Lierni Armendariz se verá beneficiada de los pactos del gobierno de Pedro Sánchez con EH Bildu.
No en vano, la condenada por el asesinato del exministro socialista Ernest Lluch y de los concejales del PP Francisco Cano y José Luis Ruiz Casado se beneficiará del tercer grado que se sigue entregando a los presos de ETA.
A pesar de estar cumpliendo una condena de 33 años de prisión por el asesinato de Lluch y otros 34 de los concejales ‘populares’, Armendariz podrá disfrutar de la semilibertad. La medida es justificada en el expediente alegando que la etarra «tiene una favorable evolución en los programas de tratamiento» y «ha mostrado signos inequívocos de haberse desvinculado de cualquier fin o medio terrorista».
Sin embargo, no se trata de la única beneficiada por esta medida, ya que las juntas de tratamiento de Martutene, Zaballa y Basauri aprobaron en total otros cuatro tercer grados [a Zigor Orbe, Santiago Vicente Aragón, Aitor Herrera e Igor Martínez de Osaba] y se alcanza así la cifra de 25 progresiones de grado tras el traspaso de la competencia de prisiones, en octubre del año pasado.
Santiago Vicente Aragón fue condenado por el atentado que costó la vida al jefe de la Ertzaintza Mikel Uribe. Cumple una pena de 33 años.
Según el informe, «ha completado un proceso crítico de reflexión personal, reconoce el daño causado y muestra su rechazo contundente al uso de la violencia».
Igor Martínez de Osaba, condenado por el asesinato del subteniente retirado Alfonso Parada, «se ha desvinculado del colectivo de presos» y de la violencia y ha participado en programas de reparación del Gobierno vasco.
También en el caso de Zigor Orbe -condenado a 17 años por el ataque incendiario contra un autobús en que resultó herido grave el conductor- se observan «signos inequívocos de desvinculación». También los muestra Aitor Herrera, que no tiene delitos de sangre.
De la primera veintena de progresiones aprobadas por el Gobierno vasco, la inmensa mayoría fueron avaladas y sólo dos fueron revocadas por la Audiencia Nacional: las de Iñaki Bilbao Gaubeka y Gorka Martínez Ahedo.
Los 37 presos de ETA
El Gobierno de Pedro Sánchez ha trasladado al País Vasco a treinta y siete presos de ETA en lo que va de año. Después del último acercamiento conocido este martes, con 12 terroristas trasladados a Euskadi, el 70% de los reclusos están en prisiones vascas, según los datos aportados por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
Con los últimos movimientos, reactivados en los últimos quince días tras unos meses de freno a los traslados, el Ministerio del Interior consuma definitivamente el final de la política de dispersión de reclusos etarras. Porque, tal y como recordaba el colectivo de víctimas en su comunicado de este martes, ya solo quedan 50 presos de ETA fuera de las cárceles del País Vasco y Navarra. Ahora mismo 111 etarras cumplen condena en las tres prisiones de Euskadi y otros once en la cárcel de Navarra.
Esos números contrastan sobremanera con lo que ocurría tan sólo hace un par de años, cuando la mayoría de reos de la banda terrorista cumplía sus condenas en varias cárceles ubicadas en Andalucía y Madrid, además de en otras regiones de España alejadas del País Vasco.
