Descaro absoluto.
En medio del escándalo de corrupción que salpica a su Gobierno, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, reconoció sin sonrojarse ni un poco, que había sido advertido por el Gobierno de Pedro Sánchez de que la Policía Nacional y la Agencia Tributaria iba a realizar una actuación para registrar y detener a los presuntos implicados antes de que ocurriera.
De acuerdo al propio secretario general del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), la Delegada del Gobierno en Cantabria, Ainhoa Quiñones, fue quien le dio el chivatazo de la acción de las autoridades, algo que constituiría un delito.
Revilla contó en la rueda de prensa del pasado viernes, 3 de marzo de 2023, convocada para anunciar la renuncia del consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, de la forma más casual, la acción irregular:
«El miércoles a las 7:20, cuando me estaba afeitando, me sonó el móvil y era la delegada del Gobierno de Cantabria, que me comunicaba que a las 7:30 iban a entrar en la Consejería de Obras Públicas inspectores fiscales y policías ante un caso de corrupción muy grave, me dijo.
«Me lo comunicaba para que tuviera conocimiento de que a las 7:30, que es la hora de la apertura de la Consejería se iba a proceder a ese registro con orden judicial».
Como si no fuera suficiente, también confesó que en la llamada, Quiñones le compartió otros detalles de la investigación: que «había detenidos y encontrado dinero en el domicilio de una persona de la Consejería».
¿Quién avisó a la delegada del Gobierno del registro en la consejería Cantabria?
¿Por qué avisó a Revilla?
¿Por qué Revilla se empeñó tantísimo en dejar claro que el aviso de la delegada se produjo antes de las 7:30 de la mañana?Le hemos pedido a la Fiscalía que lo investigue. pic.twitter.com/c3mVfLjGiJ
— Félix Álvarez (@Felisuco_) March 4, 2023
El dar a conocer con antelación la acción de la Policía podría entorpecer las maniobras de las autoridades, así como facilitar la destrucción de evidencia. Es por esto que solo la jueza y los agentes deben tener la información sobre el procedimiento.
Por lo tanto, este hecho, como lo denunció el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento cántabro, Félix Álvarez, podría constituir un delito, ya que contraviene al artículo 466 del Código Penal.
«Es un escándalo que Revilla y la delegada del Gobierno conocieran la intervención policial en Obras Públicas antes de que se produjera».
Ante esto, Álvarez lanza dos preguntas que deben ser aclaradas: «¿Quién comunicó, contraviniendo la ley, que se iba a registrar la consejería de Obras Públicas?» y «cómo es posible que Quiñones en lugar de guardar silencio y denunciar a quién reveló el secreto, avisara al señor Revilla?».
El investigado no fue a trabajar
El diputado Álvarez ha indicado que el funcionario que está bajo investigación se ausentó el mismo día del la acción de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria.
Llamó a primera hora a la consejería de Obras Públicas para informar que no asistiría a trabajar ‘por problemas personales’. Según algunas informaciones no oficiales, el día anterior al registro se habría deshecho de documentos que supuestamente habría tirado en un contenedor.
Más de 8 millones de euros en contratos amañados
El gobierno regional otorgó contratos por un valor de 8,8 millones de euros a un grupo de empresas implicadas en una trama de corrupción. Estos convenios fueron otorgados sin pasar por concurso público, durante la pandemia de coronavirus.
El pasado 22 de febrero, agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria entraron en la sede de la Consejería de Obras Públicas de Cantabria, después de detectar múltiples irregularidades en las adjudicaciones públicas millonarias relacionadas con el mantenimiento de las carreteras de la comunidad autónoma. Al finalizar la búsqueda, se informó sobre la detención de un funcionario y varios empresarios.
Según reporta El Debate, durante el período 2019-2022, la Consejería de Obras, bajo el liderazgo del partido regionalista de Revilla, otorgó contratos por un valor total de 8.879.439,01 euros. El consejero que dirige este departamento es José Luis Gochicoa, actualmente en el cargo, adjudicó los convenios a un grupo de compañías que conformaron una red de corrupción: Rucecan SL, Api Movilidad SA, la UTE, compuesta por Rucecan SL y Obras del Norte SA, y Centro de Jardinería La Encina SL.
Por su parte, el presunto líder de la trama corrupta, era el jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Díez, quien estaba en funciones hasta su detención el pasado jueves. Según consta en el auto de ingreso en prisión sin fianza, Díez habría obtenido ingresos ilegales por un valor de tres millones de euros durante el año 2022. A pesar de percibir un salario anual de 69.000 euros, el cabecilla de la trama disponía de cinco propiedades inmobiliarias.
