Para los vivos nos debemos respeto, pero con los muertos debemos sólo la verdad. Va por vosotros los que ya no estáis.
En plena democracia, bajo gobiernos constitucionales y en un país que decía haber dejado atrás la represión, un grupo de guardias civiles fueron perseguidos, expulsados, silenciados y destruidos profesionalmente por ejercer derechos reconocidos en la Constitución de 1978. Fueron los conocidos como UMDVERDES, en referencia a su paralelismo con la Unión Militar Democrática (UMD), pero nacidos ya en la era constitucional, durante la década de los años 80.
Entre ellos destaca Miguel Ángel Lezcano López, autor del libro Testigo Involuntario, editorial ACEN, guardia civil de carrera, condecorado, internacionalista, fundador de la UniónGC (Unión de Guardias Civiles), Web UnionGC e impulsor de los primeros movimientos asociativos dentro del cuerpo. Su testimonio no es un relato del franquismo, sino una crónica de la democracia española que decidió no serlo del todo dentro de los cuarteles.
Represión en tiempos de libertades.
Lejos de una transición culminada con éxito, los años 80 y 90 fueron testigos de una estrategia represiva sostenida contra aquellos miembros de la Guardia Civil que osaban pedir derechos democráticos, como la libertad de expresión, el derecho de asociación o la desmilitarización funcional del cuerpo. A estos agentes no se les combatió con argumentos ni con diálogo. Se les persiguió con expedientes falsos, sanciones injustas, internamientos psiquiátricos sin orden médica ni judicial, y en los casos más graves, con expulsiones fulminantes que truncaban no solo una carrera, sino una vida entera de servicio al Estado.
La Operación Columna: crimen institucional.
Buena parte de estas prácticas se materializaron en lo que hoy se conoce como la Operación Columna, un dispositivo institucional ideado para neutralizar, desacreditar y desactivar a los guardias civiles “democráticos”, en ocasiones infiltrando confidentes, manipulando informes, o fabricando pruebas para expulsarlos del cuerpo. Lejos de tratarse de casos aislados, esta operación contó con la participación directa o encubierta de altos mandos, servicios jurídicos del Estado, e incluso el apoyo pasivo de gobiernos democráticos, que decidieron mirar hacia otro lado o participar activamente en la represión.
Psiquiatrización del disidente: el método más perverso.
Uno de los mecanismos más brutales fue el ingreso forzoso en centros psiquiátricos de algunos de estos guardias civiles sin que mediara orden judicial ni indicación médica. Bastaba con que un superior lo ordenara. Se trataba de un castigo ejemplarizante: quien piense, quien cuestione, será tratado como enfermo. Este abuso constituye no solo una violación sistemática de derechos humanos, sino una forma de tortura institucional, inaceptable en cualquier régimen democrático y más aún en el seno de una institución armada del Estado.
Sentencias firmes, derechos ignorados.
La desobediencia institucional alcanzó su clímax cuando el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) emitieron sentencias claras reconociendo el derecho de asociación profesional de los guardias civiles. España, pese a estos fallos, desobedeció sistemáticamente, prolongando el castigo de quienes lucharon por esos derechos antes de que se reconocieran. No hablamos solo de inacción política. Hablamos de una desobediencia institucional grave que puede ser leída jurídicamente como prevaricación, desacato o incluso crimen de Estado en la medida en que se persiguió la legalidad bajo el amparo del poder.
Una rehabilitación sin reparación.
Hoy, algunos de estos agentes han sido formalmente rehabilitados, pero siguen sin recibir indemnización, disculpa oficial, ni reconocimiento público como víctimas del abuso institucional. La democracia española les debe una reparación moral, política, legal y económica.
Cuando la corrupción es sistémica.
Este caso no puede entenderse sin analizar el papel de la corrupción política estructural, no solo como malversación o clientelismo, sino como instrumento de blindaje de un sistema que castiga al disidente y premia al sumiso. Durante décadas, todos los gobiernos –de izquierdas y derechas– colaboraron o consintieron la represión contra los UMDVERDES, dejando claro que el “pacto del silencio” no era sólo sobre el pasado franquista, sino sobre el presente incómodo.
Hacer algo para recordar no es una consigna nostálgica. Es una exigencia ética. La historia de los UMDVERDES no debe permanecer enterrada en los archivos del Ministerio del Interior. Debe ser parte del relato oficial de la democracia española. Porque mientras no se reconozca lo que hicieron y lo que les hicieron, la democracia seguirá teniendo una deuda pendiente con sus propios defensores. El autor del libro y guardia civil, que se titula Testigo Involuntario, trata de dar a conocer, a recordar la historia para que nadie se olvide del pasado para que no se vuelva a repetir, y para que nuestros jóvenes aprendan de ella. Un libro escrito por un testigo, como él denomina involuntario, hechos graves que ponen en jaque la creibilidad de nuestro sistema de gobierno que más que una democracia se parece a una anarquía con la máxima que el que pueda se lleve lo que pueda. Nadie se salva. Lezcano como guardia civil fue activo pero sin duda testigo involuntario, y ahora quiere recordar, para que se recuerde a los compañeros que han sido acosados y torturados por el supuesto régimen democrático de unos pocos.
