El Gobierno aprobará previsiblemente hoy el plan de reorganización de la Administración general del Estado, que podría conllevar un recorte de alrededor de cuarenta altos cargos ministeriales y la de unos doscientos directivos de empresas públicas, cuyo número también se reducirá.
Estos son los datos que barajan algunos de los ministerios afectados por un proyecto que coordinan las dos vicepresidentas, María Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado.
La disminución del número de altos cargos conllevaría la desaparición de varios secretarios de Estado, secretarios generales, directores generales y subdirectores.
El plan, que busca cumplir los compromisos de austeridad del Ejecutivo para reducir el déficit, ha sufrido varios retrasos por las complicaciones surgidas en las negociaciones con cada departamento ministerial, que deberá adelgazar su organigrama para cumplir los objetivos fijados, según han apuntado fuentes del Ejecutivo.
Dado que se trata de decisiones que van a afectar directamente a personas concretas, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha optado por guardar silencio hasta mañana, cuando espera poder llevar el proyecto a la mesa del Consejo de Ministros.
Hace dos semanas, el rumor de que podría desaparecer la Secretaría de Estado para la Unión Europea, encabezada por Diego López Garrido, suscitó un revuelo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que llegó a emitir un comunicado para dejar claro que no había presentado ninguna propuesta para suprimir ese departamento.
Desde el Gobierno se destaca que España cuenta con una de las administraciones generales del Estado más pequeñas de la UE, con alrededor de 340 altos cargos, por lo que cualquier recorte que se acometa será significativo.
Según las fuentes, una vez que el plan sea aprobado por el Consejo de Ministros, los afectados cesarán en su cargo.
No descartan en alguno de los ministerios consultados que puedan verse afectado también algún asesor o cargo de confianza, aunque, en principio, no estaba previsto en el plan original.
La segunda pata del proyecto junto a la reducción de altos cargos será las fusiones y concentraciones de empresas públicas y sociedades estatales, que se traducirá también en una reducción del número de directivos y del tamaño de los consejos de administración.
Tampoco se ha desvelado oficialmente a cuántas personas puede afectar este proceso, pero fuentes del Ejecutivo apuntan a alrededor de doscientos directivos.
La única fusión confirmada por el momento es la de las tres sociedades estatales adscritas a los ministerios de Cultura y de Exteriores: la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) y las de Acción Cultural Exterior (SEACEX) y de Exposiciones Internacionales (SEEI).
Estos recortes son una pequeña parte del plan de austeridad del Gobierno, que busca reducir el déficit público y situarlo de nuevo en el 3 por ciento del PIB en 2013 para volver a cumplir con el Pacto de Estabilidad europeo.
Entre los compromisos está reducir un 4 por ciento los gastos de personal de las administraciones públicas entre 2010 y 2013.
Con ese objetivo, la Oferta de Empleo Público para este año limitó la tasa de reposición (cobertura de vacantes) al 10 por ciento, pero el Gobierno ha garantizado que no tocará el acuerdo salarial para los funcionarios alcanzado con los sindicatos.
Este pacto retributivo, con validez para tres años, contempla una subida salarial del 0,3 por ciento para 2010 para 2,3 millones de empleados públicos.
