Espero que esta vez sea verdad que a las Clases Pasivas se nos tenga en cuenta. No sería un gesto de cortesía institucional, sino un acto de justicia largamente aplazado. Porque conviene recordarlo: fuimos marginados en el acuerdo de 2018, a pesar de que hemos sido precisamente quienes, durante décadas, conseguimos —con enorme sacrificio— los pocos derechos que hoy sostienen la dignidad de policías y guardias civiles en su jubilación.
Aún resuena la memoria de aquellos manifestantes del 76 y los UMDVERDES que cambiaron su libertad por nuestros derechos. Aquella generación asumió riesgos que hoy cuesta incluso imaginar. Y, sin embargo, desde entonces, ministros y sindicatos han mantenido a las Clases Pasivas en un segundo plano, como si nuestra contribución histórica fuese un capítulo ya cerrado. No lo es. No puede serlo.
Un equilibrio imprescindible: jubilación digna para todos.
Es preciso combinar, de una vez por todas, los derechos a una jubilación digna de policías y guardias civiles —reconocidos en el primer acuerdo de 2018— con la actualización pendiente de quienes ya estaban jubilados o en reserva en ese momento. No se trata de un privilegio, sino de coherencia jurídica y ética.
Si la profesión ha sido declarada de riesgo, ese reconocimiento debe tener efectos para todos, no solo para quienes se jubilan después de una fecha administrativa. La seguridad no empezó en 2011 ni en 2018. El riesgo tampoco.
Por eso es imprescindible: Cumplimentar la pensión de jubilación de todos los policías y guardias civiles con los aumentos derivados de la condición de profesión de riesgo. Garantizar que los reservistas y jubilados a partir de 2018 no pierdan ningún derecho. Evitar que la fecha de integración en un régimen u otro determine desigualdades que no responden a la realidad del servicio prestado.
Una división artificial que debilita a todos
Existe un problema que conviene nombrar sin rodeos: la división interna entre quienes pertenecen a Clases Pasivas y quienes, desde 2011, están integrados en el Régimen General de la Seguridad Social. Esa fractura no es natural; es administrativa, y ha sido utilizada para enfrentar a colectivos que comparten historia, riesgos, sacrificios y vocación.
Algunos perciben que las Clases Pasivas “ya están cubiertas”, mientras otros creen que el Régimen General ofrece más garantías de futuro. Pero esta discusión, tal como se plantea, es un espejismo. La realidad es que ambos grupos sufren carencias distintas, pero igualmente injustas, y que la única salida razonable es una reivindicación conjunta basada en tres principios: Igual trabajo, igual riesgo, igual reconocimiento. Nadie debe perder derechos por una fecha de corte.La unidad del colectivo es la única fuerza capaz de corregir décadas de desigualdad.
Mientras se mantenga esta división, será más fácil que las administraciones continúen aplicando soluciones parciales que dejan a un grupo atrás para contentar al otro. Y eso no es justicia: es gestión de mínimos.
Un llamamiento necesario
Las Clases Pasivas no pedimos privilegios. Pedimos respeto a la trayectoria, coherencia normativa y equidad intergeneracional. Pedimos que no se repita el error de 2018, cuando se nos dejó fuera de un acuerdo que afectaba directamente a nuestra dignidad como servidores públicos.
Hoy, cuando se vuelve a hablar de reformas, ajustes y reconocimientos, es el momento de corregir esa deuda histórica. No hacerlo sería perpetuar una discriminación que ningún cuerpo de seguridad debería aceptar. Porque si algo ha demostrado nuestra historia es que los derechos se conquistan juntos o no se conquistan. Y esta vez, sí, debe ser verdad.
Conclusión.
La equiparación es posible, jurídicamente defendible y financieramente asumible si se articula mediante: Un complemento compensatorio para Clases Pasivas. O una actualización del haber regulador vinculada a la profesión de riesgo. O una armonización normativa que reconozca el riesgo con efectos retroactivos. La clave es que no se trata de igualar regímenes, sino de igualar derechos derivados del riesgo profesional, que es común a todos los agentes, independientemente de la fecha en que se jubilaron o del régimen al que pertenecen.
