Cayo Lara ha acusado al Gobierno marroquí de violar la legalidad vigente y al Ejecutivo español de ser responsable del despropósito
Mientras Aminetu Haidar cumple su vigésimosexto día de huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote, la batalla política en España se centra en cómo se gestionó la entrada de la activista saharaui en el país tras ser rechazada en Marruecos y en la necesidad, o no, de que intervenga el Rey para lograr su repatriación al Aaiún.
El Partido Popular ha anunciado este viernes que el próximo miércoles preguntará en la sesión de control al Gobierno en el Congreso quién dio las instrucciones para aceptar la entrada de Haidar en España; una entrada «ilegal» ya que la activista no portaba documentación ni pasaje de avión.
El pasaporte de Aminetu Haidar fue confiscado por las autoridades aduaneras cuando la activista trataba de entrar en el país africano a través del aeropuerto del Aaiún, en el Sáhara Occidental.
ZAPATERO LO NIEGA TODO
Desde el Gobierno se niega la mayor. Durante su comparecencia tras el Consejo Europeo al que ha asistido, el presidente Zapatero ha asegurado que la llegada de Haidar a España fue «conforme a la ley» puesto que posee un permiso de residencia concedido «por razones humanitarias» y con validez hasta el 21 de enero de 2010, según Asuntos Exteriores.
Zapatero afirma que ninguna autoridad política española dio órdenes para permitir esta entrada porque para eso hay «autoridades administrativas que tienen encomendada esa misión».
Más explícita ha sido la vicepresidenta segunda del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien se ha remitido a la actual Ley de Extranjería:
«En su artículo 66.3 obliga a todas las compañías aéreas a hacerse cargo del extranjero que hubiese trasladado hasta la frontera (…) correspondiente del territorio español si se le hubiera denegado la entrada por deficiencias en la documentación necesaria para el cruce de las fronteras».
AGRADECIMIENTOS A EEUU
En relación a una posible intervención del Rey en el conflicto con Marruecos, Zapatero ha reiterado que «de momento» es el Ejecutivo quien tiene que realizar las gestiones y ha pedido «prudencia y responsabilidad» a la hora de solicitar su participación.
«Hay muchos países que están haciendo gestiones y se lo agradecemos, entre ellos, Estados Unidos, que tiene una diplomacia muy sólida que sabe lo que tiene que hacer y con quién se tiene que comunicar».
De la Vega ha declarado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo no renuncia ni se resigna a no conseguir el objetivo de que la activista saharaui «vuelva a su tierra».
«Trabajamos para que Haidar preserve su salud; el Gobierno va a trabajar siempre para preservar su vida y su salud ante todo y no descarta utilizar todas las medidas que la ley ofrece para mantenerla con vida».
De la Vega ha enmarcado la situación en un contexto de «normalidad institucional» y ha defendido que la buena «disposición» del monarca y el hecho de que está permanentemente informado de las gestiones que realiza el Gobierno, «es perfectamente compatible con que sea el Ejecutivo el que asuma la responsabilidad en la gestión» de este asunto.
LOS DE IZQUIERDA UNIDA
El coordinador federal de IU, Cayo Lara, hizo público ayer el contenido de una carta del Rey en respuesta a un escrito que el partido le envió hace una semana pidiendo su intermediación.
La Casa Real contestó al líder de IU que «corresponde al Gobierno la dirección de la política exterior» pero que «su Majestad siempre ha mostrado su disposición para realizar las gestiones necesarias en aplicación de dicha política y que el Ejecutivo «considera que no es el momento oportuno para la realización de gestiones complementarias» por parte de don Juan Carlos.
Al respecto, Moncloa confirmó ayer que el Gobierno no había pedido dicha mediación al Rey porque «no tenía garantías de éxito».
En el mismo sentido se manifestó esta manaña el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, quien ha asegurado hoy que es «obligación» del Gobierno «preservar la proyección exterior e interior del jefe del Estado».
Lara ha acusado al Gobierno marroquí de violar «la legalidad vigente» y al Ejecutivo español de ser responsable:
«Es el Gobierno el autor del despropósito al encubrir una situación y convertirse en cómplice directo de una especie de secuestro, que es lo que se ha hecho con Aminetu en el aeropuerto de El Aaiún».
El líder de IU ha criticado que el Gobierno mandara un emisario al aeropuerto de Lanzarote, donde la activista saharaui mantiene una huelga de hambre desde hace 26 días tras ser expulsada de Marruecos, «a decirle a la gente que estaba en solidaridad con Aminetu» que ellos iban a ser los «culpables» de su posible muerte «por los consejos que le estaban dando».
El PSOE ha registrado la proposición no de ley que quiere someter a votación en el Congreso la próxima semana sobre el caso de Haidar, un texto que incluye una petición para que se redoblen las gestiones diplomáticas y para que se implique la ONU, así como una mención a la necesaria solución del contencioso del Sáhara por acuerdo entre las partes y respetando «el libre ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui».
