Esquerra Republicana también quiere dejar sin presupuesto al Tribunal de Cuentas y al Ministerio de Defensa

El plan ‘oculto’ de Gabriel Rufián para bloquear el dinero a Casa Real y al Constitucional con los PGE

Los independentistas aprovechan la complacencia del Gobierno PSOE-Podemos para atacar a la Monarquía y al Poder Judicial

El plan 'oculto' de Gabriel Rufián para bloquear el dinero a Casa Real y al Constitucional con los PGE
Pablo Iglesias y Gabriel Rufián PD

Los independentistas están maquinando para usar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) como un arma contra la Monarquía y el Poder Judicial.

Ante la complacencia del Gobierno PSOE-Podemos, Esquerra Republicana (ERC) lanzó un plan ‘oculto’ que busca bloquear el presupuesto destinado a Casa Real, bajo su teoría de que la Monarquía es “corrupta”.

Acostumbrado al silencio cómplice de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ERC también ha puesto en la ‘mira’ al Poder Judicial. En concreto, al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Cuentas, dos de las instituciones que golpearon con más fuerza el Procés y que para los independentistas se trata de “órganos represores”.

Finalmente, también se quiere ‘cerrar el grifo’ al Ministerio de Defensa, debido a que, según el partido independentista, no debe destinarse dinero a «tanques y balas» o a «espiar» a la disidencia política.

Para escabullir sus disparatadas propuestas, ERC presentó una oleada de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, entre las que ‘escondió’ sus ataques a la Monarquía y a Justicia.

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, defendió las enmiendas alegando que se tratan de reivindicaciones «históricas» para Cataluña y también para la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.

De las 320 enmiendas, el independentista catalán ha recalcado que ERC a registrado cinco «grandes» enmiendas a la totalidad, que ha calificado de enmiendas «protesta», para dejar sin partidas, entre otras, a Casa Real.

Se trata ya de un «clásico», según ha apuntado Rufián, que Esquerra enmiende los Presupuestos para dejar sin dinero a la Monarquía, que en su opinión es una institución «opaca y corrupta» a la que no se puede «premiar» con «500.000 euros mas» por las «corruptelas» del Rey Juan Carlos I.

A su juicio, también debe quedarse sin presupuesto el Tribunal Constitucional, al que considera un órgano «politizado y alineado con los postulados más conservadores y reaccionarios» del país, y el Tribunal de Cuentas, que se ha convertido, según ERC, en «un órgano más de represión» al obligar a pagar fianzas a por delitos ya enjuiciados como el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Pasión por los disparates

La propuesta de ERC en los Presupuestos Generales del Estado no es su único disparate.

El partido golpista también quiere modificar el Código Penal para contar con total impunidad para quemar banderas de España o las fotos de Felipe VI (o cualquier miembro de la Familia Real).

Para lograr cambiar las leyes, ERC llevó el martes 27 de octubre una proposición de ley (PNL) al Congreso de los Diputados para despenalizar la quema de banderas de España y las injurias al Rey.

En concreto, los independentistas quieren derogar los artículos del Código Penal que contemplan penas de prisión por el delito de injurias a la Corona y de ultrajes a España, como la quema de banderas u otros símbolos patrios.

El cambio de la normativa daría ‘barra libre’ a los independentistas y otros radicales de la izquierda reaccionaria para atacar los símbolos de España y de la Casa Real. Más ahora que dichos grupos extremistas forman parte del ‘Gobierno Frankenstein’ de Pedro Sánchez.

Es importante recordar que ERC registró esta iniciativa en agosto de 2020 tras conocerse que la Fiscalía de la Audiencia Nacional estaba examinando una denuncia contra el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès (ERC); la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez; y la presidenta del BNG, Ana Pontón, por posibles injurias a la Corona tras sus respectivos comentarios al conocerse la marcha de España del Rey emérito.

A pesar de que la modificación del Código Penal no avanzó, el partido independentista sí logró que Pedro Sánchez apoyase la eliminación del castellano como lengua vehicular.

Incluso fueron más allá y pactaron retirar de la ‘Ley Celaá’ la parte en la que se hace mención al castellano como lengua oficial del Estado, con la que pretendían maquillar el atropello de laminar la lengua común de todos los españoles.

 

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Autor

José Antonio Puglisi

Periodista italovenezolano especializado en economía y periodismo de investigación.

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