El alcalde socialista de Palma de Mallorca, José Hila, destaca por su incapacidad de tomar buenas decisiones.
No solo por promover el sinsentido de retirar las calles de tres almirantes del siglo XIX y héroes que participaron en la batalla de Trafalgar (1805) por acusarles de “franquistas”, pese a que carece de toda explicación histórica. Sino también por haber dado su visto bueno a dos conciertos multitudinarios que impulsaron los brotes de COVID en la región.
Se trata de los conciertos celebrados el 15 y 20 de junio en Plaza de Toros de Palma y que fueron autorizados por el Ayuntamiento a pesar de los informes en contra de la Policía Local y de los propios técnicos de la Consejería de Salud. Es decir, una ‘brillantez’ del socialista que llevó a una situación de emergencia sanitaria.
El Ayuntamiento los autorizó al ser competente en el recinto de la Plaza de Toros y el Govern no intervino en ningún momento para evitar lo que ahora se considera una catástrofe para la situación económica y turística de Baleares cuando era la comunidad comunidad con menor incidencia de coronavirus, lo que le valió que el Gobierno británico levantara el veto para viajar a las Islas.
El ‘secuestro’ de estudiantes
El Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Palma da un ‘varapalo’ al Govern de la socialista Francina Armengol y tumba el confinamiento forzoso al que ha decidido someter a más de dos centenares de estudiantes afectados por un macrobrote de coronavirus relacionado con los viajes de fin de curso a Mallorca.
La Justicia de Palma da la razón a las decenas de padres y determina que la situación de confinamiento forzoso en régimen de aislamiento en la que se encuentran 235 jóvenes en un hotel de Palma de Mallorca tras el ‘macrobrote’ de COVID es ilegal y supone un desprecio intolerable a los derechos fundamentales.
La consideración de “sospechosos” de estar contagiados no faculta al Gobierno socialcomunista de Baleares a tenerlos retenidos. Incluso, le da dos motivos de gran peso: el primero, que no se hizo lo mismo con los trabajadores de los hoteles o con el resto de los clientes; segundo, porque el Ejecutivo de izquierdas no ha concretado si los casos son realmente positivos o si han mantenido contactos con los contagiados confirmados.
En suma, lo hecho por el Ejecutivo de Francina Armengol es de una arbitrariedad gravísima, pues conculca derechos fundamentales y si bien no es un “secuestro”, se le ha parecido bastante.
La decisión judicial sólo ampara el confinamiento de los estudiantes contagiados que hayan dado positivo en COVID.
Según la resolución, en el caso de los jóvenes que han dado negativo o bien no se hayan sometido a la prueba, la medida adoptada por la Administración no se considera proporcionada al limitar un derecho fundamental.
Por otra parte, la juez requiere al Govern balear que informe al juzgado cada cinco días de la evolución en la situación de cada una de las personas afectadas por la medida, a los efectos de revisar su estado y la necesidad, en su caso, de su mantenimiento.
La Fiscalía deja sola a Armengol
La decisión final de la Justicia llega un día después de que la Fiscalía (en manos de la exministra socialista Dolores Delgado) también rechazara el confinamiento forzoso asegurando que las medidas de la Dirección General de Salud Pública «no resultan plenamente justificadas ni proporcionadas».
El Ministerio Público aclaraba que no se cuestiona que los jóvenes hayan podido mantener contacto con positivos, pero apunta que la resolución de la conselleria considera sospechosos de contacto a los estudiantes afectados «de forma general, presuntiva e indeterminada».
«Resulta extraño que no se hayan considerado sospechosos los contactos con otros colectivos tales como los trabajadores de los establecimientos hoteleros o de ocio o los otros clientes que disfrutaban de esos hoteles o lugares de ocio», argumenta el fiscal.
Tras recibir el informe de la Fiscalía, el juzgado ha solicitado más información al Govern para decidir sobre la medida y finalmente ha decidido tumbar el confinamiento de Armengol.
