El Gobierno buscará apoyo en CiU, PNV, CC y ERC para la reforma

El Gobierno y el Grupo Socialista en el Congreso piensan centrar en CiU, PNV, Coalición Canaria y, a más distancia, ERC, sus esfuerzos para recabar apoyos ante la convalidación del decreto ley de reforma laboral que aprobará el Consejo de Ministros del próximo 16 de junio, así como para evitar su tramitación como proyecto de ley, lo que permitiría a la oposición introducir modificaciones.

Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, a sólo unas horas de que concluya su última reunión con los agentes sociales, el Ejecutivo ha empezado a sondear a estos grupos parlamentarios, en una serie de contactos en los que han participado tanto el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, como la vicepresidenta económica, Elena Salgado, y el portavoz socialista en la Cámara Baja, José Antonio Alonso.

Corbacho ha mantenido reuniones con el portavoz en materia laboral del PNV, Emilio Olabarria, y con el secretario general de ERC, Joan Ridao, con quien se vio esta misma mañana, mientras que Salgado se entrevistó con el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre. Asimismo, el Gobierno se ha puesto en contacto con la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas.

El Gobierno ha prometido a estos grupos establecer una negociación previa a la aprobación del decreto que podría arrancar mañana mismo o el próximo lunes, en función de cómo evolucione la discusión en la Mesa del Diálogo Social.

Así, el Gobierno no ha presentado a la oposición el documento que esta tarde llevará a la reunión con patronal y sindicatos, ya que aún confía en lograr un acuerdo lo suficientemente amplio como para no cerrar por completo esta vía, por lo que la negociación podría extenderse hasta el domingo si se alcanza un «acuerdo parcial» suficiente.

ESPERANDO LA ABSTENCION DEL PP Y EL NO DE IU-ICV

En caso contrario, el PSOE comenzará a hablar con los diferentes grupos parlamentarios a través de su portavoz en el Congreso, José Antonio Alonso, para que conozcan lo que el Gobierno aprobará el día 16, según anunció esta mañana el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.

En este proceso se han implicado personalmente, aparte de Corbacho, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el equipo económico de Moncloa, según ha trasladado Corbacho a estos grupos en sus últimas reuniones, de las que en principio se ha excluido a las formaciones de la izquierda que rechazan una reforma al margen del consenso con los sindicatos, como es el caso de IU, ICV o BNG.

En cuanto al PP, Zapatero ha dicho hoy que piensa informar a Mariano Rajoy de sus planes, aunque cree que el líder del PP ya sabe lo que tiene que saber. Los socialistas prefieren atar a las minorías antes de hablar con los ‘populares’, pero confían en que esta vez el primer partido de la oposición no parta del voto en contra, como hizo con el de medidas para recortar el déficit, sino que se sitúe al menos en la abstención, dado que el PP siempre ha exigido una reforma laboral de calado y sin necesidad de esperar a los agentes sociales.

En cualquier caso, hasta ahora la respuesta obtenida de sus interlocutores preferentes dista todavía mucho de una adhesión. Así, ERC ha puesto como «líneas rojas» del debate la clarificación de las causas objetivas de despido en el caso de los contratos de 33 días de indemnización, así como la «flexibilización» de la negociación colectiva y el impulso al empelo juvenil.

Por su parte, Coalición Canaria ha trasladado al Ejecutivo que para la votación de este decreto no cabe la abstención, posición que adoptó para facilitar la aprobación del decreto ley de medidas de ajuste hace dos semanas. «Será un sí o un no», advierten los nacionalistas canarios, que remarcan que no hablarán con el Gobierno hasta conocer su propuesta concreta.

CIU QUIERE MAS PAPEL DE LAS ETT’S

En este sentido se ha manifestado también el portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, quien explicó que su partido «no» va a optar por la abstención a la hora de votar por la reforma laboral, sino que dirán «sí o no» en función de si la medida satisface las necesidades del mercado laboral español.

La federación catalana apuesta por un contrato nuevo ampliable a «33 días», la «aproximación» de la negociación colectiva a la empresa para dar una «mayor flexibilidad» a los convenios, la «colaboración» de los servicios públicos y privados de ocupación y la discusión parlamentaria sobre el absentismo laboral.

PLENO EL 22 DE JUNIO

El Gobierno está barajando la posibilidad de unificar en la misma sesión plenaria del Congreso, la semana del 22 de junio, el debate del techo de gasto para 2011, el decreto ley de reforma laboral y el balance de la Presidencia española de la Unión Europea, informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Según el calendario que maneja el Ejecutivo, condicionado por la agenda europea y el programa de sesiones parlamentarias previsto en el Congreso, ésa es la única semana disponible salvo que se convoque un pleno extraordinario los días 29 ó 30.

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