Dolores Delgado quiere emplear sus últimos días frente a la Fiscalía General del Estado para pisar el acelerador de los ataques contra la Casa Real.
El Ministerio Fiscal afirmó que ve «indicios» de que el exjefe del Estado reunió su fortuna a través de «comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales».
La acusación de la Fiscalía llega justamente en plena celebración por la previsible salida de Dolores Delgado de su actual cargo, ya que los magistrados del Tribunal Supremo se han mostrado, previsiblemente, a favor de su destitución. En este sentido, darían la razón a VOX en su sentencia del próximo 19 de octubre, lo que sería el segundo gran mazazo judicial del partido de Santiago Abascal al Gobierno PSOE-Podemos.
A pesar de que la exministra de Justicia de Sánchez presiona al Rey Emérito en su ‘recta final’, fue el propio Juan Carlos I quien se defendió a través de una dura carta que sacudió a la socialista y a todo el Gobierno.
El exjefe del Estado acusó directamente a la Fiscalía del Tribunal Supremo de «perjudicarle gravemente» y «conculcar su presunción de inocencia» al afirmar que ha ganado su fortuna oculta a través del cobro de comisiones en negocios internacionales».
El Emérito, a través de un comunicado firmado por su abogado, Javier Sánchez-Junco, asevera que el informe elaborado por el teniente fiscal del Alto Tribunal, Juan Ignacio Campos, «contiene graves afirmaciones e imputaciones de conductas».
Además, estas acusaciones «se realizan», a juicio de Juan Carlos I, «sin apoyatura alguna y son carentes de la más mínima justificación».
En su texto, señala que «con relación a las informaciones que se publican en un medio de comunicación en relación a Juan Carlos I», en relación a lo desvelado por ‘El Mundo’ y confirmado por la propia Fiscalía este mismo viernes, se han visto en «la necesidad» de realizar algunas «puntualizaciones».
A través de cuatro puntos, el letrado de Juan Carlos I contextualiza la noticia que ha puesto de nuevo en el foco de las miradas al Emérito por sus presuntas actuaciones ilícitas y el cuestionado origen de su patrimonio.
«Dichas informaciones se refieren, al parecer, a una Solicitud de Asistencia Judicial Internacional en Materia Penal, emitida a las autoridades Suizas hace casi siete meses, en febrero de este año 2021, por el Fiscal Instructor de las Diligencias de Investigación que se siguen en la Fiscalía del Tribunal Supremo», explica el documento.
«Se trasladan a la opinión pública valoraciones y consideraciones que perjudican gravemente a Juan Carlos I», señala su abogado.
Sánchez-Junco señala que dicha solicitud «no es pública» y, por lo tanto, «salvo las autoridades destinatarias», la Fiscalía sería la única que tendría que tener conocimiento de ello.
El despacho lanza la acusación de que dichas actuaciones deben ser «reservadas» y que en la comunicación a las autoridades suizas, existen «graves afirmaciones e imputaciones de conductas que se realizan», a su juicio», «sin apoyatura alguna».
«Carentes de la más mínima justificación», según el texto, están «contradichas por otros hechos de los que nada se dice».
El letrado del Emérito concluye que las afirmaciones «conculcan de manera evidente el principio de presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano».
«Se trasladan a la opinión pública valoraciones y consideraciones que perjudican gravemente» al exmonarca, que está sometido a una investigación por parte de la Fiscalía desde hace «más de un año».
El ataque a Juan Carlos, ¿la despedida de Dolores Delgado?
El diario ‘Libertad Digital’ adelantaba este 2 de septiembre que el Tribunal Supremo tiene una “amplia mayoría” de magistrados a favor del cese de la exministra de Justicia, lo que obligaría al Gobierno de Pedro Sánchez a prepararse para su segundo gran revés judicial contra VOX.
Es importante recordar que el Gobierno PSOE-Podemos ya había sido derrotado por el partido de Santiago Abascal cuando el Tribunal Constitucional decretó “inconstitucional” el estado de alarma impuesto por los socialistas y comunistas. Ahora, VOX podrá ir por una sentencia aún más dolorosa para Pedro Sánchez: acabar con la presencia de Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado.
