El portavoz de ICV en el Congreso de los Diputados, Joan Herrera, ha presentado un escrito de reconsideración ante la Mesa del Congreso, que el pasado 15 de junio impidió la tramitación de una proposición no de ley para reprobar unas declaraciones del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, en las que vinculó la homosexualidad con la pedofilia.
El escrito, de más de tres folios de extensión, se podría discutir en la reunión de la Mesa del próximo martes, 6 de julio. El PP y CiU fueron los que, uniendo sus votos, impidieron la calificación de la iniciativa, vetando así su debate en la Cámara.
El acuerdo indicaba que no procedía la admisión a trámite de la proposición no de ley �tanto por ser improcedente que la Cámara se manifieste sobre declaraciones realizadas por sujetos no sometidos al control de la misma, como por instar al Gobierno a cuestiones que versan sobre materia ajena a su competencia�.
En contra de estos argumentos, ICV explica que no hay limitaciones legales a las competencias del Gobierno de España para «realizar protestas oficiales o para recordar en las instituciones internacionales o relaciones bilaterales su posicionamiento sobre materias como la sometida a consideración de la Cámara mediante proposición no de ley».
«No se puede confundir», indica el escrito, «el hecho de que a los grupos mayoritarios con representación en la Cámara les resulte incómodo mostrar su rechazo» a las citadas declaraciones, «aun siendo conscientes de la inconveniencia de las mismas y de los perniciosos efectos que para la salud pueden producir, con la incompetencia del Parlamento español para pronunciarse» sobre afirmaciones hechas por cualquier personalidad pública.
CUBA Y EL PAPA
Herrera recuerda, además, al órgano de gobierno de la Cámara que en ocasiones precedentes se han admitido a trámite otras iniciativas parlamentarias que se pronunciaban también sobre entidades no sometidas a control parlamentario, instando al Gobierno a tomar posición sobre materias ajenas a sus competencias.
Es el caso de una proposición no de ley de CiU sobre la situación �de la democracia en la República Bolivariana de Venezuela», que fue presentada en julio de 2008 y calificada por la Mesa el 2 de septiembre de ese mismo año para su debate en Pleno.
También el PP tiene una proposición no de ley que reúne esas características y es relativa al �apoyo a la oposición democrática en Cuba� presentada en marzo de 2010, calificada el 16 de marzo de ese mismo año y aprobada con modificaciones en el Parlamento.
Además, argumentará ICV, también pasó el filtro de la Mesa una proposición no de ley de ERC-IU-ICV sobre las declaraciones del Papa Benedicto XVI sobre las propiedades del preservativo, de la que casi se ha copiado la iniciativa rechazada ahora.
La reconsideración insiste en que esta inadmisión a trámite implica una «clara limitación del lícito ejercicio del derecho a la participación pública por medio de la función parlamentaria» que está refrendado por el propio Tribunal Constitucional.
Según el TC, las proposiciones no de ley son un instrumento eficaz en manos de los grupos políticos que les permite utilizar «una vía adecuada para forzar el debate político y obligar a que los distintos grupos tengan que tomar expreso partido sobre una determinada materia».
Por eso, ICV apuesta por que la Mesa limite sus facultades a juzgar el cumplimiento de los requisitos formales reglamentariamente exigidos para calificar las iniciativas, pues, de lo contrario, «no sólo estaría asumiendo bajo un pretendido juicio técnico una decisión política que sólo al Pleno corresponde, sino que, además, estará obstaculizando la posibilidad de que se celebre un debate público entre las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria».
ICV registró el 13 de abril una proposición no de ley en el Congreso en la que pedía al Gobierno que se quejase ante el Vaticano. Sin embargo, la Mesa de la Cámara le reclamó que eliminara del texto todos aquellos términos que pudieran atentar contra el honor de Bertone, en concreto la palabra «difamar», que finalmente sustituyó por «ofender», pero esta palabra tampoco gustó a los miembros de la Mesa, así que los cuatro diputados del PP y el de CiU rechazaron la propuesta.
Herrera considera que esta decisión supone «un atentado claro contra los derechos de los diputados» y adelanta que de no recibir una respuesta satisfactoria de la Mesa recurrirá al Tribunal Constitucional.
