Se vuelve a utilizar la presidencia del Parlament para promover el independentismo catalán

La ‘indepe’ Laura Borràs apaga el micro dos veces a un diputado por denunciar sus «soflamas» separatistas

Nacho Martín critica a la presidenta de la Cámara catalana su “enésima exhibición de absolutismo erigiéndose en una suerte de reina Sol”

El independentismo catalán sigue tomando carrerilla desde los indultos de Pedro Sánchez a los golpistas catalanes.

La independentista Laura Borràs no solo volvió a utilizar la presidencia del Parlament para promover el separatismo, sino que al mejor estilo dictatorial silenció sin pudor a quienes cuestionaron su comportamiento.

Aprovechándose de su cargo como presidenta de la Cámara catalana, Borràs apagó el micrófono a la oposición que le recrimina tan parcial uso de las instituciones públicas.

En concreto, al diputado de Ciudadanos, Nacho Martín, que reprochó sin miedo a Borràs sus «soflamas» separatistas.

Hasta en dos oportunidades, la presidenta del Parlament le quitó la palabra al portavoz de Ciudadanos cuando le afeaba su proceder “absolutista”.

Todo comenzó cuando Borràs utilizó los primeros minutos del pleno de este 29 de julio para respaldar a su antecesor en el cargo, Roger Torrent, que acaba de ser citado a declarar como imputado por la presunta comisión de un delito de desobediencia.

Tras no prosperar una declaración institucional separatista por falta de unanimidad, Borràs ha tenido a bien expresar su opinión personal sobre la cuestión haciendo uso de su figura institucional. “Ir contra los derechos de los representantes de la ciudadanía es ir contra los derechos de la ciudadanía. Perseguir penalmente al parlamentarismo”.

La queja del representante de Ciudadanos no se ha hecho esperar, pero ha sido acallada abruptamente por Borràs.

Tras reprochar a la presidenta del Parlament que estaba realizando “soflamas que van en contra del ordenamiento jurídico”, la máxima representante de la Cámara catalana, visiblemente alterada, ha impedido a Martín Blanco proseguir con su protesta, con tres llamadas al orden, que equivalen a la automática retirada de la palabra según el reglamento del Parlament.

El diputado constitucionalista ha tratado de retomar su protesta avanzada la sesión, aprovechando su intervención en un debate posterior, pero la misma maniobra ha usado Borràs para hacerlo enmudecer por la fuerza: tres llamadas al orden y palabra retirada.

Antes de que eso ocurriera, Martín Blanco ha podido afear a la presidenta del Parlament haber realizado su “enésima exhibición de absolutismo erigiéndose en una suerte de reina Sol”.

A lo que agregó que “se extralimita con la pretensión de que los demás tengamos que callar y tolerar los aplausos de su bancada”, ha proseguido el parlamentario de Ciudadanos antes de verse forzado a abandonar el atril, no sin antes denunciar que estaba siendo “coaccionada” su libertad como diputado.

El primer imputado de la legislatura

La nueva legislatura catalana de Pere Aragonès ya ‘estrena’ su primera imputación.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) citó a declarar como investigado al expresidente del Parlamento catalán y actual consejero de Empresa, Roger Torrent, por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional.

El próximo 15 de septiembre tendrá que dar explicaciones al Tribunal, junto a Josep Costa y Eusebi Campdepadrós, de JxCat, y a Adriana Delgado, de ERC.

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Maria Eugènia Alegret, les cita después de que la Fiscalía se querelló contra todos ellos por desobedecer al Constitucional, ya que tramitaron resoluciones a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía.

Las defensas de Torrent, Costa, Delgado y Campdepadrós presentaron recursos contra la decisión del TSJC de admitir la querella de Fiscalía, pero el tribunal los rechazó, y la magistrada instructora ha aceptado que VOX ejerza la acusación popular en la causa, para lo que tendrá que depositar una fianza de 10.000 euros.

En caso de que la causa contra Torrent prospere y culmine con una sentencia firme, la carrera política de Torrent podría verse comprometida.

El delito de desobediencia conlleva una pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos y ya obligó al expresidente de la Generalitat Quim Torra a dejar el cargo.

La polémica resolución

El 1 de marzo, la Fiscalía Superior de Cataluña presentó esta querella que menciona una propuesta de resolución que el 22 de octubre de 2019 registraron Junts, ERC y la CUP contra la sentencia del 1-O y que defendía el derecho a la autodeterminación.

El Parlament “reitera y retierará tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas (…) la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político”. La querella también aludía a una segunda resolución tramitada el mismo día en la que la cámara también “reiteraba la reprobación”.

Torrent y los miembros de la mesa plantearon esas resoluciones después de que el Tribunal Constitucional hubiera declarado ya inconstitucionales los apartados de otra resolución en el mismo sentido. El fiscal considera que la tramitación de estas propuestas de resolución supuso desoír al Constitucional, que había anulado las leyes de desconexión y había advertido a la Mesa del Parlament de su obligación de impedir que se aplicaran.

Tras conocer su citación ante el TSJC, Torrent ha defendido que la cámara catalana es el “templo de la palabra y del debate” y denunció que “la maquinaria represiva continúa en marcha para limitar y perseguir la libertad de expresión”. “Intentar censurar [al Parlament] es un grave error que va en contra de la democracia”, ha añadido. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, también de Esquerra Republicana (ERC) se ha sumado a las críticas por lo que considera la “judicialización del debate parlamentario”.

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Autor

José Antonio Puglisi

Periodista italovenezolano especializado en economía y periodismo de investigación.

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