Salen a la luz los primeros datos sobre el impacto sanitario de la irresponsable decisión de convocar y celebrar la manifestación del 8 de marzo.
La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, desveló que tras las manifestaciones del Día de la Mujer, y las actividades que transcurrieron ese fin de semana, la proyección del coronavirus en Madrid se multiplicó hasta la previsión de 30.000 posibles contagios.
Su afirmación, realizada durante su comparecencia en el Pleno de la Asamblea de Madrid, apuntan a que la marcha ‘feminista’ tuvo un fuerte impacto y ayudó a la propagación del coronavirus por la capital española. Justamente, la región más afectada del país tanto por número de contagiados como por fallecidos.
Díaz Ayuso explicó que, tres semanas antes de que se conociera el primer fallecimiento por COVID-19 en España, la Comunidad de Madrid «ya estaba trabajando» y reuniéndose preparando protocolos.
«A pesar de que desde el Gobierno central transmitían constantemente que el virus no tendría prácticamente incidencia en España, la Consejería de Sanidad comenzó a estudiar qué necesidades tendríamos en Madrid si el virus se extendiera, entendiendo, en aquel momento, que su capacidad de infección sería como una gripe. Y ya se aislaban y se atendían los primeros contagios, así como se ponía en cuarentena a la familia y allegados», explicó la Presidenta.
Estudios del 8-M
El Grupo Parlamentario Popular instó el pasado 1 de abril al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a encargar a un comité científico independiente para la realización de un estudio que analice la posible relación entre las grandes concentraciones de personas que generaron las manifestaciones del Día de la Mujer, el domingo 8 de marzo, y el aumento de los contagios por coronavirus en los días posteriores a esas celebraciones masivas.
La proposición no de ley (PNL), firmada por la portavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo, reclama un estudio científico «que permita discernir el impacto real del retraso en las decisiones gubernamentales de confinamiento hasta después del 8-M como elemento relevante a la hora de evaluar el impacto de la pandemia en España».
Unos datos que podrán dotar de validez científica la irresponsabilidad de socialistas y comunistas de promover una manifestación multitudinaria a sabiendas del riesgo que conllevaba para la salud pública.
En la PNL, Cayetana Álvarez de Toledo recuerda que «el 31 de enero la Organización Mundial de la Salud anunció que el brote infeccioso era una emergencia de salud pública de importancia internacional”, así como que el 11 de febrero, su presidente lo consideró ya como «el enemigo público número uno del mundo».
A pesar de que también se tenían los datos de lo que ocurría en Italia y en China, el ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, justificó la celebración de las manifestaciones del 8-M con el argumento de que «el cambio de la situación se produjo el domingo al anochecer».
Las advertencias a Sánchez
Tres semanas antes del primer fallecimiento por el COVID-19 en España, Díaz Ayuso y su equipo reclamaban «con insistencia» la compra de Equipos de Protección Individual (EPIs) en las Comisiones de Salud Pública del Ministerio de Sanidad.
Según la jefa del Ejecutivo autonómico, «a pesar de la inactividad del Gobierno central, durante el mes de febrero se iniciaron contactos para hacer las primeras compras extraordinarias de material, que culminaron el 4 de marzo con la firma de los primeros contratos».
Además, ha incidido en que «esa semana se incrementó el número de laboratorios en los hospitales para evitar retrasos en las pruebas diagnósticas; se contrató a 1.142 profesionales en hospitales y centros de Salud, y se reforzó el SUMMA con el Samur y la Cruz Roja».
«Por muy previsores que fuéramos, teníamos malas noticias: las proyecciones estadísticas, basadas en la evolución de los contagios en otros países, concluían que en la Comunidad de Madrid llegaríamos a los 15.000 contagios», explicó. En este punto, ha indicado que el Ministerio de Sanidad les obligó «a enviar comunicaciones eclipsando el problema».
Búsqueda de Justicia
La información de la Presidenta de la Comunidad de Madrid podrá también utilizarse en la demanda en contra de Pedro Sánchez por prevaricación administrativa por omisión que ha sido registrada en el Tribunal Supremo y a la que está previsto que se adhieran más de 7.000 españoles que se han sentido, de alguna manera, afectados por la gestión del gobierno del PSOE y Podemos de la crisis sanitaria del coronavirus.
Víctor Valladares adelanta a este medio que, para canalizar el volumen de los ciudadanos que quieren participar en la causa legal, “se está creando una asociación que ya cuenta con los estatutos redactados, a la espera de poder formalizarla en los próximos días”.
La demanda, que inicialmente también acusaba de prevaricación a los delegados del Gobierno de las 17 Comunidades Autónomas por autorizar las marchas feministas del 8M, fue presentada el pasado 19 de marzo ante el Juzgado de Guardia de la Plaza Castilla de Madrid.
Sin embargo, ha llegado hasta el Tribunal Supremo, debido a que se trata de la institución correspondiente, ya que Pedro Sánchez tiene la condición de aforado.
Víctor Valladares adelanta que se han realizado unas ligeras modificaciones en el texto que se ha presentado ante el Tribunal Supremo. En este sentido, la denuncia “se dirige sólo contra Pedro Sánchez”, pero también “se amplía el tipo delictivo tomando como base el auto del JI 51 de Madrid” y se “amplían las diligencias de prueba tomando como base también el citado auto”.
La denuncia exige que se contemple la responsabilidad de Pedro Sánchez al permitir que se celebrasen las manifestaciones del 8M, pese a tener en sus manos un informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades que advertía del riesgo para la salud pública de organizar actos con alta afluencia de personas.
