Por donde pasa la izquierda española, llega la ruina del pueblo. El Ayuntamiento de Zaragoza se encuentra en «situación de quiebra».
Así lo ha indicado este martes el gobierno municipal PP-Cs que lidera el popular Jorge Azcón, que llegó a la alcaldía a mediados de junio.
Las deudas acumuladas superan los mil millones de euros, parte de ellas tienen que abonarse de forma inminente por sentencia judicial y las arcas no tienen liquidez suficiente, lo que forzará al Ayuntamiento de la capital aragonesa a pedir ayuda al Estado.
Va a solicitar un préstamo multimillonario al amparo del denominado Fondo de Impulso Económico (FIE), según acaba de anunciar la consejera de Hacienda y portavoz del gobierno municipal, María Navarro, según recoge el autor original de este artículo Roberto Pérez en ABC y comparte Periodista Digital.
Los problemas económicos del Ayuntamiento vienen de lejos. Hace años que destaca entre las capitales de provincia españolas por su elevado endeudamiento. Los correctivos impuestos desde el Estado han forzado al Consistorio a reducir su deuda financiera en los últimos años, pero sigue siendo muy abultada.
Según los últimos datos certificados por el Banco de España, la deuda fianciera del Ayuntamiento de Zaragoza ronda actualmente los 850 millones de euros. Y hay más: a esa cifra hay que sumar otros 180 millones de euros de deuda derivada del tranvía, y ahora el gobierno municipal tiene que hacer frente a otros 35 millones de euros por sentencias judiciales que han ganado varias contratas municipales, en particular la encargada del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria -la empresa FCC- y la concesionaria del autobús urbano, Tuzsa. Y, por si fuera poco, esto puede ser solo el principio, porque el Ayuntamiento de Zaragoza da por hecho que estas sentencias van a desencadenar un efecto dominó, más reclamaciones de estas y otras concesionarias, animadas por los fallos judiciales que dan la razón a las revisiones multimillonarias de precios.
El temor está justificado. En primer lugar, porque las sentencias dictadas hasta ahora hacen referencia a revisiones de precios hasta el año 2014. Ahora lo lógico es pensar que las concesionarias que han ganado esos pleitos pedirán las mismas revisiones del año 2014 en adelante. Y, visto lo visto, es de esperar que otras concesionarias que hasta ahora no habían reclamado opten también por exigirle más dinero al Ayuntamiento. Para intentar que eso no acabe en un «tsunami» de reclamaciones -o, al menos, que las cantidades a pagar no se disparen-, el gobierno municipal tiene previsto abrir «un proceso de negociación con las contratas», según ha avanzado este martes el equipo del alcalde Jorge Azcón.
El horizonte, por tanto, es espinoso. Pero el problema es que «el presente ya es complicadísimo», indican desde el gobierno del alcalde Jorge Azcón, que se ha topado con este panorama cuando no lleva ni dos meses al frente del Ayuntamiento de Zaragoza, tras 16 años de gobiernos municipales de izquierdas, doce del PSOE y los cuatro últimos de Podemos-IU.
Más créditos para poder pagar
Las sentencias a las que tiene que hacer frente el Ayuntamiento le obliga a desembolsar 35 millones de euros, de los que siete millones son por intereses de demora. Para hacer frente a estos pagos sobrevenidos por sentencias judiciales, el Consistorio va a pedir dinero prestado al Estado.
Eso le permitirá salvar los pagos ordenados por los juzgados, pero a costa de ver seriamente limitada la capacidad inversora municipal para los próximos años y condiciona también la política fiscal, la presión tributaria municipal en los impuestos y tasas que cobra a los zaragozanos.
En su conjunto, los más de mil millones de euros que suman las deudas del Consistorio zaragozano son una pesada losa para una institución cuyo presupuesto anual ronda los 770 millones de euros. Solo en intereses y amortizaciones por la deuda financiera, este año se le irán al Ayuntamiento de Zaragoza 70 millones de euros.
Esta «situación de quiebra» es «fruto de la irresponsabilidad de los gobiernos de PSOE y ZEC», afirma la consejera municipal de Hacienda. María Navarro (PP) culpa de lleno a los gobiernos de izquierdas que han estado al frente del Consistorio en los últimos 16 años: tres legislaturas seguidas (12 años) del alcalde socialista Juan Alberto Belloch, y los cuatro últimos años de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC), la coalición que trabaron Podemos e IU, ya finiquitada, a cuyo frente estuvo el alcalde Pedro Santisteve.
«Deberían pedir perdón a los zaragozanos por el agujero económico que han provocado a la ciudad», dice la actual consejera municipal de Hacienda, quien ha prometido que el actual gobierno local PP-Cs va a actuar «con la máxima responsabilidad, con la intención de poner en orden las cuentas municipales en el mínimo tiempo posible».
