JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN PERPETRÓ LAS COLOCACIONES Y SUSANA DÍAZ LAS MANTUVO

El PSOE enchufó en la Junta de Andalucía a más de un millar de personas que cuestan más de 30 millones anuales

El equipo de Juanma Moreno (PP) se ve atado de pies y manos ante el riesgo de tener que afrontar un caro proceso judicial si echase a esos trabajadores a la calle

El PSOE enchufó en la Junta de Andalucía a más de un millar de personas que cuestan más de 30 millones anuales
Manuel Chaves, Susana Díaz y José Antonio Griñán.

Es otro de los regalos envenenados que se ha encontrado la administración de Juanma Moreno Bonilla al frente de la Junta de Andalucía.

El PSOE dejó en herencia al Ejecutivo presidido por el PP y Ciudadanos a más de 1.000 personas enchufadas en el Servicio Andaluz de Empleo y que encima no salen precisamente baratas.

Más de 30 millones de euros hay que destinar a las nóminas de este ejército de estómagos agradecidos, muchos de ellos vinculados al PSOE y/o a los sindicatos.

Y el problema se agrava al encontrar el equipo de Gobierno de Juanma Moreno otra dificultad, la imposibilidad de echarlos por las buenas.

Los servicios jurídicos consideran que ejecutar los despidos podría enfrentar a la Junta de Andalucía a un costoso proceso en los tribunales.

Este escándalo, consolidado en la etapa de José Antonio Griñán, que no hacía más que imitar las prácticas de Manuel Chaves y ante el que Susana Díaz optó por ponerse de perfil, se produce en mayo de 2011 tras la extinción de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

Según cuenta este 13 de agosto de 2021 el diario ABC, cerca de 1.100 personas que actualmente están en el Servicio Andaluz de Empleo provienen de la Faffe, pero con la peculiaridad de no tener definidas funciones concretas…salvo la de cobrar una morterada a final de mes.

De hecho, el 60% de las contrataciones en el servicio de empleo público se hizo sin la debida publicidad y al menos, según constató una investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, 200 trabajadores tenían vinculaciones con el PSOE y los sindicatos.

El remache es que algunos de ellos reconocen tener «tareas improductivas».

Una auditoría encargada por el actual Ejecutivo surgido de las urnas en diciembre de 2018 revela que ese personal heredado de la época socialista supone una lacra a la hora de agilizar gestiones:

Esta problemática impide al SAE la utilización efectiva de todos los recursos humanos con los que cuenta, al no estar claramente definidos cada puesto de trabajo y el tipo de personal que puede realizar cada tarea. Existen también tensiones entre el personal de los entes extinguidos y otros trabajadores de la agencia, al disfrutar de salarios, condiciones y convenios más ventajosos.

Aparte de las cuestiones jurídicas y del palo económico que le supondría al Gobierno de Moreno Bonilla, también se reconoce desde la Consejería de Empleo otro problema de calado:

Dejar sin tareas administrativas a este personal causaría un perjuicio mayor, porque paralizaría el funcionamiento de una agencia decisiva para la recuperación económica.

El informe de la auditora recomienda al Servicio Andaluz de Empleo que implante un catálogo de puestos de trabajo que permita una planificación estratégica de recursos humanos y establezca qué puestos de trabajo son los necesarios y qué perfiles son los adecuados para cada plaza.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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