Es el karma. En el budismo y el hinduismo, existe la creencia de que toda acción humana tiene una fuerza dinámica que marca la existencias del individuo.
Lo que haces crea una energía que luego vuelve a ti.
Si haces algo bueno pues eso es lo que te regresa, si lo que haces se considera malo o negativo, también.
Y Mónica Oltra, la que vocifereaba contra el popular Camps y se ponía camisetas exigiendo que dimitiera ante la posibilidad de ser imputado, recibe su merecido.
Ha vuelto el karma y Oltra se ha visto, este 21 de junio de 2022, obligada a dimitir.
La vicepresidenta valenciana, que solo días antes había negado que abandonaría su cargo, fue forzada a renunciar después de ser imputada por el encubrimiento del caso de abuso sexual sobre una menor tutela, de su exmarido.
Todo ha sucedido como adelantó Hugo Pereira en Periodista Digital que ocurriría.
La presión desde su propio partido, Compromís, y desde sus socios de gobierno, tanto PSPV como Podemos, pusieron contra las cuerdas a Oltra y la forzaron a tomar la decisión de dejar sus cargos en el Gobierno valenciano.
“Me voy con la cara bien alta y los dientes apretados”, admitió Oltra dejando claro que su decisión no fue voluntaria.
Pese al apoyo público que la coalición (formada por Iniciativa, Més Compromís y Els Verds-Equo) manifestó por la líder de Compromís, la presión de algunos sectores de la propia formación y la posibilidad de que el presidente de la Generalidad, el socialista Ximo Puig, la destituya si ella no adoptaba la decisión han podido más que la intención de la propia Oltra de mantenerse en el cargo.
Mónica Oltra
La exclusiva de PD
La información acertó al fechar la renuncia entre el 20 al 26 de junio de 2022.
Fuentes dignas de toda solvencia aseguraron que la vicepresidenta tenía los días contados después de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia viera indicios más que sólidos para imputarla por haber ocultado de manera sistemática esos abusos de su entonces pareja hacia esas jóvenes que estaban tuteladas por la propia Generalitat y, más concretamente, por el propio departamento que dirigía Oltra.
Ximo Puig inició el 19 de junio de 2022 las negociaciones con un sector de Compromís para abordar el espinoso asunto de la destitución.
El caso Oltra
«Existen una serie de indicios plurales que en su conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Mónica Oltra y diversos funcionarios a su cargo, con la finalidad, o bien de proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada».
Es una de las demoledoras frases que utiliza la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para justificar la imputación de la vicepresidenta de la Generalidad Valenciana y consejera de Políticas Inclusivas, en la causa que investiga la gestión que hizo la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de los abusos sexuales de su entonces marido a una menor tutelada de 14 años, entre 2016 y 2017.
Pero no es la única. Y Oltra declarará desde el banquillo el próximo 6 de julio.
Así lo ha decidido la Sala, tribunal al que el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia remitió las actuaciones el pasado mes de abril al estimar que existían hechos presuntamente delictivos atribuidos a Oltra.
Se envió la causa a este órgano ante la condición de aforada de la consejera. Tras recibir las actuaciones, el tribunal preguntó a las partes del procedimiento (acusaciones y defensas) sobre la competencia para instruir el caso. Fiscalía se pronunció favorablemente a que lo asumiera el TSJCV por ver indicios «relevantes» contra Oltra.
En concreto, en este procedimiento se investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada, de 14 años, a manos del exmarido de Oltra entre los años 2016 y 2017.
El educador fue condenado a cinco años de prisión en una resolución ratificada por el TSJCV. Tras la condena, la menor denunció la situación en la que se había encontrado durante la tramitación de la causa y desde el juzgado se abrió una nueva investigación judicial contra seis funcionarios, la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos.
Posteriormente, se imputó a cinco personas más: una directora general, una subdirectora general, un secretario territorial, una jefa de servicio y una técnico. Un total de 13 investigados.
El calvario de Cristina Seguí
Cristina Seguí detalló todo el sacrificio que costó lograr la imputación de Mónica Oltra.
La periodista y presidenta de Gobiérnate recuerda que llevó el polémico caso “en la más absoluta soledad” hasta que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) anunció que investigará a la vicepresidenta valenciana por el presunto encubrimiento de abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada.
No se trató de un camino de rosas, ya que Seguí tuvo que enfrentarse a todo tipo de presiones de la izquierda y la extrema izquierda, desde la censura, querellas y señalamientos políticos hasta incluso amenazas semanales.
Por ejemplo, en sus redes sociales recordó que “tuvo un libro censurado durante una semana antes de salir a la venta por parte de La Esfera de los Libros, donde tocaba con detalle el asunto. La Mafia Feminista que, finalmente, se atrevió a publicar BH Legens”.
No se trata de un caso aislado. La periodista también fue expulsada de las ruedas de prensa de Oltra “usando a policías de la unidad adscrita de Valencia”, así como ya lo había denunciado en octubre de 2021. Además, de sufrir señalamientos de la vicepresidenta valenciana dentro de las Cortes.
Como si fuera poco, Seguí también recibió “dos querellas de Oltra por injurias y calumnias por toda la información recopilada durante estos años, y hecha suya por la Fiscalía y el magistrado instructor”.
Unas presiones que alcanzaron su máximo nivel cuando recibió “amenazas y coacciones a familiares en el ejercicio de su labor profesional”, además de correos semanales con frases intimidatorias como: “Múdate”.
