El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha asegurado que la propuesta de la Comisión Europea de eliminar las ayudas a las explotaciones mineras deficitarias en 2014 es «inaceptable» para España y que «se va a luchar» para que el Consejo Europeo convierta esa propuesta en una resolución «bien distinta».
«La propuesta de la Comisión Europea no es aceptable para el Gobierno y entiendo que para ninguna fuerza política española. No lo es porque la CE no ha tenido en cuenta la importancia que tiene para España y otros países europeos, como Alemania, Rumanía o Hungría, el carbón como nuestra única fuente autóctona, y por tanto desde un punto de vista de seguridad de suministro», afirmó Sebastián tras mantener una reunión con el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara.
Así, Sebastián, que recordó que la propuesta de la CE fue aprobada en una reunión en la que no asistió el comisario europeo de Energía, indicó que será el Consejo Europeo quien tendrá «la última palabra», y aseguró que el Gobierno español dará «la batalla» para que se apruebe un plazo «más razonable» para el final de las ayudas a la minería no productiva en Europa.
El titular de Industria consideró «razonable» encarar este debate sobre el carbón a partir de 2020, cuando tengan un peso suficiente en el ‘mix’ energético las fuentes de energías renovables para representar el peso que ha tenido el carbón en la historia del suministro en España. «Podríamos hablar de esa fecha de 2020 como una fecha relevante, porque queremos insistir en el aspecto de seguridad de suministro, que es el que vamos a hacer valer», dijo.
Sebastián reconoció que el Gobierno español esperaba una propuesta de la Comisión Europea «con un horizonte mucho más generoso». «El ‘mix’ es buscar un equilibrio razonable que maneje todos los vectores, el medioambiental, la dimensión de los costes, y luego la dimensión de seguridad de suministro», señaló.
Así, apuntó que el objetivo del Gobierno es hacer en esta legislatura un plan del carbón para 2012-2016 que abordará el tema del empleo y del desarrollo de las comarcas mineras, pero para poder hacerlo es necesario el reglamento europeo. «Durante este año nos centraremos en tener el reglamento europeo, y una vez lo tengamos empezaremos a trabajar en un nuevo plan del carbón a partir de 2012», añadió.
Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, reclamó al Gobierno un compromiso para evitar que la propuesta de la Comisión Europea de poner fin a las ayudas al carbón no sea aprobado por los Veintisiete, que tienen previsto debatir su propuesta «en el último trimestre de este año». Asimismo ha pedido el desbloqueo del decreto-ley, cuyo desarrollo está pendiente del visto bueno de Bruselas.
PLAN DE POLITICA INDUSTRIAL 2020.
Por otra parte, Sebastián anunció que en el Consejo de Ministros del próximo viernes se aprobarán las líneas generales del Plan de Política Industrial 2020, «que marca el futuro del cambio de modelo productivo en España», señaló.
El Gobierno creó el pasado mes de abril una Comisión Interministerial, presidida por el propio Sebastián, y que cuenta con representación de otros diez gabinetes ministeriales, para coordinar la elaboración del Plan Integral de Política Industrial 2020.
Este plan contendrá las líneas maestras de una nueva política industrial dirigida a aumentar el peso de la industria en el PIB, adaptarla a los nuevos retos y oportunidades del entorno económico y asegurar su contribución a la recuperación del crecimiento y del empleo.
La Estrategia de Economía Sostenible 2010-2020 incluye como iniciativa complementaria a la Ley de Economía Sostenible una serie de actuaciones sectoriales que contribuyan al impulso modernizador y dinamizador de la economía. Entre estas actuaciones se encuentra la elaboración en el año 2010 de este plan.
La industria en España representa únicamente el 15,1% del PIB, alrededor de cinco puntos menos que países como Alemania o Suecia y por debajo de la media europea (17,7%). Así, el Plan Integral de Política Industrial 2020 servirá de marco para encuadrar las actuaciones del Gobierno con un horizonte temporal amplio (diez años) para elevar el peso que tiene la industria en el PIB, dar estabilidad y eliminar incertidumbres entre los distintos sectores industriales.
