Ada Colau lanzó un salvavidas a Óscar Camps.
Tras entregarle la Medalla de Oro al Mérito Cívico, ahora la alcaldesa de Barcelona le da otro ‘regalito’ a la Fundación PROA (conocida como Open Arms): subvencionarla con una importante cuantía para llevar a cabo trabajos de salvamento.
El consistorio barcelonés ha establecido un convenio con Open Arms mediante el que el ejecutivo local facilitará una cuantía de 100.000 euros a la fundación liderada por Camps.
Esta partida financiará en un 19,73% el proyecto Protección por presencia, rescate humanitario y comunicación de emergencia en el Mediterráneo, que la organización llevó a cabo entre los pasados meses de agosto y de diciembre y que le supuso un coste total de 506.963 euros.
El acuerdo, firmado por la regidora Laura Pérez, obliga a la Fundación PROA a justificar la aplicación de los fondos municipales recibidos en un periodo de tres meses, a contar desde el pasado 31 de diciembre.
En los últimos años, la organización encabezada por Camps ha disparado sus ingresos. La organización pasó de depender exclusivamente de voluntarios tras su creación a ingresar, en 2019, 3,5 millones de euros al año, según informó Crónica Global.
En 2020, según la memoria anual de la ONG, los ingresos se incrementaron hasta los 4,4 millones de euros, mientras que en 2021 éstos alcanzaron los 4,7 millones.
Oscar Camps y Ada Colau.
Derrota ante Periodista Digital
El asunto se remonta a diciembre de 2019. Fue entonces, cuando el online de Nacho Escolar y otros medios de la ‘Brunete Pedrete’ salieron anunciando, a toda página y con gran alborozo, que Òscar Camps, presidente de la ONG ‘Open Arms’ había denunciado a Periodista Digital, a su director Alfonso Rojo y a uno de sus colaboradores.
Y añadían, alterando sibilinamente la verdad, que nuestro medio había publicado artículos entre los meses de agosto y septiembre de ese año, “enmarcados en una campaña contra la solidaridad con las personas migrantes y refugiadas en el mar Mediterráneo, que buscaba denigrar y criminalizar la labor humanitaria de las organizaciones que en él operan salvando vidas, incluida Open Arms».
Textualmente, como el propio Camps afirmaba en su demanda, nos atribuían lindezas como haber acusado -«sin ninguna prueba, sin ninguna investigación previa y con absoluto desprecio a la verdad”- al presidente de ‘Open Arms’, de:
“traficar con seres humanos, de colaborar con las mafias internacionales de tráfico de personas, de ser un ‘esclavista’ y un ‘negrero’ e incluso de enriquecerse personalmente a costa de la muerte de los migrantes».
En el caso concreto de Antonio Cabrera, un veterano bloguero cuyas notas aparecen esporádicamente en Periodista Digital, le atribuían haber dicho en su artículo ‘Open Arms: entre el choteo y la descojonación’ que «esa supuesta ONG ha manipulado a la opinión pública (…) colaborando con las mafias de traficantes de seres humano; utilizándolos como mercancía para alcanzar sus objetivos políticos».
Y que también había afirmado que el objetivo de Camps «nunca fue ‘salvar vidas’ sino llevar ilegalmente a los emigrantes a Europa vulnerando sus leyes y sus fronteras».
Por todo ello, además de solicitar, por vía civil, la eliminación del rastro de esos artículos de las búsquedas en Google y otros buscadores en Internet, la publicación de la sentencia «en dos diarios de tirada nacional», pedía que nos impusieran una indemnización de 10.000 euros por daños y perjuicios.
Daban por supuesto, tanto Camps como los medios que aplaudían su iniciativa, que la sentencia les iba a ser favorable, pero no ha sido así.
Mediante Sentencia de 18 de noviembre de 2020, un Juzgado de Mataró ha desestimado la demanda y absuelto a Periodista Digital, Alfonso Rojo y a Antonio Cabrera, con todos los pronunciamientos favorables.
Atendiendo a los argumentos de los letrados de este medio, dirigidos por el abogado Álvaro Rojo, determinó el Juzgado que:
“el derecho a la libertad de expresión, en el caso de autos, goza de una mayor amplitud y, debilita , en su caso, el derecho al honor de los actores, dada la proyección pública de los mismos y la que se ha hecho ya referencia, unido al hecho notorio de su implicación en un asunto de relevancia pública nacional e internacional.
Al respecto, la multitud de artículos periodísticos aportados por la parte demandada (…), como ya se decía, demuestran no solo la notoriedad de los hechos sino que los mismos daban lugar a un debate internacional sobre el problema de la inmigración.”
Para mayor Inri, Òscar Camps, presidente de Open Arms y su organización han sido condenados al pago de las costas.
La sentencia es firme y resultan ganadoras las libertades de expresión e información frente a quienes buscan la moradaza, que en palabras del Tribunal Constitucional recogidas en la Sentencia, deben soportar las opiniones o informaciones de interés general, pues así lo requieren el pluralismo político, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática.
