencia
  • 27. Josep Masolivé Puig, trabajador de Fundacio.cat. Desobediencia
  • 28. José María Gispert Giménez, gerente de Indugraf Offset SA. Desobediencia
  • 29. Marta Garsaball Pujol, autorizada en una cuenta bancaria en Bruselas el titular de la cual era la Delegación del Govern de la Generalitat. Falsedad documental
  • 30. Daniel Gimeno Alcañiz, responsable del tratamiento del fichero de datos del Registre de participants en consultes no referendàries. Revelación de secretos

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