Era la crónica de una rendición anunciada.
Este 1 de octubre de 2021 el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez se desprende oficialmente del control de las cárceles del País Vasco y pasan a ser competencia del Ejecutivo autonómico de los nacionalistas del PNV.
La transferencia se pactó hace apenas medio año, el 16 de abril de 2021.
Así las cosas, el gabinete de Íñigo Urkullu ya tiene bajo supervisión y el poder de hacer y deshacer a su antojo el normal desarrollo de lo que suceda en los centros penitenciarios de Zaballa (Álava), Basauri (Vizcaya) y Martutene (Guipúzcoa).
Unos 1.300 presos conforman la población reclusa que ahora pasa a las manos del PNV. Pero lo que en realidad le interesa a los nacionalistas es otra cifra, los 67 presos de ETA que se encuentran encerrados en esos presidios y que, a buen seguro, contarán con beneficios penitenciarios ‘ad hominen’.
UN PEAJE DEMORADO
Sin duda, esta transferencia se trata de una de las reivindicaciones históricas de los nacionalistas del PNV que ahora, como uno de los partidos que sostiene al líder del PSOE en La Moncloa, ve cumplida.
Es un peaje más, de los más caros, que el mandatario español tiene que abonar para poder seguir en la poltrona.
A nadie se le oculta que con varios presos de ETA en las cárceles del País Vasco, no tardará el PNV de Íñigo Urkullu en proceder a la concesión de beneficios penitenciarios para esos ‘angelitos’ del tiro en la nuca y la bomba lapa.
Ambos Gobierno, el vasco y el español, ya habían llegado a un acuerdo el 30 de diciembre de 2020 para este traspaso.
Sin embargo, faltaba por concretar la fecha del mismo, aunque dejaba explícito que debía ser a la mayor brevedad posible.
El lehendakari Urkullu, que no se fía un pelo de Sánchez, capaz de firmar una cosa y la contraria, comenzó a presionar desde el inicio de 2021 para exigir el cumplimiento de lo pactado.
Es más, el deseo de los dirigentes del País Vasco es que el dominio de las prisiones hubiese podido realizarse antes del 18 de abril de 2021.
Sin embargo, Sánchez se negó a ese traspaso en este momento para evitar que influyera en los comicios del 4-M que, visto el resultado, todavía hubiese sido más catastrófico.
Finalmente, aunque a regañadientes, el Gobierno vasco aceptó que se hiciera efectivo el traspaso competencial de prisiones después de las elecciones a la Comunidad de Madrid.
Como compensación a esa demora, el Ministerio del Interior pagará íntegramente la construcción de la nueva cárcel de Zubieta (Guipúzcoa), que cuando esté terminada pasará a titularidad autonómica en sustitución de la de Martutene, que entonces volverá a manos del Gobierno central. El coste de esta cárcel es de 39 millones de euros y estará finalizada para 2023.
