La Ley de Economía Sostenible (LES) se enfrentará este jueves a las cinco enmiendas de totalidad que han presentado PP, CiU, IU-ICV, BNG y UPyD, formaciones que rechazan el texto por considerarlo «claramente insuficiente» y «desfasado», por lo que consideran que se revela como una «oportunidad perdida» para el cambio de modelo, cinco meses después de su llegada al Congreso de los Diputados.
Al PSOE le basta con sus 169 escaños para superar a los 168 que suman los partidos que piden la devolución del texto en el debate del jueves, si bien necesitará recabar mayoría absoluta a lo largo del trámite parlamentario de la norma, ya que la LES viene acompañada de una ley complementaria que tiene carácter orgánico porque modifica la legislación relativa a la formación profesional, Educación y Poder Judicial.
En esa futura votación ni siquiera será suficiente el apoyo de los seis diputados del PNV, sino que el PSOE requerirá los dos votos de Coalición Canaria y, tal vez, el de UPN, aunque todavía confía en lograr acuerdos puntuales con CiU para garantizarse el éxito en un trámite que discurrirá en paralelo al de los Presupuestos Generales del Estado.
En el marco de la negociación de cara al jueves, cobra especial relevancia la presentación de enmiendas parciales a la LES, prevista para el martes a las ocho de la tarde, si bien el PNV quiere que el plazo se amplíe, al menos, hasta después del debate de totalidad.
Por ahora, los nacionalistas vascos insisten en que todavía no se han empezado a discutir con el PSOE los contenidos de la LES y que las conversaciones están centradas únicamente en las negociaciones para la búsqueda de un acuerdo presupuestario con especial incidencia en la transferencia de políticas de empleo, incluyendo la gestión de las bonificaciones a la contratación.
Sin embargo, admiten que esta norma, que llegó al Congreso en abril, casi un año después de que Zapatero la anunciase como ‘proyecto estrella’, puede convertirse en una pieza clave en el marco de la negociación que mantiene el PSOE, ya que sería el marco idóneo para formalizar los acuerdos que el PSOE pueda alcanzar con los nacionalistas vascos y canarios.
«CLARAMENTE INSUFICIENTE»
La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha justificado el rechazo a la Ley en que 16 meses después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la anunciara, va a quedar «degradada» a una mera ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2011, siendo una «tapadera» para la creación de nuevas figuras impositivas.
La dirigente ‘popular’ ha expresado su sorpresa por el hecho de que el Ejecutivo socialista aún no tenga «ni la más remota idea» acerca de lo que quiere hacer con los impuestos, o no lo anuncie, ante lo que el PP estará «muy atento».
CIU NO SE CIERRA A NEGOCIAR Y UPYD LA VE UN ENGAÑO
Por su parte, el portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, señaló que la Ley es «poco aceptable» porque sus buenas intenciones «nada tiene que ver con la realidad económica y parece querer evitar las reformas estructurales profundas» que requiere la economía española. No obstante, precisó que mantiene una «predisposición a negociar con el Gobierno que podría llevar su retirada. «Parece querer evitar las reformas estructurales profundas», dijo.
Desde UPyD se argumenta que la norma es «un engaño más» y una «oportunidad perdida para hacer frente a la crisis», pues carece de «ambición» y «proyecto propio» para España, y resulta «contraproducente» por desviar la atención de las «cuestiones importantes» debido a la obcecación del Gobierno.
IU e ICV también rechazan el texto porque consideran que la ley que suponer el «cambio radical» desde el punto de vista del crecimiento es la ley de la «renuncia», al no contener propuestas de ahorro y eficiencia. «Pese a su grandilocuente título y tras haber sido presentado como la pieza a partir de la cual cambiar el modelo de crecimiento, se parece más a una ley de acompañamiento, sin ningún planteamiento de calado y de cambio de modelo», denuncian las dos formaciones.
El BNG defiende que las políticas del Gobierno avanzan «en dirección contraria» al cambio de modelo y consideran el texto legal «decepcionante». «Se trata de un conjunto de medidas inconexas sin la ambición suficiente»», denuncian los nacionalistas gallegos.
