El líder del PP advierte que los golpistas tienen la “complicidad de Sánchez” en sus planes de usar el dinero de todos los españoles para ayudar al ‘procés’

Malversación al cuadrado: La Generalitat amaga con usar dinero público para pagar al Tribunal de Cuentas las fianzas de los golpistas

Pablo Casado advierte a Pedro Sánchez de que actúe antes de que se realicen nuevos delitos de malversación y prevaricación por parte de los golpistas

Malversación al cuadrado: La Generalitat amaga con usar dinero público para pagar al Tribunal de Cuentas las fianzas de los golpistas
Los golpistas catalanes PD

Los golpistas catalanes quieren usar el dinero de todos los españoles para saldar su deuda con el Tribunal de Cuentas.

Con el visto bueno del Gobierno de Pedro Sánchez, la Generalitat de Cataluña avanza en su intención de destinar fondos públicos para afrontar las fianzas exigidas por el Tribunal de Cuentas a los líderes del ‘procés’.

Una situación que enciende las alarmas tras los indultos de Sánchez. El líder del PP, Pablo Casado, anunció que si se completa el plan de la Generalitat denunciarán por un presunto delito de malversación y prevaricación.

Es importante recordar que el Tribunal de Cuentas reclama a distintos dirigentes independentistas 5,4 millones de euros de fianza por la malversación de dinero público en su acción exterior, con la que la Generalitat usaba sus ‘embajadas’ para denostar la imagen de España en el exterior y promocionar la independencia.

Lejos de aprender del castigo judicial, ahora el Gobierno autonómico encabezado por Pere Aragonès pretende salvaguardar el patrimonio de los investigados destinando fondos públicos con un capital de diez millones de euros.

Para ello, se ha creado ‘ad hoc’ el Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña (Fcrcat), que dependerá del Instituto Catalán de Finanzas. En Génova lo tienen claro: el Ejecutivo catalán pretende pagar las multas por malversación con más malversación.

Casado le ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que diga “inmediatamente” si va a permitir “una malversación de una malversación que ya se hizo”.

“Y que además es una prevaricación, porque hay funcionarios y hay políticos que están tomando resoluciones que saben que son injustas”, ha añadido.

Ante esta situación, Casado ha advertido que si Sánchez no actúa y la Generalitat sigue adelante, el PP denunciará al Gobierno catalán por presuntos delitos de malversación y prevaricación, al destinar dinero público a la fianza que deben depositar los dirigentes independentistas por la malversación cometida en el ‘procés’.

Casado ha exigido a su vez “máximo respeto” al Tribunal de Cuentas, cuya labor ha sido puesta en duda, en las últimas semanas, incluso desde el Gobierno central, y también ha pedido algo que debería darse por descontado: “Que no haya impunidad y que no haya complicidad por parte del Gobierno de España para borrar los graves delitos que cometieron en el año 2017”.

El líder del PP ha acusado al jefe del Ejecutivo de pretender que los españoles paguen “el despilfarro y la desviación de fondos públicos para delinquir”.

“Y eso es absolutamente intolerable», ha zanjado. Casado considera que, de proseguir con el plan anunciado, los miembros del actual Gobierno catalán deberían ser inhabilitados «por las graves irregularidades que están cometiendo”, en esta ocasión, dice, “con la complicidad de Sánchez”.

“¿Avalar con fondos públicos la malversación? Malversación al cuadrado. Ya dijeron que no se arrepentían. Vuelven a las andadas con el dinero de todos”, ha agregado por su parte en Twitter la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamarra.

El ‘zasca’ del Tribunal a Sánchez

El Gobierno de Pedro Sánchez está presionando al Tribunal de Cuentas para que ‘indulte’ a los golpistas catalanes.

Una misión que encabezó el Ministro de Transporte, José Luis Ábalos, (el mismo del encuentro ‘secreto’ en los cuartos de baño del Aeropuerto de Barajas con la chavista Delcy Rodríguez) quien consideró que las cantidades millonarias a la que deben hacer frente los líderes del proceso separatista se han convertido en “piedras en el camino” para los planes del PSOE-Podemos.

Y la opinión del ministro socialista es compartida también por los socios de la coalición gubernamental. “Creo que la tarea del Ejecutivo es ir desbrozando las diferentes piedras del camino que nos vamos a encontrar”, defiende Irene Montero.

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas demostró que no está dispuesto a entrar en los juegos políticos de Pedro Sánchez y ha defendido su “independencia en el ejercicio de sus funciones”.

En un comunicado, el Tribunal ha aclarado que se trata de un órgano constitucional, y así viene recogido por el artículo 136 de la Constitución Española, y que “ejerce con carácter supremo la función fiscalizadora del sector público”. Aunque no menciona al Gobierno, en el escrito pone el foco «las noticias que vienen apareciendo en algunos medios.

El otro día, Pedro Sánchez aseguró que las resoluciones del Tribunal de Cuentas sobre la malversación de fondos públicos de los líderes independentistas será “recurrible”.

La misión del Tribunal de Cuentas, argumentan, es contribuir a promover la buena gestión y salvaguardar los fondos públicos desde el ejercicio profesional de sus funciones fiscalizadora y jurisdiccional.

Asimismo, “el Tribunal de Cuentas ejerce una función jurisdiccional dirigida a enjuiciar responsabilidades contables para obtener la restitución de los fondos públicos ante usos indebidos de los mismos”, explica.

Al frente del juicio de los presos del ‘procés’ está la magistrada Margarita Mariscal de Gante, exministra del Partido Popular.

En el Tribunal de Cuentas estos cargos son aleatorios entre sus 12 miembros, por un sistema de reparto establecido desde el principio. A Mariscal de Gante le corresponde este asunto por el turno establecido. También es aleatoria la composición de la Sala que resolverá los recursos. Y da la casualidad de que tiene mayoría de consejeros elegidos por el PSOE.

En concreto, esa Sala de Justicia que resolverá los recursos está formada por Felipe García Ortiz y María Antonia Lozano, consejeros del PSOE, y por José Manuel Suárez Robledano, elegido por el PP. La última palabra la tendría el Tribunal Supremo, ya que cabe recurso de casación.

Los Consejeros y Consejeras de Cuentas de la Institución son elegidos por mayorías cualificadas de tres quintos de los plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, y son independientes e inamovibles conforme a la Constitución.

«El personal está integrado por profesionales altamente cualificados que han accedido al Tribunal por los procedimientos de ingreso en la función pública previstos en las leyes», explica el tribunal.

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