Los ‘socios’ de Pedro Sánchez aparecen en la ‘lista negra’ de la Fiscalía General del Estado como una amenaza terrorista.
La Memoria de la Fiscalía de 2020 tilda al «movimiento violento independentista catalán» de amenaza terrorista y recopila las distintas operaciones de la Audiencia Nacional contra los Comités de Defensa de la República (CDR) o las indagaciones sobre la «organización clandestina liderada por empleados públicos, denominada CNI catalán».
Es importante recordar que tanto los CDR como el CNI Catalán son dos grupos próximos a los aliados políticos catalanes del PSOE y Podemos en el Gobierno.
Instituciones que están dispuestas a emplear la violencia para «obtener y mantener el control efectivo del territorio y conseguir la proclamación efectiva de la república en Cataluña».
En el documento, también se repasa la situación del terrorismo nacional mencionando a ETA y otras organizaciones como el GRAPO o el anarquismo insurreccional. Pero poniendo énfasis las diferentes «actuaciones contra el independentismo violento en Cataluña».
La Fiscalía, en manos de la exministra de Justicia socialista Dolores Delgado, repasa la operación del pasado septiembre con nueve detenidos por su vinculación a los Comités de Defensa de la República (CDR).
Incluso, da un paso más allá y ahonda en el llamado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), por los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos con fines terroristas y conspiración para la comisión de estragos.
Sobre los ERT explica en el informe que «presuntamente estaban en fase de preparar acciones violentas», usando para ello sustancias consideradas precursores para la confección de explosivos.
También se menciona los «graves disturbios» derivados por la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo en octubre en la que se condenó por sedición y malversación a los líderes del ‘procés’.
«Dentro de ciertos sectores del independentismo se fueron incrementando progresivamente las movilizaciones y perfilando las diferentes dinámicas, especialmente a través de la plataforma Tsunami Democràtic, sirviéndose de la inmediatez, alcance y privacidad de los canales de mensajería instantánea (fundamentalmente Telegram)», recoge la Memoria, que recuerda el intento de paralizar el aeropuerto de Barcelona y los ataques a edificios públicos y policiales.
En concreto, se cita diferentes operaciones contra el independentismo violento en Cataluña como la ‘Operación Cadera’, centrada en la relación de los CDR con otros «grupos, organismos e instituciones que buscan la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña fuera de las vías constitucionales».
Funcionarios terroristas
En la Memoria destaca la ‘Operación Apóstolcat’, donde se «investiga la existencia de una organización clandestina liderada por empleados públicos catalanes, denominada CNI catalán, que estaría dinamizando varias iniciativas tendentes a la desconexión del ‘estado catalán’ mediante la creación/regeneración de estructuras paralelas de Estado de una república catalana digital».
De este llamado CNI catalán dice la Fiscalía que se encargaría además de «planificar y, llegado el caso, ejecutar ciertas acciones multitudinarias y otras acciones con la finalidad de tomar el control del territorio».
La investigación permitió «observar y detectar los contactos y reuniones entre distintos sectores del movimiento independentista, de los que se infiere una intensa actividad con el fin de movilizarlos para obtener y mantener el control efectivo del territorio y conseguir la proclamación efectiva de la república de Cataluña».
La Memoria de 2020 también destaca el nacimiento en el País Vasco de grupos como «ANC de Euskalerría y los CDR de Gasteiz y Gipuzkoa», de los que dicen que son «principales dinamizadores de actos en apoyo al proceso secesionista catalán y a sus presos».
