La primera huelga general a ZP, el 29 de septiembre de 2010
Arranca un nuevo curso para el Gobierno de José Luis Rodríguez, que llega a septiembre con un carro de asignaturas pendientes.
El terrorismo y la inmigración quedaron hace tiempo relegadas a un segundo plano entre las preocupaciones de los españoles.
Ahora mandan las cuestiones económicas y, sobre todo, el paro. España sigue inmersa en una crisis que otras economías vecinas ya comienzan a ver por el retrovisor.
Las medidas que ha adoptado el Ejecutivo para combatirla en los últimos tres años se han demostrado ineficaces y, muy al contrario, han provocado que el déficit del Estado español sea hoy uno de los más altos de la Unión Europea, con un 11,2% del producto interior bruto (PIB) en 2009, sólo superado por Irlanda (14,3%), Grecia (13,6%) y Reino Unido (11,4%). Todas las decisiones en materia de gasto se enmarcarán dentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2011, que volverán a ser «austeros».
Tanto, que Salgado ya ha anunciado que la dotación de los ministerios retornará a los niveles de 2006. Su aprobación promete devolver las disputas al Parlamento.
El Gobierno ha conjugado el recorte de gasto y los incrementos fiscales para cumplir con el mandato de déficit que marca Bruselas -el 3% en 2013- y que condiciona toda la política económica del Ejecutivo.
Después de subir los Impuestos Especiales (tabaco y carburantes) en junio de 2009, retirar la deducción fiscal de 400 euros desde enero de este año, elevar el IVA el pasado mes de julio y aumentar la progresividad en la tributación de las rentas del ahorro, el Ejecutivo estudia ahora cómo introducir en los Presupuestos un nuevo incremento fiscal, esta vez focalizado en las clases altas.
Es una promesa que Zapatero lanzó en mayo, sin embargo, en las últimas semanas la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha sembrado las dudas. La ministra ha retornado de sus vacaciones con las pilas recargadas… de rectificaciones.
En apenas 15 días, la número tres del Gobierno ha desautorizado a su secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, y a los ministros de Trabajo, Celestino Corbacho, y Fomento, José Blanco. Los recelos de Salgado hacia éste último no son nuevos.
A la vice el impuesto para ricos no le convence, a tenor de sus declaraciones, y hay que recordar que fue el responsable de obras públicas quien primero dejó caer la idea de subir los tributos «a los que más tienen» hace ya más de un año.
El poder de Blanco en el Ejecutivo de Zapatero crece como la espuma y durante todo el verano se ha erigido en la cabeza visible del Gobierno, en detrimento de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y de la propia Salgado. El dirigente socialista también tiene trabajo pendiente para el nuevo curso. El Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), que fue presentado a bombo y platillo por el jefe del Ejecutivo en abril, aún no ha licitado ninguna obra, aunque Blanco anunció el jueves ocho actuaciones para antes de fin de año.
El malestar en el sector de la construcción se ha calmado con los 700 millones de euros que Fomento ha reducido del recorte inicial, de 6.400 millones, pero han sido «insuficientes» para eliminarlo. El presi dente tiene pendiente una reunión con los grandes constructores, después de que hace dos semanas anulara un encuentro que él mismo había promovido.
LA REFORMA LABORAL
Pero el primer reto, porque el calendario así lo marca, será la reforma laboral. El 9 de septiembre el Congreso de los Diputados discutirá el texto definitivo, después de pasar por el Senado, donde salieron adelante algunas enmiendas que a buen seguro animarán el debate en la Cámara baja.
Con más de 4,6 millones de desempleados, la tasa de paro juvenil más elevada de Europa y miles de empresas que rozan la quiebra, la aprobación de una reforma laboral que dé respuesta a las deficiencias del sistema español se hace más imperiosa que nunca.
Todo apunta a que saldrá adelante en el primer mes del nuevo curso, a pesar de no tener el consenso de los grupos parlamentarios. Lo hará, además, con la reprobación de los sindicatos y sin el visto bueno de la CEOE.
El Gobierno siempre había defendido una reforma laboral consensuada en el marco del diálogo social, pero tras dos años de negociaciones la distancia entre trabajadores y empresarios se tornaba insalvable y el Ejecutivo se vio obligado a actuar unilateralmente.
HUELGA GENERAL
UGT y CC OO han convocado huelga general para el 29 de septiembre, la primera de la era Zapatero. Las críticas de las organizaciones sindicales contra la gestión del Gobierno se suceden cada día y el presidente sabe que tener en contra a los sindicatos es una rémora electoral que no se puede permitir.
Así, uno de los objetivos del Ejecutivo para los próximos meses es retomar el diálogo con las centrales y con la patronal. La reconciliación estará marcada igualmente por otra asignatura que a Zapatero se le ha atravesado: la reforma de las pensiones.
La ampliación de la edad de jubilación hasta los 67 años y el aumento del periodo de vida laboral para calcular las pensiones son dos de las cuestiones que más controversia generan. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ya ha planteado elevarlo hasta los 20 años, aunque Salgado salió el viernes al paso trataba de una «sugerencia» y no de una propuesta.
La Comisión del Pacto de Toledo tiene trabajo sobre la mesa y la vicepresidenta económica ya ha asegurado que no tomará ninguna decisión hasta recibir su informe. Esto podría demorarse hasta principios del próximo año. Entretanto el Ejecutivo tendrá que tomar otras decisiones importantes.
En los Presupuestos de 2010 suprimió el cheque-bebé de 2.500 euros y la deducción de 400 euros. En esta ocasión no ha eliminado la ayuda de 426 euros para los desempleados que no cobren prestación alguna, pero sí la ha limitado sustancialmente (han quedado excluidos los parados de entre 30 y 45 años que no tengan cargas familiares).
Así, habrá que esperar a la presentación de los PGE para ver de dónde pretende reducir gastos el Ejecutivo. Cada vez hay menos margen. Y lo mismo ocurre por la vía de los ingresos. Los bolsillos de los españoles están pagando las últimas subidas fiscales y el impuesto para ricos, según ha admitido Salgado, tendría un «escaso impacto» en las arcas públicas.
En el aire está la prolongación del Plan de Inversión Local, que en este ejercicio recibió una dotación de 5.000 millones para proyectos verdes e I+D+i. Como también lo está que el Ministerio de Industria mueva ficha y renueve los incentivos para la compra de automóviles.
El sector ya ha notado las consecuencias del fin del Plan 2000E y en julio las ventas cayeron un 42,5% (el incremento del IVA también tuvo su parte de culpa).
Dentro de las competencias del departamento que dirige Miguel Sebastián, está aún pendiente el Pacto Energético. Al comienzo del verano el ministro y el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, se sentaron con «la mejor disposición» para negociar un Pacto de Estado de Energía y acordaron congelar la tarifa de la luz en julio.
Sin embargo, las buenas intenciones iniciales pasaron a mejor vida rápidamente y dos meses después las negociaciones están paralizadas. En el sector financiero, los procesos abiertos -y otros que lo harán- de fusiones de cajas de ahorros irán tomando forma en los próximos meses.
Las empresas, sobre todo las pymes, siguen reclamando a las entidades que abran el grifo del crédito y aguardan a que los ayuntamientos y entes locales les paguen sus deudas. Ahí también tiene trabajo el Gobierno.