Los usuarios vienen esperando la ‘caída’ de la exministra y pareja del exjuez Baltasar Garzón desde julio, cuando la diputada Macarena Olona advirtió que, el 19 de octubre de 2021, el Gobierno podrá llevarse un nuevo ‘mazazo judicial de la mano del Tribunal Supremo, ya que será cuando resuelva el recurso presentado por VOX en contra del nombramiento de la exministra de Justicia del PSOE, Dolores Delgado, como Fiscal General del Estado.
El ‘truco’ de VOX que acorrala a Sánchez
Desde el partido de Santiago Abascal quieren evitar el Gobierno de Pedro Sánchez presione al Supremo, así como ocurrió con el Tribunal Constitucional sobre su valoración del primer estado de alarma que fue decretado como “inconstitucional”, lo que supuso un fuerte golpe para el PSOE-Podemos.
La diputada de VOX desveló, en las redes sociales el pasado julio, el ‘truco’ de su partido para evitar la intromisión del Gobierno en la decisión judicial: “Pedimos al Tribunal Supremo que el recurso de VOX contra el nombramiento de Dolores Delgado se decida por el Pleno”.
A lo que agregó un ‘recadito’ a Pedro Sánchez: “Al PSOE le será mucho más difícil presionar con éxito a más de 30 Magistrados. Jaque”.
Pedimos al Tribunal Supremo que el recurso de @vox_es contra el nombramiento de Dolores Delgado @fiscal_es se decida por el Pleno. Al @PSOE le será mucho más difícil presionar con éxito a más de 30 Magistrados. Jaque. https://t.co/Pjl5Wtfbo2
— Macarena Olona (@Macarena_Olona) July 19, 2021
Como precisan desde el diario Libertad Digital, la formación de Santiago Abascal recuerda al Supremo que según el artículo 197 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, «podrán ser llamados, para formar Sala, todos los Magistrados que la componen, aunque la ley no lo exija, cuando el Presidente, o la mayoría de aquéllos, lo estime necesario para la administración de justicia».
«Aunque la Ley no otorga legitimación específica a las partes en el trámite de avocación de cualesquiera asuntos al pleno de la Sala», añade, «nada obsta a que éstas puedan someter las consideraciones que estimen oportunas en aras de excitar la legitimación específica del Presidente o de la mayoría».
«Estas consideraciones son las que, por medio del presente, se hacen constar en los presentes autos por estimar que la trascendencia del asunto que nos ocupa, la extraordinaria relevancia de sus efectos —que se contraerían a anular el nombramiento de la actual Fiscal General del Estado— y las evidentes implicaciones políticas que subyacen, determinan que resulte oportuno que sea el Pleno de la Sala quien falle el presente recurso», subraya el escrito.
«Sólo mediante esta avocación se podrá proteger adecuadamente la independencia de los Magistrados sentenciadores dado que, resolviendo el pleno, resultará más difícil al poder político ejercer su presión con éxito», afirma VOX.
Por ello, la formación política señala en su escrito que ésta es «una cautela pertinente y justificada», ya que «hace tan sólo unas horas hemos conocido, a través de los medios de comunicación, una filtración de las deliberaciones de los magistrados del Tribunal Constitucional en relación con el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los 52 diputados de nuestra formación contra el primer estado de alarma, y, según hemos podido saber, la vicepresidenta del Alto Tribunal, Encarnación Roca, denunció haber recibido llamadas de presión por parte del Gobierno de España para que desestimara el citado recurso».
Los argumentos de VOX
El partido de Santiago Abascal se opone al nombramiento de Dolores Delgado por aspectos como que «no puede considerarse válido al no cumplir el trámite preceptivo que imponen el artículo 124.4 de la Constitución Española y el artículo 29.1 de la Ley 50/1981, 30 diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal», ya que «expresamente se ha excluido del juicio de los vocales del Consejo el requisito subjetivo, el atinente a tratarse de una jurista de reconocido prestigio, pues, sobre dicho requisito, pivota el juicio de idoneidad».
Ante estos hechos, VOX solicitaba la nulidad del acuerdo que nombra a Delgado por infracción del principio de imparcialidad, contenido en el artículo 124.2 de la Constitución, al considerar que Delgado pasó de ser ministra de Justicia y diputada del PSOE a ser propuesta y nombrada fiscal general. Dicha argumentación se sostiene en el voto particular formulado al informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial por siete vocales que votaron en contra.
