Han pasado casi seis meses desde que se publicó en el BOE la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa, una norma que en su Disposición Cuarta establece con claridad la obligación del Estado de rehabilitar a los guardias civiles expulsados injustamente, aquellos que, sin haber cometido delito alguno, fueron apartados del servicio por motivos ideológicos o por defender principios democráticos en tiempos donde hacerlo suponía jugarse el uniforme y la libertad.
Esa rehabilitación debía haberse ejecutado sin dilaciones. Sin embargo, a día de hoy, ni el Ministerio del Interior ni el de Defensa han dado cumplimiento alguno a lo que una ley orgánica y varias resoluciones judiciales ordenan. La situación ya no es un simple retraso administrativo: es un caso de desobediencia institucional.
El policía José Sánchez Amor, miembro de este colectivo y referente en la lucha por la memoria y la justicia dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ha denunciado con contundencia: “¿De qué se extrañan las asociaciones de la Guardia Civil? Los ministros del Interior y de Defensa están obligados, en un Estado de Derecho, a cumplir y hacer cumplir las resoluciones judiciales.” Y esas resoluciones existen y están plenamente vigentes: la RA 871 del Tribunal Constitucional y la 69966/01 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambas amparan los derechos de aquellos agentes que fueron expulsados sin causa penal, por el solo hecho de defender la legalidad democrática.
Sánchez Amor denuncia una doble moral en el cumplimiento de las sentencias: “Se apresuran a ejecutar resoluciones europeas cuando se trata de etarras, pero no tienen el mismo empeño cuando las víctimas son guardias civiles democráticos.”
La Ley Orgánica del Derecho a la Defensa, impulsada en el Congreso por el diputado Enrique Santiago, incluyó expresamente en su Disposición Cuarta la reparación debida a estos servidores públicos injustamente castigados. Se publicó en el BOE el 12 de noviembre de 2024, y los afectados presentaron en tiempo y forma las solicitudes exigidas. Hoy, medio año después, siguen esperando una respuesta que no llega.
Desde GUCIPOL exigimos que se dé orden inmediata para ejecutar esta rehabilitación. No hay excusa ni resquicio legal que justifique el incumplimiento de una ley orgánica. “Pido a los ministros que den la orden para que se cumpla con dicha resolución sin demorarlo un minuto más, porque de no ser así estaríamos ante un caso fragrante del incumplimiento de una ley orgánica”, afirma Sánchez Amor.
Como colectivo democrático, advertimos: no callaremos ante esta injusticia. Los valores que defendimos con el uniforme y que nos costaron la carrera merecen hoy el respeto del Estado de Derecho.
Porque reparar a los nuestros no es una concesión: es una obligación legal, moral e histórica. Y porque ningún Gobierno que presuma de demócrata puede seguir mirando hacia otro lado.
Ya está bien de paños calientes. Es hora de cumplir la ley.
