El presidente del Congreso, José Bono, ha expresado ya en reiteradas ocasiones su queja a los grupos parlamentarios por la demora en la renovación de la mitad del Consejo de Administración de RTVE, que está pendiente desde el pasado mes de enero. La Cámara Baja es la encargada de nombrar a los nuevos consejeros a propuesta de los grupos parlamentarios y para que esto suceda es imprescindible un acuerdo entre PSOE y PP.
Según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias, Bono ha ido recordando en los últimos nueve meses en las reuniones de la Junta de Portavoces que está cuestión continuaba abierta y, como los grupos no proponían candidatos, el plazo para la renovación se ha ido ampliando sucesivamente.
Como a la vuelta del verano la renovación seguía sin desbloquearse, en las dos últimas reuniones con todos los portavoces Bono ha elevado el tono de su queja dejando patente que estaba harto de tener que prorrogar los plazos semana tras semana.
PRORROGA ‘SINE DIE’
En concreto, el pasado martes llegó a proponer que el plazo se ampliase durante un año entero, lo que algunos portavoces parlamentarios interpretaron como una prórroga ‘sine die’ hasta que haya acuerdo y a la que nadie se opuso.
El Congreso aprobó en junio de 2006 la nueva ley por la que RTVE pasó de ser un ente público a convertirse en una corporación estatal sometida a las leyes que regulan las sociedades anónimas. Esa norma establece que los consejeros tendrán un mandato de seis años sin posibilidad de repetir y que el Consejo se renovará parcialmente por mitades cada tres años.
Entonces se hizo un sorteo para determinar cuáles debían ser sustituidos en una primera fase, en enero de 2010. Los elegidos fueron: Mari Cruz Llamazares, propuesta por el PSOE; Jesús Andreu y Manuel Esteve, candidatos del PP, Francesc Bellmunt (ERC), Josep Manuel Silva (CiU), y Santos Miguel Ruesga, nombrado a instancias de UGT.
Todo ellos siguen todavía en sus puestos y los grupos parlamentarios aún no han llegado a acuerdo alguno sobre los nombres. De momento, sólo se conoce que UGT comunicó hace meses a la Cámara Baja que el sustituto de Ruesga será Juan Sánchez. La principal responsabilidad en este bloqueo corresponde a los dos grupos mayoritarios, ya que los consejeros deben tener el aval de dos tercios del Congreso.
En paralelo, PSOE y PP siguen sin llegar a un acuerdo para la renovación de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional que el Senado tiene pendiente desde hace casi tres años y en noviembre caduca el mandato de otros tres magistrados, elegidos por el Congreso. La Cámara Baja también debe nombrar una persona para cubrir la vacante que dejó Roberto García Calvo, fallecido en mayo de 2008.
TRIBUNAL DE CUENTAS
Las fuentes consultadas por Europa Press aseguran que, cuando llegue el momento, Bono activará el proceso para acometer estas renovaciones aunque, como en las demás, todo estará supeditado a la capacidad de PSOE y PP para pactar los nombres de los sustitutos.
En los próximos meses el Congreso debe designar también a seis de los doce miembros del Tribunal de Cuentas y lo mismo tendrá que hacer el Senado con la otra mitad.
A esto es añade que desde el pasado mes de junio la Defensora del Pueblo es María Luisa Cava de Llano que ascendió automáticamente en sustitución de Enrique Múgica porque PSOE y PP tampoco buscaron a otra persona para ocupar ese cargo.
