Felipe VI ha anunciado este 15 de marzo de 2020 que ha renunciado a la herencia de Don Juan Carlos «que personalmente le pudiera corresponder».
La Casa del Rey ha avanzado también que el monarca ‘emérito’ deja de percibir la asignación que tiene fijada en los Presupuestos de la Casa de S.M. el Rey.
El Rey de España ha renunciado también «a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona».
Todo el ‘affaire’ apesta. Don Juan Carlos de Borbón, además de ensuciar su nombre, coloca en una situación muy difícil a la monarquía en nuestro país.
El dinero que aparece en las cuentas, para más escándalo, habría terminado parcialmente en manos de las dos examantes del actual rey emérito: Marta Gayá (dos millones de dólares) y Corinna Larsen (65 millones de dólares) por la voluntad del emérito.
Felipe VI con su padre el rey Juan Carlos.
El Palacio de la Zarzuela ha emitido este comunicado a raíz de las informaciones publicadas por varios medios respecto a que Felipe VI aparece como beneficiario de dos fundaciones llamadas «Zagatka» y «Lucum».
La primera de las cuentas, de nombre Lucum, habría sido la destinataria en 2008 de 100 millones de dólares (unos 65 millones de euros) que Arabia Saudí habría pagado a Don Juan Carlos por mediar en la contratación del AVE a la Meca.
La segunda cuenta, de nombre Zagatka, era utilizada presuntamente por el primo del rey emérito, Álvaro de Orleans-Borbon, para pagar viajes al padre del actual monarca. Felipe VI aparece como beneficiario en ambas.
En el primer caso, afirma que el Rey lo desconocía, pero que en tal caso renuncia a ella; en el segundo, que tuvo conocimiento por un despacho de abogados en marzo de 2019 y que en abril compareció ante notario para manifestar que había dirigido una carta a su padre para que «si fuera cierta su designación o la de la Princesa de Asturias como beneficiarios de la citada Fundación Lucum, dejara sin efecto tal designación, manifestando igualmente que no aceptaría participación o beneficio alguno en esa entidad».
Según la cronología expuesta por Casa Real, el Rey Felipe recibió una carta el 5 de marzo de 2019 de parte de una firma de abogados británica, Kobre&Kim, en la que se le informaba de su supuesta designación como beneficiario de la “Fundación Lucum”, desde el momento en el que se produjese el fallecimiento de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos.
Semanas más tarde, el 21 de marzo, el Rey respondía al citado despacho de abogados que «ni Su Majestad ni Su Casa tenían conocimiento, participación o responsabilidad alguna en los presuntos hechos que mencionaba, -por lo que carecía de toda justificación lícita su involucración en los mismos-, ni designaría representante legal para iniciar negociación alguna con el citado despacho de Abogados sobre los
hechos descritos».
El comunicado afirma también que Don Juan Carlos ha pedido «que se haga público» que «de las dos Fundaciones anteriormente citadas en ningún momento facilitó información» a su hijo y que «ha designado para su representación al abogado «Javier Sánchez-Junco Mans que, en el ejercicio del derecho a la defensa, será a partir de este momento quien proceda a dar cuenta públicamente de las informaciones que le puedan afectar».
LAS AMANTES Y LOS MILLONES
Según lo publicado este fin de semana por el periódico The Telegraph, la Fundación Lucum establecía la obligación al «segundo beneficiario» de la offshore panameña -que sería Felipe de Borbón- de «proporcionar mantenimiento durante la vida de todos los miembros de la familia real».
Así como «satisfacer cualquier solicitud razonable que puedan hacerle a él su madre, hermanas y sus hijos» en el supuesto de que heredase el fondo creado por Juan Carlos I -primer beneficiario- en 2008 para ocultar una transferencia del rey de Arabia Saudí por valor de 100 millones de dólares (unos 65 millones de euros al cambio en aquella época).
Dicha cantidad, tras restar algunas disposiciones que se realizaron durante los años posteriores (se tiene constancia del desembolso de 800.000 euros en 2009 mediante «transferencias en efectivo a España para necesidades personales» y de dos millones a su amiga Marta Gayá durante los años 2011 y 2012 ) habría permanecido en una cuenta del banco suizo de Mirabaud hasta septiembre de 2012.
Fue ese año en el que el entonces rey Juan Carlos I transfirió los últimos 65 millones de dólares (41,6 millones de euros) a su ex amante Corinna Larsen. Recordemos que ese 2012 fatídico fue también cuando el emérito tropezó en Botsuana, se rompió la cadera y comenzó su ocaso.
