Cayetana Álvarez de Toledo considera que Pedro Sánchez está a un paso de acabar siendo el próximo inhabilitado.
La diputada muestra su indignación tras conocerse que la Generalidad de Cataluña envía “instrucciones” a los colegios para no aplicar el porcentaje de clases en castellano. Es decir, a mantener el catalán como lengua vehicular en la formación académica.
Así lo desveló ‘El Mundo’ tras dar a conocer que el consejero de Educación autonómico dio «instrucciones» precisas a los directores de las escuelas públicas y concertadas de Cataluña para que no apliquen la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obliga a impartir un 25% de materias en castellano en todos los colegios de la región.
La misiva del consejero va acompañada de un cuestionario para cerciorarse de que las direcciones de los colegios se ciñen a la política lingüística impuesta por la Generalidad, que perpetúa la inmersión.
El reto de los independentistas a los jueces tiene una consecuencia directa para Sánchez ante los ojos de Álvarez de Toledo.
La ‘popular’ echa en cara al presidente del Gobierno que “la ‘Agenda del Reencuentro’ sigue viento en popa”, por lo que advierte que “un par de éxitos más y el inhabilitado será Sánchez”.
La “Agenda del Reencuentro” sigue viento en popa. Un par de éxitos más y el inhabilitado será Sánchez.
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La Generalitat envía “instrucciones” a los colegios: no aplicar porcentajes de castellano y mantener el catalán como vehicular https://t.co/FOAVFwgJsW— Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) May 31, 2022
Álvarez de Toledo es consciente de que el presidente del Gobierno sigue avanzando de la mano de los separatistas, lo que supone un peligro para la unidad de España. No en vano, el pasado 26 de mayo, el socialista ofreció al Gobierno catalán reunir «cuanto antes» la mesa de diálogo para Cataluña en el marco de recuperación de la confianza entre ambas instituciones tras la crisis provocada por el espionaje a los dirigentes independentistas.
Después de que días atrás asegurara estar dispuesto a reunir esa mesa cuando lo considerara conveniente el presidente Pere Aragonès, Sánchez aumentó la presión a favor de sus socios separatistas ofreciendo una nueva convocatoria en breve.
Sus referencias al diálogo con Cataluña se han sucedido en respuesta a varios portavoces, entre ellos el de Unidas Podemos, Jaume Asens, y al que ha dicho que asume que aún hay mucho camino que recorrer en Cataluña, pero ha defendido seguir avanzando para tejer confianza, lograr avances y conseguir una solución democrática que sea aceptada por la sociedad catalana.
¿Una alianza en peligro?
El Tribunal Supremo ha rectificado y revisará los indultos concedidos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a los líderes independentistas catalanes sentenciados por sedición. La medida no debe sentar nada bien en Moncloa que sigue sin contentar a sus socios preferentes luego que se conociera que los espiaba con el software Pegasus.
En concreto, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha admitido los recursos interpuestos contra la decisión de esta misma sala, que había rechazado la revisión del perdón judicial otorgado por el Gobierno, sin valorar los argumentos de los recurrentes al estimar que había falta de legitimación de los partidos.
Hace cinco meses PP, VOX, tres diputados de Ciudadanos, el ex delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, y las asociaciones Convivencia Cívica Catalana y Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén recurrieron ante el máximo órgano judicial los reales decretos mediante los cuales quedaban en libertad nueve líderes del llamado ‘Procés’: el ex vicepresidente de la Generalitad catalana, Oriol Junqueras, la ex presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, a los ex consejeros Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Form, Raül Romeva y Dolors Bassa, y Jordi Cuixart y Jordi Sánchez.
Con esta decisión no se revierten las medidas, sin embargo, se estudiarán las razones expuestas por la Administración de Pedro Sánchez para otorgarlos. El pasado 6 de mayo de 2022, en este mismo diario reseñamos que el Ejecutivo en la carta para justificar la medida de gracia, reconocía que no se cumplía con los supuestos de equidad y justicia, exigidas en la Ley de Indultos, para concederlos.
En un texto de 32 páginas, escrito por el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el Ejecutivo se opone al rechazo del perdón por parte del Tribunal Supremo de Justicia y reconoce que el indulto es “una decisión estrictamente política y que sigue la lógica de la política, que es satisfacer necesidades públicas. Por consiguiente, su justificación y su finalidad está por encima de intereses, razones y criterios individuales”.
En el escrito difundido por eldebate.com, se admite que tampoco existe arrepentimiento ni renuncia por parte de los condenados y por si fuera poco, se tira del cinismo al argumentar que la propuesta de liberar a los secesionistas es por “el bien común de la nación” y por la “utilidad pública” que genera la medida. “Ni el arrepentimiento ni la aceptación del indulto son requisitos para su concesión, máxime en un supuesto como este, en el que se propone su concesión por razones de utilidad pública”, razona Campos.
