Las Fuerzas de Seguridad del Estado, hartas del maltrato, se empoderan y comienzan a poner freno a las vulneraciones de sus derechos básicos, Equiparación Ya EYA presenta demanda.
El reglamento del Consejo de Policía, 38 años bajo sospecha: la justicia admite la demanda del sindicato Equiparación Ya
La estructura de participación sindical dentro de la Policía Nacional podría estar a punto de enfrentarse a una de las revisiones jurídicas más importantes desde la consolidación democrática. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite la demanda presentada por el sindicato Equiparación Ya (EYA) contra el Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno del Consejo de Policía, una norma que lleva vigente desde hace casi cuatro décadas.
El procedimiento, registrado como Procedimiento Ordinario nº 896/2025 en la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 7ª), abre un escenario judicial inédito: por primera vez desde 1987 se cuestiona formalmente ante los tribunales la legalidad y el funcionamiento estructural del órgano que regula la participación de los policías nacionales en la determinación de sus condiciones laborales.
Un reglamento “provisional” durante 38 años
El origen del problema se remonta a la aprobación del reglamento del Consejo de Policía mediante una orden ministerial de 1987, concebida inicialmente con carácter provisional para desarrollar lo previsto en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Dicha normativa define el Consejo de Policía como un órgano colegiado paritario de participación, destinado a canalizar la representación de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Administración en materias relativas a condiciones de empleo, negociación colectiva y resolución de conflictos.
Sin embargo, lo que nació como un marco transitorio ha permanecido prácticamente inalterado durante casi cuarenta años, lo que según los demandantes ha generado disfunciones estructurales que afectan al ejercicio efectivo de derechos sindicales básicos.
Una impugnación con alcance estructural
La demanda presentada por Equiparación Ya no se limita a denunciar irregularidades puntuales. Según el sindicato, el problema es sistémico y estructural, afectando al propio funcionamiento del Consejo de Policía y a la capacidad real de representación de los agentes.
Entre las cuestiones que se pretenden analizar judicialmente se encuentran: El funcionamiento interno del Consejo de Policía. El respeto efectivo al principio de paridad entre Administración y representantes policiales. Las limitaciones al derecho de participación y negociación colectiva. Las posibles vulneraciones del principio de libertad sindical.
De prosperar la demanda, el impacto podría ser profundo, ya que abriría la puerta a la anulación del reglamento vigente y a su reforma integral, algo que no ha ocurrido desde su creación.
Un punto de inflexión en la representación policial
La admisión a trámite por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no implica todavía una resolución sobre el fondo del asunto, pero sí marca un punto de inflexión en el debate sobre la gobernanza interna de la Policía Nacional.
Durante décadas, las organizaciones sindicales policiales han denunciado la falta de actualización del marco regulador del Consejo de Policía y la existencia de mecanismos que limitan su capacidad real de influencia en decisiones que afectan a miles de agentes.
La vía judicial abierta ahora supone trasladar ese debate al ámbito jurisdiccional, donde se analizará si el actual reglamento cumple con los estándares constitucionales en materia de participación, representación y libertad sindical.
Democracia interna en las fuerzas de seguridad
La cuestión de fondo va más allá de un reglamento administrativo. Se trata de determinar si los mecanismos de representación dentro de las fuerzas de seguridad del Estado están alineados con los principios de una democracia madura.
La revisión judicial del reglamento del Consejo de Policía podría convertirse así en una oportunidad para modernizar la estructura de participación sindical, adaptándola a las exigencias actuales de transparencia, equilibrio institucional y respeto a los derechos colectivos de los funcionarios policiales.
En definitiva, lo que comenzó como una norma provisional en los primeros años de la democracia española podría enfrentarse ahora, casi cuarenta años después, a su examen definitivo ante los tribunales. Y ese examen podría redefinir el futuro de la representación profesional dentro de la Policía Nacional.
