El Sindicato EYA ha denunciado públicamente su exclusión de la reunión convocada por la Secretaría de Estado de Seguridad para el próximo 30 de marzo, en la que se abordará la consideración de profesión de riesgo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).
Desde la organización sindical consideran que esta decisión no responde a un hecho casual, sino a una estrategia deliberada para apartar a quienes, como ellos, se oponen a lo que califican como un nuevo intento de “blanquear” la discriminación que sufren los agentes encuadrados en el régimen de Clases Pasivas.
EYA recuerda que esta situación no es nueva. Ya el 15 de enero de 2024, en una reunión con el Ministerio del Interior, se esgrimieron argumentos como la complejidad técnica, la necesidad de coordinación interministerial o las dificultades jurídicas para justificar la falta de avances. Sin embargo, más de dos años después, denuncian que la situación permanece intacta: sin soluciones concretas, sin garantías reales y sin una igualdad efectiva entre los agentes.
En este contexto, el sindicato advierte de que la reunión del 30 de marzo podría convertirse en una repetición de escenarios anteriores, lo que califican como “el día de la marmota”: encuentros sin resultados, declaraciones vacías y decisiones aplazadas indefinidamente.
La principal preocupación de EYA radica en que, una vez más, los agentes de Clases Pasivas queden fuera de cualquier acuerdo sobre la profesión de riesgo. De producirse, afirman, no se trataría de un fallo técnico, sino de una decisión política consciente.
Por ello, el sindicato exige la inclusión expresa de todos los miembros de las FCSE, independientemente de su régimen, en cualquier medida que se adopte; una jubilación anticipada sin pérdida retributiva; la eliminación de cualquier discriminación por fecha de ingreso; y un compromiso político firme, por escrito, con plazos definidos.
El mensaje final de EYA es contundente y resume el núcleo del conflicto: misma profesión, mismo riesgo y, por tanto, misma jubilación. Cualquier exclusión, concluyen, supondría consolidar una desigualdad que consideran injustificable en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
