En las redes sociales se echa en falta y con motivo a ese genial tándem que formaban el cineasta Luis García Berlanga y el guionista riojano Rafael Azcona, autores de obras maestras como ‘El Verdugo‘, ‘Plácido‘, ‘La escopeta nacional’ o ‘La vaquilla’.
¡Qué película harían con gilipolleces como la del Ayuntamiento de Cádiz!
Aunque todo el mundo debe estar al tanto, aclarar que la corporación municipal gaditana está presidida por el alcalde José María González ‘Kichi’, quien con sus 13 concejales podemitas rebotados y los 5 del PSOE hace en la ciudad andaluza lo que le sale del nabo.
Literalmente. Y prueba de ello es la memez de las pasarelas de playa.
Parece un chiste, pero no lo es y para colmo van a pagar la broma los atribulados vecinos de la ciudad, porque estas cosas siempre cuestan una pasta y suelen traer como daño colateral que hay unos cuantos expertos y estreñidos -siempre amiguetes del PSOE, Podemos, Izquierda Unida y compinches- que se lo llevan crudo.
La cosa arranca en septiembre de 2020, cuando el Ayuntamiento de Cádiz solicitó un informe a la Fundación Municipal de la Mujer para dilucidar si la sustitución de las pasarelas de madera sobre el cordón dunar de la playa de Cortadura «garantizaba la equidad de género» e incorporaba una «mirada feminista».
El área de Medio Ambiente quiso plantear si la realización de este proyecto orientado «a la protección, conservación y medio ambiente» conllevaba «un aumento significativo de las desigualdades entre hombres y mujeres» y lograr así que «se convierta en un proyecto cuyas características coadyuven a la consecución de una sociedad más equitativa».
Como suena. Según los documentos que obran en poder de La Voz, el Consistorio pretendía sustituir la pasarela de acceso a la playa con el fin de evitar el deterioro del ecosistema, pero quiso asegurarse de que la acción estaba libre de connotaciones machistas.
El Ayuntamiento del Kichi pretende, según el texto de fundamentación, «garantizar la perspectiva de género en todas sus actuaciones a través de la introducción transversal de la equidad de género en todas las fases de intervención pública».
La actuación choca con la resolución de la Delegación Territorial de Empleo de la Junta de Andalucía, que esta misma semana ha denegado el convenio de la empresa municipal EMASA porque «pone de manifiesto el desinterés por todas aquellas cuestiones (acceso y promoción en el empleo, conciliación de la vida familiar y laboral, riesgos en caso de embarazo o lactancia, igualdad salarial, prevención del acoso sexual y por razón de sexo) que afectan a la mujer trabajadora, no regulando tales aspectos, y sin hacer referencia a todas estas cuestiones ni a su normativa reguladora».
La concejala del PP, Maite González, criticó la gestión en EMASA y planteó que «es incomprensible que estén todo el día con el estandarte del feminismo y no sean capaces siquiera de aplicar las leyes de igualdad que están en vigor en el ámbito del propio Ayuntamiento».
Para mear y no echar gota…