Donde quiera que gobierna la izquierda española, sea PODEMOS, IU o PSOE, dejan en la ruina a los ciudadanos.
Una auditoría oficial ha destapado un agujero de 100 millones de euros en las cuentas municipales de Zaragoza.
Es el último capítulo –hasta la fecha- de un rosario de grietas presupuestarias que han ido aflorando en el Ayuntamiento de la capital aragonesa desde que, a finales de junio, llegó el nuevo gobierno municipal PP-Cs y empezó a escrutar las arcas del Consistorio que había recibido heredadas del anterior equipo Podemos-IU.
Precisamente una de las primeras decisiones del alcalde Jorge Azcón (PP) nada más tomar posesión fue encargar una auditoría a la Intervención General del Ayuntamiento para saber, al detalle, el estado de sus cuentas.
Desde entonces, han ido aflorando problemas, como subraya ABC.
Ha sido un goteo de datos preocupantes: unas deudas acumuladas totales de más de mil millones de euros; 23 sentencias condenatorias por moroso que le obligan a pagar a contratas municipales 37 millones de euros…
Y, ahora, llega el informe de conjunto, las conclusiones globales de una auditoría que cifra en algo más de 100 millones de euros las obligaciones de pago que tiene que afrontar este mismo año el Ayuntamiento de Zaragoza y para las que no tiene dinero en el presupuesto, según ha indicado el gobierno municipal.
Es decir, al Consistorio le faltan más de cien millones de euros en sus cuentas. Y no los va a encontrar de aquí a fin de año. No tiene liquidez ni puede encontrarla a tiempo, así que gran parte de esos pagos tendrá que cargarlos al presupuesto del próximo año. Como mínimo, 50 millones de euros. Dicho de otra forma: aún no ha empezado el nuevo año y ya ha costado 50 millones, por esa hipoteca arrastrada de pagos pendientes.
La lista de «facturas» pendientes
Esos más de 100 millones de euros de agujero que ha destapado la auditoría municipal corresponden a los siguientes conceptos: 37 millones de euros por esas 23 sentencias condenatorias por moroso; 2,8 millones por pagos pendientes de una expropiación realizada hace años y por una sentencia sobre la línea de autobús del aeropuerto; 35,1 millones por revisiones de precios, liquidaciones y certificaciones pendientes de grandes contratas municipales, a lo que se añadirán otros 14,6 millones por revisiones de precios del contrato de limpieza de 2017 y 2018; 3,6 millones de euros por gastos derivados de procedimientos expropiatorios en trámite y convenios urbanísticos; y 24,37 millones de euros por infradotaciones presupuestarias, es decir, por capítulos fijos de gasto que el anterior gobierno municipal presupuestó con mucho menos dinero del que realmente necesitaban.
De esos algo más de 100 millones de euros que tiene que pagar el Ayuntamiento y para los que no tiene dinero, unos 10 millones los abonará con una modificación presupuestaria que va a realizar próximamente. Otros 37 millones los pagará con dinero que va a pedir prestado. Y al menos 50 millones se pagarán con cargo al presupuesto del próximo año.
