Un grupo de cinco políticos, cuatro del PSOE y uno de Junts per Catalunya (JuntxCat), fueron bautizados como “los alcaldes de la vergüenza”.
Los cinco alcaldes tienen una característica en común: han recibido la vacuna frente al coronavirus en las últimas horas pese a no pertenecer a ninguno de los colectivos de riesgo del primero grupo poblacional.
También son similares las excusas esgrimidas tras haber sido ‘pillados’. La mayoría de ellos ha alegado que las dosis sobraban y que no fue a iniciativa suya sino de los centros que las administraban.
Entre los “alcaldes de la vergüenza”, el caso más sonado ha sido el de un matrimonio de Alicante.
En concreto, se trata de los alcaldes de El Verger, Ximo Coll, y de Els Poblets, Carolina Vives, ambos del PSOE.
En su caso, Coll ha declarado que él “no ha pedido nada” y sostiene que fue la “mejor opción” para “no tirar las dosis” de la vacuna que le habían comunicado que sobraban.
Pese a ser de los primeros en vacunarse, el primer edil ha manifestado que no se siente un “privilegiado” porque “hay vacuna para todos” y ha esgrimido que él se encarga también de la Concejalía de Mayores, lo que le hace tener “contacto directo y diario con mucha gente”.
“Me llamaron del consultorio y me explicaron que había sanitarios que no deseaban o no podían recibir la vacuna, por lo que nos llamaron a nosotros y allí acudimos con la Policía Local y la Guardia Civil”, ha relatado Coll.
Para evitar ‘caer solo’, el alcalde de El Verger admitió que el Jefe de la Policía Local del pequeño municipio alicantino también recibió la vacuna.
“Llevo meses yendo a casas de gente de riesgo que no puede salir a la calle, trabajando en el Ayuntamiento y en contacto directo con muchas personas; sobraban siete dosis, no las vamos a tirar a la basura”, insistió el alcalde.
La oposición cree que ha habido un “abuso del cargo” y la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat valenciana ya ha abierto una investigación al departamento de salud de Denia, al que pertenecen sendos municipios. Por su parte, la oposición en El Verger cree que ha habido un “abuso del cargo”.
Ventajas socialistas
En la misma región y también del PSOE se ha vacunado el alcalde de Rafelbunyol (Valencia) y líder de las Juventudes Socialistas de la Comunidad Valenciana, Fran López, de 29 años.
Otra alcaldesa del PSOE, en este caso, en el municipio de Torrecampo también se ha vacunado con una dosis sobrante de la Residencia de Mayores municipal.
Se trata de Francisca Alamillo, quien ha alegado que «la dosis que me ponen no le ha sido hurtada a ningún trabajador del centro y, por supuesto, a ningún residente» del centro, al que, según ha añadido, acude «todas las semanas» en su condición de presidenta de la residencia.
Por su parte, el PP de Torrecampo ha denunciado que dichas vacunas sobrantes deberían haber sido reservadas para unas trabajadoras de esta residencia de mayores que actualmente se encuentran de baja médica. Los populares critican que la «capitana del barco» haya sido la primera en «salvarse». La Junta de Andalucía también ha abierto aquí una investigación para esclarecer los hechos.
En Tarragona
El otro alcalde que se ha vacunado pese a no pertenecer al primer grupo de inmunización es Sergi Pedret, de 37 años y al frente del Ayuntamiento de Riudoms (Tarragona) por JuntsxCat.
De igual modo, afirmó que recibió una dosis sobrante de una residencia del municipio.
Junto a él, también fue vacunado otro edil de su mismo partido.
“Consideré que no soy yo quien debe decidir quién se vacuna o no y menos todavía soy quien para negarme al ofrecimiento», lo que «podría ser interpretado como una desconfianza por mi parte hacia la seguridad de la vacuna” ha defendido Pedret.
Una decisión muy criticada por el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, que ha asegurado que «no es ético».
«No se debería haber producido», ha lamentado el secretario, que ha matizado que la instrucción de los equipos a la hora de administrar las dosis es no tirar vacunas y actuar con la máxima fluidez y rapidez, en sus palabras.
Asimismo, ha argumentado que una residencia es un entorno limitado en comparación con un centro hospitalario, en el que la flexibilidad para reorganizar dosis sobrantes de la vacuna «es mucho más sencillo».
