La ambigüedad se extiende a todos los terrenos de la actividad política
Se me perdonará el palabro, pero peor sería decir desgobernanza, que tampoco le gusta a mi ordenador. Pero el lector lo va a entender en seguida. Normalmente la discusión política es si las medidas del Gobierno son más o menos acertadas, costosas o justas, según para quién. Pero eso es gobierno o gobernación, voces que sí registra el diccionario.
Pero ahora nos movemos en otro plano lógico por lo que respecta al Gobierno de nuestro país, en el cual ya no somos pueblo sino ciudadanía. Los psicólogos dirán que nuestro Gobierno anda disociado de la realidad. Es decir, sus planteamientos y decisiones van por un lado, mientras que las necesidades y deseos del pueblo van por otro. Quizá haya que aplicar la reciente metáfora meteorológica de la ciclogénesis explosiva. Por tal se debe entender la pérdida fulminante de presión atmosférica en un centro, lo que provoca un remolino en los bordes.
Otra vez en términos psicológicos, lo que tenemos es una colosal ambivalencia. Simplemente no se sabe qué hacer en el plano político. Pero, como el Gobierno tiene que hacer algo, y, sobre todo, tiene que decir algo constantemente, el resultado es una serie de babélicos disparates. Al final, lo que sucede es un gigantesco derroche de recursos, que eso es la causa y la consecuencia de la famosa crisis.
Véase, por ejemplo, el inmenso despilfarro que supone no haber sabido almacenar una gran parte del agua caída este año. Qué bien habría venido para transvasarla a las tierras secas en los años próximos. Es algo tan sencillo como la decisión de José, el gran ministro de Economía de los faraones egipcios. Simplemente guardaba el grano en los años de vacas gordas para la penuria de los años de vacas flacas.
Más escandaloso es el derroche de los recursos humanos. En efecto, súmese el ejército de parados, los autónomos que cierran los despachos o los comercios, los prejubilados, los estudiantes que alargan innecesariamente las carreras.
La suma es una locura. Visto lo cual, parece una superchería la discusión de si la edad de la jubilación forzosa debe ser a los 65 o a los 67 años. Cominerías. Más cerca de la realidad sería el límite de los 75 años para la gran mayoría de los trabajos de servicios. Todavía más justo sería acabar con la idea de la jubilación forzosa y dejarla de forma voluntaria. Pero siempre a partir de los 75 años, a no ser que intervinieran razones de salud o de condiciones del empleo. Como puede verse en ese ejemplo, la cuestión no está en tomar una decisión más o menos acertada sino en plantearla bien. Lo peor es la hipocresía de las jubilaciones anticipadas.
Todo empezó por la constante y cansina ambigüedad de si habíamos entrado o no en la crisis económica, que, por otro lado, es ecuménica. Es lo de los galgos y los podencos del cuento. Así tenemos que, a los dos años de la crisis, se forma una comisión para tomar medidas. Es una comisión para la foto, pues no se ven muchos papeles o informes sobre la mesa. Los comisionados tampoco están provistos de ordenadores. Por lo visto, ni siquiera pueden entrar a discutir sobre reformas laborales, pues los dos sindicatos (subvencionados) tienen poder de veto.
Las ambivalencias políticas son tan frecuentes en nuestra querida España que ya ni nos llaman la atención, pero son gravísimas. Así, no hay forma de saber si se van a congelar o no los sueldos de los funcionarios.
Téngase en cuenta que se trata del conjunto que más se ha expandido en plena crisis; además, mantiene el privilegio de que con ellos no hay despido. Ya sólo por eso tendrían que estar dispuestos al recorte de los sueldos. No es ninguna afrenta. Simplemente, el volumen del producto nacional ha decrecido en los últimos años y va a seguir así durante algún tiempo más. La consecuencia no es sólo el paro, sino que nuestro patrimonio desciende de valor. En ese contexto, parece lógico que los privilegiados funcionarios contengan el aumento de sueldos y el aumento de efectivos.
La ambigüedad se extiende a todos los terrenos de la actividad política. Por ejemplo, no se sabe si el Gobierno paga o no los rescates en los secuestros de los terroristas. Solución salomónica: se paga si los terroristas son considerados como piratas o insurgentes. Hay bandas terroristas que son más bien sujetos de la alianza de civilizaciones.
Más dudas. No se sabe si el IVA (la antigua alcabala) va a seguir subiendo o no. Naturalmente, si sube el gasto público, tendrá que elevarse la tasa del IVA. Pero la consecuencia inevitable es que bajará el consumo y, sobre todo, aumentará la economía sumergida. Tampoco sabemos si el Gobierno va a reducir el número de empresas públicas. El antiguo INI se desintegró hace tiempo. Pero, en su lugar, se alzó una miríada de nuevas empresitas públicas a la sombra de las dádivas de los Gobiernos regionales. El Gobierno, aunque quisiera, poco podría hacer para reducir ese conjunto de empresas públicas regionales.
Originalmente publicada en La Gaceta.
