PERE ARAGONÈS: "EL CATALÁN EN LA ESCUELA NO SE TOCA"

La chulería de la Generalitat catalana con el Tribunal Supremo: «No vamos a cumplir con el 25% de clases en español»

El Gobierno Sánchez calla ante la bravata de los independentistas

Se saben impunes.

Por eso no es de extrañar que la Generalitat de Cataluña haya dicho alto y claro que se pasa por el forro de sus caprichos la decisión del Tribunal Supremo sobre el uso del español en las escuelas.

De hecho ha sido el propio presidente catalán, Pere Aragonès, quien ha atacado sin rubor la resolución del Alto Tribunal de desestimar el recurso de casación del Gobierno catalán contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que impone un mínimo el 25 % de las materias en castellano en las escuelas.

Para Aragonès lo que ha hecho el tribunal es meterse en casa ajena:

Se trata de una injerencia y una falta de respeto a los docentes. El catalán en la escuela no se toca. El modelo de inmersión lingüística que tenemos es una garantía de cohesión social y de igualdad de oportunidades. No vamos a cumplir con la sentencia.

El jefe del Ejecutivo autonómico añadió que:

Vamos a decirle a la comunidad educativa que no delegaremos las responsabilidades en los maestros, en los docentes, en las profesoras y profesores, sino que las asumiremos como Gobierno para defender un modelo de garantía de cohesión y que tiene consenso.

¿Y QUÉ DICE EL GOBIERNO DE ESPAÑA?

Lo que queda claro es que la pelota queda ahora en el tejado de un Ejecutivo central que algo tendría que decir al respecto de esta bravata de Aragonès.

El problema, tal y como este 24 de noviembre de 2021 lo refleja el diario El Mundo en su editorial, es que el Gobierno Sánchez no quiere irritar a un partido, ERC, que es esencial para la aprobación de los Presupuestos Generales, obligándole a que cumpla con lo emanado de los tribunales:

Es el propio Gobierno de la nación el que debe sentirse concernido por esta trascendental sentencia judicial. Moncloa no puede seguir abdicando tampoco, como hasta ahora, de su responsabilidad para que se ejecute de forma fehaciente la obligatoriedad de que los alumnos reciban enseñanza en castellano. Tras el fallo del TSJC, el sanchismo se escabulló de su deber de hacer cumplir las sentencias y proteger la lengua común. Y cuando fue reconvenido por la Comisión de Peticiones de la UE, tuvo el cuajo de afirmar que carece de competencias para garantizar este derecho, diciendo que esa facultad compete en exclusiva a las autonomías, obviando deliberadamente el importante papel de la Alta Inspección.

Claro que vivimos en el mundo al revés. Porque aquí es el propio Gobierno el que, rendido al independentismo que le sostiene, aprobó una enmienda transaccional a la nefasta Ley Celaá dirigida justamente a eliminar el castellano como idioma común en Cataluña, aunque después los jueces dejaron claro que la norma educativa no blindaba la inmersión lingüística como pretendía el independentismo ni servía para escamotear la obligación de dar el 25% de clases en español.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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