Quizá se puede decir más alto, pero no más claro, porque Nacho Martín Blanco siempre acierta en la diana:
«Cada vez que bajo al atril del Parlament pienso en lo grotesco que resulta que su presidenta y todo el movimiento populista que gobierna Cataluña tengan la caradura de llamarse oprimidos».
«¡Qué pedazo de trola se han comido muchos catalanes!»
La cara de la independentista Laura Borras, mientras escucha al diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña es todo un poema.
La situación de Borrás, a punto de sentarse en el banquillo por fraccionar contratos para beneficiar a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, no es precisamente cómoda.
Borràs, muy al estilo de los progres, ya ha reiterado que no piensa dimitir y acusa al juez de tener “indebidas prisas” para enviarla a juicio.
La defensa de Borràs, que ejerce Gonzalo Boye -abogado de etarras y de Puigdemont y en su día condenado a 14 años de prisión por participar en el secuestro de Emiliano Revilla en comandita con ETA- , ha recurrido ante la Sala Civil y Penal del TSJC la negativa del juez Ramos a tramitar siquiera su recusación.
El instructor rechazó la recusación que la defensa de Borràs presentó contra él, alegando que fue nombrado en 2004 a partir de una terna propuesta por el Parlament al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la que habría tenido “intervención decisiva” el PSC, grupo que ha solicitado reiteradamente la dimisión de la líder de JxCat.
La presidenta del Parlamento catalán ha afirmado este viernes que, si acaba siendo suspendida al abrirse un juicio oral por su causa judicial, no dejará su cargo, sino que, en todo caso, solo cederá sus funciones presidenciales a otro diputado, hasta que se resuelva definitivamente su caso.
Así lo ha dicho en el programa «Aquí Parlem», de RTVE, en una entrevista conducida por el periodista Lluís Falgàs, después de que la Fiscalía pidiera seis años de prisión y 21 de inhabilitación para Borràs por los delitos de prevaricación y falsedad documental.
