Hay fechas que marcan avances y otras que evidencian estancamientos. El pasado 30 de marzo pertenece, sin duda, a las segundas. Lo que se presentó como un nuevo paso hacia la jubilación anticipada en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha terminado siendo, una vez más, un ejercicio de repetición política: reunión institucional, fotografía, comunicado optimista y promesa de futuras mesas de trabajo.
Nada nuevo bajo el sol.
El Sindicato Equiparación Ya (EYA) ha sido claro —y certero— en su diagnóstico: no existe acuerdo, no hay texto legal, no hay compromiso normativo vinculante y, en consecuencia, no hay solución. Y cuando no hay norma, todo lo demás es relato.
Lo preocupante no es solo la ausencia de avances, sino la reiteración del patrón. 2024, 2025 y ahora 2026 han seguido el mismo guión, como si la política de seguridad se gestionase en bucle: se convoca una reunión, se lanza un titular, se promete una mesa técnica… y se vuelve al punto de partida. Mientras tanto, miles de agentes continúan sin una respuesta jurídica clara, verificable y efectiva.
Pero si hay una línea roja en todo este asunto es la situación de las Clases Pasivas. Aquí ya no hablamos de demora, sino de posible discriminación estructural. Pretender trasladar la idea de que la jubilación anticipada está cerca, cuando ni siquiera se garantiza su aplicación a este colectivo, no es solo una falta de rigor: es una forma de desinformación institucional.
Decirlo claro no debería ser incómodo: a día de hoy, no hay jubilación anticipada para quienes pertenecen a Clases Pasivas. Y lo que se vende como avance no es más que otra promesa sin respaldo legal.
En un Estado de Derecho, las soluciones no se construyen con declaraciones ni con mesas de trabajo indefinidas. Se construyen con normas. Con textos legales redactados, registrados y blindados. Todo lo demás —por mucho que se repita— no genera derechos, solo expectativas.
Y las expectativas, cuando se prolongan durante años sin materializarse, terminan convirtiéndose en frustración.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no necesitan más gestos simbólicos. No necesitan más titulares ni más comunicados vacíos. Necesitan seguridad jurídica. Necesitan una reforma legal que garantice, sin ambigüedades ni exclusiones, la jubilación anticipada sin pérdida retributiva para todos los agentes, con independencia de su régimen.
Lo contrario es perpetuar una desigualdad que no se sostiene ni ética ni jurídicamente.
Después de tantos años de espera, lo que ya no puede pedirse a los profesionales de la seguridad pública es paciencia. Lo que corresponde exigir, desde dentro y desde fuera, es respeto.
Porque cuando un derecho se promete una y otra vez sin cumplirse, deja de ser una reivindicación pendiente para convertirse en un síntoma evidente de descrédito institucional.
Y eso, en materia de seguridad del Estado, debería preocuparnos a todos.
